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Economistas neoliberales insisten: se avecinan grandes recortes en el derecho a la jubilación y las pensiones públicas

“La Seguridad Social es insolvente”, “el sistema público de pensiones es insostenible”…. Bajo estos o parecidos argumentos hace décadas que economistas afines al pensamiento económico neoliberal dominante, fieles a los intereses de los grandes poderes económicos, intentan convencernos de que las pensiones públicas actuales son insostenibles y, con la próxima jubilación de la generación del ‘baby boom’ de los años 60, agravada con las catastróficas consecuencias de la pandemia del covid-19, la bancarrota está asegurada, salvo que se aborden de inmediato y en profundidad reformas de calado.

Las medidas que proponen (ver el artículo que reproducimos) son las viejas recetas que se empezaron a aplicar en aquellos ya lejanos años 80 en que el gobierno de Felipe González recortó el derecho a la jubilación ampliando de 2 a 8 años el período de cálculo y provocando la primera huelga general desde la restauración de monarquía, convocada el 20 de junio de 1985. En las décadas siguientes sucesivas contrarreformas de las pensiones (las últimas en 2011 y 2013), alguna avalada por CCOO y UGT, han  profundizado en el mismo discurso y en las mismas medidas: retrasar la edad de jubilación (primero hasta los 67, ahora ya se habla de 70 años) y dificultar el acceso a la jubilación anticipada (retrasándola en el tiempo y penalizándola); ampliar el período de cálculo de la pensión (que ha pasado sucesivamente de 2 a 8 años, de 8 a 15, de 15 a 25 y ahora pretenden que sea contando toda la vida laboral); crecimiento de las pensiones por debajo del IPC (una conquista de la huelga general del 14-D de 1988 que fue anulada por Rajoy y repuesta por la movilización sostenida del activismo pensionista); promover los planes de pensiones privados (esos que llaman ‘complementarios’, mediante los cuales es el propio trabajador, a través de los fondos de pensiones de empresas -para satisfacción de CCOO, UGT , ELA y LAB que reciben sus buenos ingresos por participar en su gestión- o de planes individuales, debe ahorrar para ‘complementar’ su cada vez más raquítica pensión pública).

Las pensiones públicas son un apetitoso bocado para el capital bancario y las grandes aseguradoras, que son quienes realmente están detrás del pensamiento aparentemente neutral, experto y desinteresado que defiende ese discurso de la insostenibilidad.

Porque, como han mostrado algunos economistas críticos y reivindica el propio movimiento obrero a través de las Mareas Pensionistas y el Sindicalismo realmente de clase: ¿no habría que empezar por aumentar los ingresos suprimiendo, por ejemplo, las multimillonarias bonificaciones de las patronales por el mal llamado ‘fomento de empleo’ o eliminando los topes en las cotizaciones? ¿Acaso las pensiones públicas no pueden ser suficientes y dignas (ahora no lo son para más de la mitad de los perceptores) a cargo de los presupuestos del Estado si no basta con los ingresos de la Seguridad Social? ¿Un sistema fiscal justo y progresivo no lo haría posible? ¿No es, en realidad, un problema esencialmente político, de las prioridades de gasto que una sociedad establece y para la que moviliza una parte de los recursos que produce?

 

Habrá recorte de pensiones, mayor edad de jubilación y coto a la anticipada, según los economistas

Pepa Montero

Herce, Liébana, José Carlos Díez, Doménech y Tamames reclaman reformas que hagan solvente la Seguridad Social

José Antonio Herce: «No descarto que alguna extra de las pensiones no se pague»

Gay de Liébana: «Habrá recortes en pensiones, con tasa de sustitución del 70% y sin IPC»

José Carlos Díez: «Es muy probable que las pensiones se vuelvan a congelar»

Rafael Doménech: «Los pensionistas reciben de media un 30% más de lo que han cotizado»

Tamames: «La edad de jubilación subirá a 68-69 años y la tasa de sustitución de la pensión bajará»

Economistas, expertos en finanzas públicas, el Banco de España, la Autoridad Fiscal, los principales institutos de análisis como BBVA Research, el Instituto Santalucía o Fedea, coinciden en que el sistema público de pensiones español necesita una reforma urgente para asegurar su sostenibilidad, acabar con el déficit estructural y garantizar que haya pensiones suficientes y dignas para los jubilados actuales y para los futuros.

