La declaración del estado de guerra por parte del presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) contra Marruecos llega después de que las tropas marroquíes dieran un paso más allá en la represión militar de los anhelos independientes de los habitantes del Sáhara Occidental.
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Pero en esta jugada lo que más pesa es la irresponsabilidad colonial del Estado español. Si hace 45 años, de forma vergonzosa e irresponsable, España sacó a sus militares, ciudadanos y hasta cadáveres de la zona y entregó el territorio con sus habitantes a Marruecos y Mauritania, hoy, legalmente, el estado español sigue siendo la potencia administradora del territorio y Naciones Unidas, piensa lo mismo y no se puede “renunciar” a esa condición hasta que se consuma el proceso de “descolonización”.
Hoy podemos escuchar el silencio atronador de quienes gobiernan este país, de los que siempre han mostrado su desprecio a la situación del pueblo saharaui, pero también de los que, hasta hace cuatro días estaban en la calle enarbolando sus siglas políticas junto a la bandera del Sáhara. Sus aparatos de comunicación, tan habituados al derroche de comunicados y trinos en redes, andan mudos ante el regreso a la guerra abierta. Un simple comunicado del Ministerio de Exteriores mostrando su apoyo ¡al secretario general de la ONU! no parece ser el papel de la potencia colonial.
España renunció a sus obligaciones hace 45 años y ha sido cómplice con el régimen alauí mientras posturea ante la comunidad internacional de una especie de “neutralidad” imposible cuando eres el generador del problema.
El Frente Polisario, que vuelve a la asimétrica guerra contra Marruecos, nació contra España en 1973 y lo hizo después de que el Estado español reprimiera con una brutal violencia a su antecesor: el Movimiento de Liberación de Saguia El Hamra y Río de Oro. En 1970, las tropas españolas (franquistas, por supuesto) mataron a 40 de sus militantes y desaparecieron de forma forzada a su líder. Poco después del nacimiento del Polisario, el rey marroquí organizó la Marcha Verde y la España del dictador agonizante prefirió poner en marcha la ‘Operación Golondrina’, para salir corriendo y abandonar a un pueblo al que debía un referéndum de autodeterminación.
El caso del Sáhara Occidental es una prueba más de que los escombros del franquismo siguen taponando las salidas democráticas y dignas para este país. El gobierno autodenominado como progresista se hace el loco y mientras, las única señales de solidaridad son las mismas que las sostenidas durante los últimos 45 años: las de la sociedad civil organizada.
La expulsión de 50 civiles saharauis que habían bloqueado la carretera desde el pasado 21 de octubre en protesta por los continuos retrasos en la celebración del referéndum sobre autodeterminación, acordado con la ONU 1991.
Tras la ratificación de estos acuerdos en 2001 por parte de la ONU, mostrando su “pleno apoyo” a la “celebración de un referéndum libre, justo e imparcial sobre la libre determinación del pueblo Sahara Occidental”, la realidad del referéndum está bien lejos en caso de que se lleve a cabo.
Desde 2007, ninguna nueva resolución de la ONU sobre el Sáhara Occidental hace ya mención a la autonomía ni el referéndum. Tampoco se ha conseguido que la Agencia para la Paz de la ONU haya evaluado las continuas violaciones de derechos humanos que comete Marruecos en el Sahara Occidental (o en el mismo Marruecos). Resulta bastante sospechoso que, de las 16 misiones de paz de la ONU, sólo la del Sahara Occidental, la Minurso, no tenga poderes para evaluar la falta de derechos humanos.
Otros Estados como el español, el resto de Europa y el mundo siguen cerrando los ojos e ignorando los derechos fundamentales del Pueblo Saharaui desde hace más de tres décadas.
