El Movimiento de pensionistas tras la aprobación del Gobierno, el martes día 28 del decreto ley de reforma laboral, tras el acuerdo con la CEOE y los sindicatos CCOO y UGT, considera que esta reforma tiene algunos elementos de interés, como la disposición a reducir la temporalidad y que se garantiza la ultraactividad de los convenios, pero no se ha conseguido que se derogue totalmente la reforma laboral de Rajoy de 2012.
Es más, se mantienen elementos centrales de la misma. Permanece la capacidad de los empresarios para imponer unilateralmente medidas de movilidad interna y externa, modificar las condiciones de trabajo a turnos, jornadas y horarios flexibles para adaptarlas a sus cargas productivas. Todo ello les permitió suprimir la necesidad de la autorización administrativa en los despidos colectivos y abaratarlos. Se jacta de haber creado empleo, pero un empleo totalmente frágil, muy precario, con bajos salarios y despidos baratos. Las indemnizaciones por despido procedente pasaron de 45 días por año a 33 días, y limitaron la cantidad de cobro a percibir de un máximo de 42 mensualidades a 24, y los despidos objetivos de 33 días a 20 días trabajados con un máximo de cobro de 12 mensualidades.
Por otro lado, los despidos improcedentes no obligaban a las empresas a readmitir a las trabajadoras y a los trabajadores, con lo que la práctica totalidad de ellos se iban a la calle y al paro.
Y sobre todo hay un problema de gran calado para los sindicatos y las y los trabajadores vascos ‒y de cualquier otra autonomía‒ como es el hecho de que los convenios estatales siguen teniendo prevalencia frente a los autonómicos y provinciales. Es decir, legalmente, ningún convenio sectorial provincial o autonómico prevalece sobre los estatales.
Por el momento el Gobierno no cuenta con la mayoría parlamentaria para garantizarse la aprobación del decreto de reforma laboral y la CEOE ha hecho público que como se cambie una “coma” del mismo durante el trámite parlamentario, se desdice de ese acuerdo y no volverá a reunirse con el gobierno y CCOO y UGT.
Se trata de un chantaje para mantener ese acuerdo tal como está, pues se encuentra satisfecha con lo que ha conseguido mantener para sus intereses. Lo preocupante de esta situación es que el gobierno de coalición PSOE y Unidas Podemos, podría mejorar substancialmente ese proyecto de reforma laboral, incluso haber puesto en marcha uno mucho más progresista y radical en favor de los trabajadores y las trabajadoras, negociando y apoyándose en las fuerzas soberanistas de izquierda y otras fuerzas progresistas que le permitían contar con la mayoría del Congreso para llevarla adelante.
De este modo la patronal de la Comunidad Autónoma Vasca y de la Comunidad Foral Navarra, puede legalmente imponer convenios de índole estatal que estén por debajo de convenios con mejores condiciones en Hego Euskal Herria. Y lo que es peor, los sindicatos CCOO y UGT, que no son mayoritarios en la CAV, se permiten firmar convenios estatales en contra de los intereses de las y los trabajadores vascos. No son pocos los casos, en que convenios firmados aquí por los sindicatos mayoritarios vascos, han sido ninguneados y sustituidos por otros peores a escala estatal.
No es casual que Antonio Garamendi, empresario vizcaíno y presidente de la CEOE, se haya puesto de uñas ante esta demanda, señalando que “rompe la unidad de mercado del Estado español” porque lo que le interesa es que aquí, en nuestro país, las condiciones laborales sean homologadas a la baja con el conjunto del resto del Estado.