¿Cómo será esa  reforma? El consenso de los economistas entrevistados por 65Ymás apunta a que habrá congelación de pensiones el año próximo, y quizá hasta recortes en su importe si la crisis post-COVID es más dura de lo previsto, con el riesgo incluso de que «alguna extra de las pensiones no se pague», según advertía José Antonio Herce (@_Herce), miembro del Foro de Expertos del Instituto Santalucía (@santalucia_inst) en un webinar organizado por este periódico.

Igual de contundente es José María Gay de Liébana (@DeLiebanaCOPE), escritor, conferenciante y profesor de economía financiera en la Universidad de Barcelona, para quien el ajuste derivado de la crisis también afectará a las pensiones, y en los próximos años «significará computar toda la vida laboral, rebajar al menos al 70% la tasa de sustitución, y sin revalorización con el IPC». Además, situar la edad de jubilación en los 70 años «entra dentro de la más absoluta normalidad».

Este experto advierte sin ambages de que «la  Seguridad Social está ya en quiebra, tuvo patrimonio neto negativo en 2018 y 2019, según el Tribunal de Cuentas, pero como está dentro del Estado, éste le facilita los recursos para llegar a fin de mes. Pero aquí tenemos un estigma que habrá que arreglar, pues a la larga más gente se irá jubilando con sueldos más altos que derivan en jubilaciones más elevadas, y en cambio, los que trabajan tendrán sueldos más bajos», alerta Gay de Liébana

Previsible rebaja de la tasa de sustitución

Rafael Doménech (@rdomenechv), responsable de Análisis Económico de BBVA Research (@BBVAResearch), el servicio de estudios de BBVA, y catedrático de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad de Valencia, asegura que «el recorte de pensiones no es mi escenario central», pero evitarlo exige adoptar medidas, y señala la alta tasa de sustitución, «excesivamente elevada en relación con lo cotizado», como una fuente de insostenibilidad del sistema público.

Rafael Doménech.

En su entrevista con 65Ymás, Doménech recomienda transitar cuanto antes hacia un sistema de cuentas nocionales, y afirma que las pensiones que se pagan hoy en día son bastante generosas: «En valor presente, se recibe más del sistema de lo que se ha aportado, en media, algo más del 30%». El  analista jefe de BBVA Research tiene claro que la financiación europea no será ilimitada ni permanente. Se impone hacer reformas, entre ellas, la de las pensiones, sostiene.

El economista Ramón Tamames, catedrático de Estructura Económica de la Universidad Autónoma de Madrid y negociador de los Pactos de la Moncloa en 1977, sostiene que la tasa de sustitución española, que en estos momentos se sitúa en torno al 82% del último sueldo cobrado, va a disminuir, lo que implicará que la cuantía de las pensiones futuras será menor, si bien defiende que «esta tasa de reemplazo no debería descender por debajo del 70%».

Subir la edad de jubilación para contener el gasto

«La congelación de las pensiones la daría por hecha. Este año no va a haber inflación y por tanto el que viene no se van a revalorizar. Y respecto al futuro, hasta que se normalicen las cuentas y el déficit y la deuda públicos vayan hacia un escenario de sostenibilidad, el escenario más probable es que las pensiones se vuelvan a congelar», vaticina José Carlos Díez (@josecdiez), uno de los economistas más influyentes en las redes sociales, con su blog El Economista Observador y más de 100.000 seguidores en Twitter.

José Carlos Díez

«El sistema de pensiones en España no es sostenible como dice el ministro Escrivá», asegura Díez, para quien es urgente contener el gasto en pensiones, por ejemplo, acelerando la entrada en vigor de la jubilación a los 67 años y computando toda la vida laboral. “El déficit de la Seguridad Social puede superar los 40.000 millones de euros en 2021”, calcula.

Aumentar la edad para acceder a la jubilación contributiva es asimismo una de las propuestas de Ramón Tamames. En un reciente encuentro organizado por el Consejo General de Economistas, y a preguntas de 65Ymás, ha defendido que la edad obligatoria de jubilación deberá subir a los 68-69 años, algo lógico debido al incremento de la esperanza de vida al nacer (84 años), «que proporciona al menos 17 años de prórroga después del momento de la jubilación», y que somete a la Seguridad Social a fuertes tensiones de financiación.

