Defendemos lo público, lo común y suficiente, frente a los planes y fondos de pensiones de empleo, de promoción pública y gestión privada.
Históricamente nuestro sistema Público de Pensiones, se define como no lucrativo, es decir de reparto. Textualmente en la Ley se dice: “prohibición terminante de actuar en el terreno de la Seguridad Social, obteniendo o buscando un lucro mercantil”.
El sistema de reparto se define como el modelo en que en un período (un año, por ejemplo), las cotizaciones de quien están en activo, sirven para pagar las pensiones o prestaciones de quienes se encuentran jubiladas o han generado derecho a alguna pensión.
El sistema de capitalización es aquel en que las pensiones de las personas no activas se financian mediante el capital acumulado de sus propias aportaciones a lo largo de toda la vida activa (capacidad de generar ahorro privado), más los intereses o rendimientos de dicho capital.
El actual sistema privado de pensiones del caso español (denominado complementario), encuentra su fuente normativa en el artículo 41 de la CE:
“Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos (es decir universal), que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres”.
El sistema público de reparto genera capacidad de redistribución de renta entre generaciones. Genera mecanismos de solidaridad en cuanto en tanto se establecen pensiones mínimas y prestaciones no contributivas. El funcionamiento de caja única introduce un factor esencial de redistribución de renta en el ámbito territorial y al ser un sistema contributivo, de
imputación directa, es decir, se cotiza directamente sobre la renta que se genera (excepción de aquellos vectores de rentas que están por encima de las bases máximas), es el factor progresivo que distribuye la riqueza que socialmente se produce.
¿Porqué ahora se quiere impulsar un sistema privado de pensiones y de capitalización?. La alternativa que se impone por parte de la Unión Europea (U€) a los estados miembros es una modificación de sus Sistemas de Seguridad Social para
adaptarlos a uno basado en tres pilares:
– el primero universal, público, obligatorio y de reparto que garantice prestaciones mínimas, es decir de supervivencia.
– un segundo pilar obligatorio, de capitalización y de gestión privada ligado a la negociación colectiva.
– el tercer pilar sería de capitalización, individual y voluntario, y como no, de gestión privada.
LOS PLANES DE PENSIONES DE EMPLEO, como segundo pilar obligatorio debilita el primero, el básico y suficiente, público y de reparto, y detraerá parte de las cotizaciones que debieran dedicarse al Sistema Público de Pensiones, al Fondo de Pensiones de Empleo de promoción pública y gestión privada.
El Gobierno de PSOE/UP, conjuntamente con los agentes sociales (CEOE, CEPYME, CC.OO y UGT), en el marco de la concertación social, llegaron al acuerdo de impulsar el desarrollo de los Planes de Pensiones de Empleo a través de la Negociación Colectiva Sectorial, promulgándose la Ley 12/2022, de 30 de junio, de regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, y del Real Decreto-ley 13/2022, de 26 de julio, por el que se establece un nuevo sistema de cotización para los trabajadores por cuenta propia o autónomos y se mejora la protección por cese de actividad..
La Negociación Colectiva sectorial, como herramienta político jurídica de imponer los Planes de Pensiones de Empleo y en consecuencia sistemas de capitalización, es decir, Fondos de Pensiones de gestión Privada.
Los sistemas complementarios tomen carta de naturaleza a través de los planes de pensiones de empresa o planes de empleo sectoriales, trabajadores por cuenta propia y/o autónomos y asociaciones y sociedades cooperativas y todas las AAPP y entidades mercantiles de derecho público, que confluirán en un engañoso fondo de pensiones de promoción pública pero gestionado por entidades privadas, la cuadratura del círculo, mezclar agua y aceite.
El vehículo para su impulso es la Negociación Colectiva sectorial, al cual tendrán que adherirse todas las empresas del sector a no ser que renuncien a tal adhesión por regirse por un Plan de Pensiones propio preexistente siempre que sus condiciones sean al menos iguales o superiores a las pactadas en el PPE.
