Valoración del informe “Comercio y exportación de armas en Euskadi” del GV:
PASO A PASO HACIA EL FINAL DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIO DE ARMAS DESDE EUSKADI:
ONGI ETORRI ERREFUXIATUAK, Noviembre 2019
Los colectivos firmantes mostramos nuestra disconformidad y escepticismo ante el informe
elaborado por Globernance para la Secretaría de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación
del Gobierno Vasco “Comercio y exportación de armas en Euskadi. El papel de las
instituciones vascas para la mejora de la transparencia, el control de exportaciones y el
cumplimiento del marco jurídico aplicable”
Dos son nuestras principales críticas al mencionado informe: a) La delimitación del ámbito de
estudio de este informe invisibiliza otros campos de acción de las administraciones vascas y
justifica su pasividad e inactividad en este ámbito del control de la actividad armamentística; b)
La incentivación económica y fiscal a cambio de la firma de un código ético por parte de las
empresas armamentísticas vascas es una propuesta contraproducente.
Conocedores de las pocas posibilidades de influir en los sistemas de sanciones de Naciones Unidas
y la UE, y en el marco jurídico estatal y en la Junta Interministerial, y sabedores de la falta de
competencia en materia de transporte marítimo y puertos, y comercio exterior y régimen de
producción y comercio de armas y explosivos por parte de las administraciones vascas, entendemos
que nuestras autoridades pueden hacer bastante más.
La complejidad del reparto competencial entre la Unión Europea, Estados y CCAA no puede servir
de excusa para derivar responsabilidades a los otros niveles gubernamentales. Desde otras
competencias propias y/o compartidas, como la acción exterior y cooperación al desarrollo, la
política industrial, la ordenación general de la economía… y otras normas regulatorias vascas
(Ley de Cooperación 1/2007; Ley 14/2007 o Carta de Justicia y Solidaridad) que subrayan la no
colaboración del Gobierno Vasco con las empresas armamentísticas, existe suficiente margen
para que se puedan establecer medidas, limitaciones e incentivos dirigidos a reducir y/o
extinguir la producción, financiación y comercio de armas desde Euskadi.
El informe que, en su presentación, se encuadró dentro del Marco de referencia para la Coherencia
de Políticas para el Desarrollo en el País Vasco (2016), Programa –Euskadi 2020- y el IV Plan
Director de la Cooperación para el Desarrollo (2018-2021) no hace mención explícita a ninguno de
esos documentos, ni a los objetivos o compromisos adquiridos por las administraciones vascas en
el ámbito de la coherencia de políticas. Supeditar la actuación de las administraciones vascas para
controlar la producción y exportación de armas a un régimen de “subvenciones o deducciones de
carácter fiscal a cambio de las que las empresas armamentísticas vascas incorporen en el marco
de su Responsabilidad Social Corporativa, un “Código de Conducta Marco” autoevaluativo es una
propuesta de acción muy limitada y poco ética. No deja de sorprendernos la invitación latente de
este informe a poder seguir “matando limpio” a cambio de buena conducta. Hay que abandonar
los esquemas de voluntariedad retórica, e insistir en que hay campo de actuación
competencial y regulatorio para articular políticas desde nuestras administraciones para ir
terminando progresivamente con la producción y exportación de armas desde Euskadi.
Los colectivos firmantes abogamos por las cláusulas de regulación de compra pública y
subvenciones como las vías fundamentales para este control. En concreto se propone: impedir
el acceso a ayudas y subvenciones de internacionalización empresarial y ayudas al comercio, y a
las delegaciones comerciales a terceros países promovidas por las administraciones vascas; la
exclusión de estas empresas de los concursos de compra pública; establecer un plan de máximos
para el cumplimiento de la legalidad vigente en materia de producción y comercio de armas; la
actuación proactiva del Gobierno Vasco en los espacios intergubernamentales que promueva la
limitación y control de la industria armamentística… Y la medida más importante, que todos los
incentivos y ayudas que se otorguen desde las administraciones, tienen que estar orientadas
a la reconversión de la actividad productiva de la industria militar vasca en industria civil.
Finalmente, el informe propone la creación de un Observatorio de carácter público de los derechos
humanos y el Derecho Humanitario que controle el efectivo cumplimiento del citado Código Marco.
Desde hace varios años, las organizaciones firmantes venimos proponiendo un Observatorio o
Centro vasco de Empresas y Derechos Humanos dedicado a la investigación, exigencia de
rendición de cuentas, recepción y trámite de violaciones de derechos por parte de las
empresas vascas, que incluso tuviera capacidad sancionadora.
En resumen, es necesario abrir el debate a la sociedad y al mundo empresarial para buscar
posicionamientos comunes que nos permitan avanzar en el control y la extinción de la producción y
comercio de armas por parte de las empresas vascas, facilitar su transición hacia actividades civiles,
y acabar con las actuales incoherencias de políticas de nuestras administraciones. En definitiva, no
se trata de discutir la validez o no de este informe, cuando ya tenemos la Ley Vasca 14/2007 de 28
de diciembre de Carta de Justicia y Solidaridad con los Países Empobrecidos, que en su
artículo 3.3 indica
“En sus políticas de promoción y apoyo a las empresas, el Gobierno Vasco no colaborará de
ninguna forma con aquellas personas físicas o jurídicas dedicadas a la producción,
comercialización y financiación de armas”
La cuestión es como ir al núcleo de la defensa de los derechos humanos, otorgando validez a esta
Ley de nuestro propio ordenamiento jurídico. Desde la sociedad civil organizada, simplemente
exigimos el cumplimiento de la Ley, o lo que es lo mismo, que el Gobierno Vasco y las
administraciones públicas no incumplan sistemáticamente estos preceptos, otorgando
subvenciones, ayudas y deducciones fiscales al sector armamentístico para su crecimiento. Con
voluntad política se puede poner las bases para poner fin a la producción y comercio de armas
desde Euskadi.