La sección tercera de la Audiencia de Barcelona ha emitido sentencia condenatoria contra el jefe del Área de Recursos Operativos de Barcelona, Jordi Arasa. El inspector fue juzgado el pasado mes de febrero por el desalojo de la acampada del 15M el 27 de mayo de 2011 en la plaza Catalunya de Barcelona. Las tres juezas del tribunal le consideran culpable de dos delitos de lesiones y han acordado una pena de dos años y cuatro meses de prisión, la suspensión de sueldo y empleo y la inhabilitación profesional. Además, han acordado que la Generalitat de Catalunya tendrá que asumir las costas procesales. La sentencia puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo y, en última instancia, Arasa puede solicitar el indulto al Ministerio de Justicia.
Las tres sesiones de la vista oral se celebraron el 17, 18 y 27 de febrero de 2020 en el Palau de Justícia del passeig Lluís Companys de la capital catalana, casi nueve años después de los hechos. La causa arrancó a partir de una querella colectiva interpuesta por una cincuentena de personas y Arasa no fue imputado hasta el año 2013, en el que ha sido un proceso de dilatación constante “sin causa imputada en el acusado que lo justifique”, según recoge la propia sentencia. Jordi Arasa Viñas, agente con Tarjeta de Identificación Policial (TIP) 4.364, es un viejo conocido de los movimientos sociales de la capital catalana por la dureza de sus intervenciones.
La sentencia puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo y, en última instancia, Arasa puede solicitar el indulto al Ministerio de Justicia
El único juicio que se había celebrado hasta ahora por estos hechos fue en el que también se sentó en el banquillo de los acusados Arasa en noviembre de 2013. El mosso fue denunciado por el exdiputado de la CUP David Fernández —a quien aquel día propinó múltiples golpes de porra— y fue absuelto por el juzgado penal. Finalmente, la Audiencia de Barcelona resolvió favorablemente el recurso de la acusación y le condenó al pago de una pena-multa y una indemnización a la víctima de 225 y 200 euros, respectivamente. La resolución de este caso, donde los hechos punibles estaban asociados al número de placa y la identidad de Arasa, facilitó que cinco de los otros denunciantes siguieran adelante con las acusaciones contra el mismo policía que ahora han terminado en condena.
Fuente: El Salto