Endurecer la jubilación anticipada

José María Gay de Liébana

«Limitar la jubilación anticipada es algo que desde Europa nos están exigiendo. Hemos de reestructurar quién se jubila, cómo y de qué manera, porque ahora vivimos más y mejor que años atrás, y por tanto decirle a una persona que se jubile a los 70 años entra dentro de la más absoluta normalidad», afirma el economista Gay de Liébana, quien considera que «no puede ser que una persona se jubile a los cincuenta y tantos años y se muera a los cien, porque se habrá pasado la mitad de su vida cobrando pensión, pero produciendo tan solo habrá estado unos 30 años». Si fuera ministro por un día, el economista indignado, como le han apodado los medios de comunicación, «propondría que quien no se quiera jubilar y siga trabajando, pues que no pague impuestos, o que pague un mínimo del 10%, sin necesidad de hacer declaración de la Renta por este concepto».

En un escenario de creciente gasto en pensiones, la jubilación anticipada parece condenada a ser cada vez más cara y restringida. Por ahí van los planes del ministro José Luis Escrivá, que ha anunciado un endurecimiento de requisitos y de coeficientes reductores. En este sentido, el economista experto en pensiones José Antonio Herce resalta que «es posible que la penalización del retiro anticipado voluntario aumente hasta el 9% por cada año que el trabajador adelante el momento de la jubilación».

¿Peligra la revalorización con el IPC?

José Antonio Herce.

En opinión de José Antonio Herce, «a lo mejor el año que viene no podemos actualizar las pensiones con el IPC, esto ya se ha hecho otros años cuando no ha habido recursos», como consecuencia del fuerte aumento del gasto público, del déficit y de la deuda de la Seguridad Social por el impacto del COVID-19. Del mismo modo, es posible que «haya que detener el crecimiento de una buena parte de las pensiones cuyos importes superan la media, para preservar las pensiones de quienes más lo necesitan. Las mínimas y no contributivas ni se pueden congelar ni bajar, ya que algunas son obscenamente bajas».

Por su parte, José Carlos Díez cree que «hay que intentar revalorizar al menos con el IPC las pensiones más bajas, sobre todo las inferiores al salario mínimo, por debajo de 900-950 euros, para evitar que se agrave su situación de desigualdad». Ahora bien, respecto a las pensiones más altas, «las máximas de 2.500 euros, podría plantearse su no revalorización en función del IPC». Pese al fuerte incremento del déficit y de la deuda públicos por la crisis del coronavirus, Díez no espera recortes de pensiones a corto plazo: «Tiene que haber una catástrofe para que veamos recortes en pensiones, pero sí pueden darse medidas como que la jubilación a los 67 años sea una realidad en 2023-2024, en vez de 2027 como está previsto».

Los planes de pensiones no funcionan 

José Antonio Herce le parece «un despropósito» la idea anunciada por el ministro José Luis Escrivá de retirar parte del beneficio fiscal de los planes de pensiones individuales para fomentar los planes empresariales. Habría colectivos que saldrían especialmente perjudicados, como los autónomos, que cuando se jubilan tienen una pensión mínima porque cotizan por el mínimo. «El 44% de los autónomos contrata planes de pensiones individuales; si se suprime el diferimiento fscal o las deducciones en la base de que disfrutan hoy los planes, saldrían muy perjudicados», asegura Herce.

La realidad es que el ahorro en planes de pensiones en España es prácticamente irrelevante, en comparación con los países europeos y Estados miembros de la OCDE, lo que hace que los pensionistas dependan casi exclusivamente de la pensión pública. A juicio del analista jefe de BBVA Research, Rafael Doménech, «hay poca inversión en planes complementarios porque la tasa de sustitución de la pensión pública de reparto es excesivamente elevada en relación con lo cotizado. Lo que hay que hacer es potenciar esos planes mediante un sistema de pensiones de capitalización complementario al de reparto (similar al NEST británico), de gestión pública en las aportaciones a una única cuenta de cada trabajador o trabajadora (al que irían realizando las aportaciones todas las empresas en las que trabajen)».

Para Doménech, «en el mundo al que vamos ya no tienen sentido los planes de empresas. Los trabajadores jóvenes posiblemente van a trabajar en varias o muchas empresas a lo largo de sus carreras laborales y no parece razonable que en cada una de ellas dejen un plan de pensiones».

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