La deriva autoritaria del estado, que se enfrenta mediante el ejercicio de una brutal represión, tanto policial como judicial, al creciente malestar de la población, manifestada en el derecho a expresar su indignación ante la oleada de leyes, decretos etc., con los que el gobierno, recorta derechos laborales y sociales en beneficio de intereses privados y que están sumiendo a amplias capas de la población en una situación de escasez y miseria que nos transporta a la oscuridad y la injusticia de épocas pasadas.
Cuando la población manifiesta su oposición a este ataque a los derechos fundamentales y a los derechos humanos, el poder, se defiende con todo su aparato represivo, con sus cuerpos y fuerzas de seguridad, con todas las herramientas legales de su justicia, en un ejercicio de amedrentamiento y represión directa contra las personas, organizaciones y movimientos que ejercemos, de forma pacífica, nuestros derechos y libertades como son el derecho a la huelga, a la manifestación, a la libertad de expresión. Derechos que se ejercen, como medio de revertir la situación actual de desastre y miseria a las que las políticas neoliberales, implementadas desde la Troika y ejecutadas servilmente por el Gobierno del Estado, nos están llevando.
Derechos que como el de Huelga, está siendo demolido de manera encubierta desde el poder, mediante la represión y la criminalización de los piquetes informativos, las detenciones arbitrarias y las condenas ilegitimas y desproporcionadas, y que nos introducen en una espiral peligrosa, más propia de una dictadura, que de una democracia.
Esta situación de represión de las luchas obreras y sociales ocurre en un momento en el que la corrupción política y empresarial campa a sus anchas por todo el territorio, con más de 1500 imputad@s y cientos de condenad@s por delitos gravísimos contra la hacienda pública y el interés ciudadano, sin que haya entrado nadie en prisión.
La sentencias y peticiones de cárcel desproporcionadas a las y los activistas sociales por defender sus legítimos derechos demuestra el desequilibrio y la “doble vara de medir” que se emplea cuando se trata de juzgar a trabajador@s o a empresarios. Si un empresario comete el delito de impedir el derecho constitucional a la Huelga, amenazando con despidos o saltándose los servicios mínimos, o bien estableciéndolos abusivos, una vez demostrado y sentenciado el delito, se le sanciona con multas económicas y nunca con penas de cárcel.
Ante esta situación, la CGT, manifiesta su intención de seguir luchando en la defensa de los derechos de las y los trabajadores y trabajadoras, apoyando y defendiendo a todas las personas represaliadas por luchar por una sociedad más justa e igualitaria, junto con todas las organizaciones y colectivos que defienden sin miedo, la libertad de nuestro pueblo.