1 Para un mejor conocimiento de los Planes y Fondos de Pensiones de capitalización ir al Boletín Jurídico Sindical 171 de CGT que encontrareis en la web de cgt en in-formacion
Serán Planes de Pensiones de aportación definida, tanto en la parte empresarial como en la del trabajador, con el límite financiero y de contribuciones a este sistema de previsión social de hasta 1.500 € por cada persona trabajadora, siendo incrementado hasta los 8.500 € en los supuestos siguientes:
1.o EN 8.500 EUROS ANUALES, SIEMPRE QUE TAL INCREMENTO PROVENGA DE CONTRIBUCIONES EMPRESARIALES, O DE APORTACIONES DEL TRABAJADOR AL MISMO INSTRUMENTO DE PREVISIÓN SOCIAL POR IMPORTE IGUAL O INFERIOR AL RESULTADO DE APLICAR A LA RESPECTIVA CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL EL COEFICIENTE QUE RESULTE DEL SIGUIENTE CUADRO:
COEFICIENTE
IGUAL O INFERIOR A 500 EUROS……… 2,5
ENTRE 500,01 Y 1.000 EUROS………….. 2
ENTRE 1.000,01 Y 1.500 EUROS. ……….1,5
MÁS DE 1.500 EUROS. ……………………1
Reducciones fiscales: hasta los 8.500€ tanto en el IRPF como en el Impuesto de Sociedades.
No se sabe aún si el dinero depositado contará con el aval del Estado, pero en el caso de quiebra de estos Fondos de Pensiones, ocurrirá que el Estado tendrá que rescatarlos con el dinero de todos y todas (recordemos el rescate financiero que se llevó por delante 60.000 millones de euros sustraídos de pensiones, educación, sanidad y dependencia).
Que la rentabilidad de los planes de pensiones, sean de la naturaleza que sean (individuales, colectivos-de empleo, asociativos), llevan tiempo siendo una ruina, eso es un detalle que carece de importancia cuando nos encontramos ante un negocio tan suculento.
Nos encontramos ante un cambio radical de modelo: pasamos de garantizar un sistema público de pensiones como un derecho de ciudadanía a negociar con un producto más del mercado. Mercantilizando derechos se consigue que estos cambien de naturaleza y dejen de ser tales, se privaticen. Una campaña francesa de apoyo a lo público lo define en una sola frase: “Cuando todo sea privado, estaremos privados de todo”.
Llevan lustros cuestionando la sostenibilidad del sistema público de pensiones y cuando el sentido común demanda que para asegurar su viabilidad la solución pasa por conseguir más recursos, se opta, por lo contrario, aumentar las cuotas, pero no para mejorar el sistema público si no para privatizarlo.
Restar recursos al sistema público para alimentar el denominado segundo pilar del sistema: los planes y fondos de empleo.
Acudiendo a esta lógica inhumana, insolidaria y criminal concluiremos que los planes de pensiones alcanzarán un mayor beneficio a costa de degradar las condiciones laborales, sociales o medioambientales de personas y lugares que se encuentran a miles de kilómetros, que no se vea, que no salpique.
Estos productos son también expertos en eludir obligaciones fiscales, son enemigos del bien común y fieles amantes de atesorar cada vez más recursos en menos manos, solo una de esas empresas, BlackRock, supera en casi seis veces el PIB español. Planes de pensiones y reparto de la riqueza son conceptos antagónicos. Se quiere alejar del ámbito político el tema de las pensiones públicas como si se tratara de algo meramente técnico, de una herramienta de un solo uso, y para ello se muestra un consenso parlamentario, el cual, con una gran dosis de cara dura, se quiere imponer a la sociedad: esto ya no hace falta votarlo, las pensiones son así y no pueden ser de otra manera.
Quienes a ello nos conducen no creen en lo público, Si creyeran en el sistema público de pensiones el camino solo puede
pasar por conseguir sumar más recursos al mismo. Ya existe, si se quiere, la posibilidad de potenciar la suscripción de convenios especiales con la propia seguridad social con el fin de aportar recursos a la caja única, sin intermediarios, ni comisiones, pero entonces no habría negocio, seguirían fuera del mercado y no es esto lo que buscan.
En el estado español, desde la década de los 90 del siglo pasado, los políticos de cualquier color político y los “agentes sociales”, especialmente los sindicatos institucionales, han pactado la ruptura con lo público y han ido entregando al
“negocio privado” todos los comunes: educación, sanidad, vivienda y ahora, los sistemas públicos de pensiones.
La CGT no negocia Planes de Pensiones de promoción Pública y gestión Privada, ni en los mercados privados ni en las Administraciones Públicas.
Defendamos en la Negociación Colectiva nuestro Sistema Público de Seguridad Social de Reparto y Solidario, con incrementos directos sobre los salarios que a la vez repercuten en las cotizaciones a la Caja Común de la Seguridad Social.
NO A LOS PLANES DE PENSIONES DE CAPITALIZACIÓN
Gabinete Confederal de Estudios y Formación
