Más de medio millón de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) causados por el coronavirus. Más de 4 millones de trabajadores y trabajadoras afectadas. Empresas con cuantiosos, que no han dudado ni un segundo en cargar en la mochila del Estado (o, dicho de otro modo, en la de todos y cada uno de los contribuyentes) las nóminas de sus empleados y empleadas.
Según el artículo 270.2 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en caso de ERTE, la prestación que recibirá el trabajador será del 70 % de la base reguladora, durante los primeros 180 días, y del 50 % a partir de ese momento. Esta base reguladora será la resultante de computar el promedio base de los últimos 180 días cotizados.
El decreto del Gobierno de España que flexibilizaba este “mecanismo de ajuste temporal de actividad para evitar despidos” –como se define en el propio texto normativo– entró en vigor el pasado 18 de marzo (aunque con efecto retroactivo hasta el momento en el que se dieron las circunstancias que provocan el ERTE por fuerza mayor, es decir, hasta el inicio del estado de alarma).
Con las especiales características implementadas por el Ejecutivo para los ERTE derivados de la covid-19, se exonera a la empresa del abono de la Seguridad Social, en el caso de tener 50 o menos trabajadores, y sólo pagan el 25 % si la plantilla es mayor, por lo que que es un saqueo de la Seguridad Social, que empresas con tantos beneficios se aproveche de las cotizaciones de los y las trabajadoras.
Cifras altamente preocupantes, que reflejan la realidad de millones de familias que tendrán que hacer virguerías para llegar a fin de mes, a pesar de que su trabajo diario ha supuesto pingües dividendos en las cuentas de los directivos que les pagan. Son las personas que están detrás de los ERTE. Las verdaderamente importantes.
Se da la opción a las empresas de compensar para que sus empleados puedan cobrar el 100 % del salario base. Algunas lo hacen, pero otras muchas no. Empresas con grandes beneficios en los últimos años, “se limitaron a pagar el salario convenido, al mismo tiempo que sus directivos se embolsaron primas por beneficios u objetivos, pero ahora que tienen falta de ingresos quieren que la factura la paguemos entre todos, pretendiendo socializar las pérdidas. Su actitud con los trabajadores está siendo mezquina.
Argumentan desde el Ejecutivo estatal que es complicado concretar cuántos ERTE se han presentado en España, ya que, si se trata de una empresa que esté implantada en más de una comunidad, la autoridad competente es el Ministerio de Trabajo, pero si sólo se circunscribe a una autonomía, lo será el ente decretado por cada Ejecutivo autónomo.
El artículo 17 del Real Decreto por el que se declaró el estado de alarma en España apunta que se adoptarán “las medidas necesarias para garantizar el suministro de energía eléctrica”. En el 18, se dice que “los operadores críticos de servicios esenciales previstos en la Ley 8/2011, de 28 de abril, por la que se establecen medidas para la protección de infraestructuras críticas, adoptarán las medidas necesarias para asegurar la prestación de los servicios esenciales que les son propios”. Sin embargo, grandes empresas con grandes beneficios han presentado un ERTE que afecta a una gran parte del personal.
