Los riesgos sociales asumidos colectivamente, por estado de bienestar, en esta época de capitalismo ultraliberal, se quiere que sean ahora responsabilidad del individuo. Esta nueva técnica gubernamental, está destinada a crear condiciones, a través de incentivos económicos y fiscales, para orientar a las personas trabajadoras hacia el sector privado. En lugar de prestar servicios (pensiones, sanidad, educación, ..) se distribuye dinero.
Lo anterior supone la reconfiguración del Estado y sus funciones, donde el Estado solamente organizará y administrará prestaciones mínimas, es decir garantizará una cobertura mínima de riegos, porque el resto debe adquirirse en el mercado de las aseguradoras. Las personas con trabajos precarios o que no puedan acceder al mercado aboral por discapacidad, dispondrán de un mínimo.
Para ello el Estado está subfinanciando los servicios dejando que se degraden para introducir en su lugar incentivos fiscales o fondos de ayuda para dirigir a las personas trabajadoras a adquirir esos servicios. Para lo cual tanto el Estado como el capital necesita la colaboración de los sindicatos institucionales.
En esta línea, en la reforma de las pensiones, el actual “gobierno progresista” está negociando con los agentes sociales, CC.OO., UGT, CEOE, CEPYME, un fondo de pensiones de titularidad pública y de gestión privada, que mejore la cobertura de los llamados “planes de empleo”, que son los sistemas de ahorro y previsión que trabajadores y empresas pactan en los convenios colectivos, con el fin de ampliar su uso y de abrirlos a colectivos que en la práctica no tienen acceso a ellos, como los empleados de pymes y los autónomos.
La principal diferencia de los planes individuales o privados con los de empleo o empresa, que tienen poco más de dos millones de usuarios, y con los asociados, que son los que gestionan algunos sindicatos y entidades sociales y que suman menos de 60.000 afiliados, consiste en que estos últimos siguen vinculados a la jubilación y solo se pueden comenzar a recibir prestaciones con el retiro.
El proyecto sí contempla que los planes de pensiones colectivos en funcionamiento puedan ser trasladados de los bancos y las aseguradoras que ahora los gestionan al nuevo fondo público, y también que un autónomo o una pyme que tengan vinculación con una empresa con plan de pensiones puedan participar en él siempre que cuente con el visto bueno de esta.
Por la información que ha trascendido, las comisiones a aplicar a quienes tengan su plan de pensiones en el fondo estatal serán como máximo una tercera parte de las que aplica la banca comercial por gestionarlas (0,85% para renta fija, 1,3% para renta mixta y 1,5% para variable) y por mantener los depósitos (0,2%), Eso las situaría en los entornos del 0,4% y del 0,07%.
Quienes realicen aportaciones a planes de pensiones colectivos podrán deducirse en la declaración del IRPF los primeros 8.500 euros, según contempla el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, que plantea elevar esa cifra en 500 euros desde los 8.000 actuales como medio para incentivar su uso. Actualmente los planes de pensiones tienen un beneficio fiscal de 1.643 millones de euros anuales ( sin contar con los beneficios de Euskadi y Nafarroa) calificados como regresivos por La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF)
El borrador que se conoció este martes plantea varios escalones de control, con una Comisión Promotora y de Seguimiento integrada por cinco funcionarios y con una Comisión de Control formada por cuatro representantes de los sindicatos (así premia el gobierno a los sindicatos amarillos) otros tantos de las patronales y nueve de la Administración cuya remuneración dependerá de los resultados que vaya obteniendo el fondo.
Las entidades financieras y las compañías aseguradoras que resulten adjudicatarias de la gestión tendrán un margen de maniobra amplio para manejar los fondos procedentes de partícipes jóvenes pero estarán obligadas a mantener estrategias conservadoras cuando la edad de estos se acerque a la de jubilación.
