El Tribunal de Cuentas es “el órgano responsable del fiscalizar al sector público español, incluidas las cuentas de los partidos políticos”, es un tribunal político que en los últimos 24 años ha estado gestionado por la mayoría de miembros del PP y controlado por este partido desde hace 15 años. Está integrado por 12 consejeros con mandato ilimitado, dentro de la composición hay exministros del Gobierno de Aznar, como Margarita Mariscal de Gante, ministra de Justicia con Aznar, Manuel Aznar, hermano del ex presidente del Gobierno, y Ramón Álvarez de Miranda, exdiputado de UCD.
El temor a perder el mando del Tribunal de Cuentas es una de las razones que han llevado a Pablo Casado a negarse a llegar a cualquier tipo de acuerdo con Pedro Sánchez para renovar la cúpula de la institución, los actuales miembros fueron elegidos en julio de 2012 y quedan pocos meses para que concluya su mandato. el Tribunal de Cuentas regulado en el artículo 136 de la Constitución del 78.
Su política de personal, con recientes condenas del Tribunal Supremo por desviación de poder y arbitrariedad en nombramientos por libre designación, de un funcionariado dependiente del mismo de 700 personas, los lazos de parentesco alcanzan a un centenar de empleados, con sueldos un 30% superiores a la media del sector público.
Si dentro de las funciones del Tribunal de Cuentas está la de fiscalizar la actividad económica y financiera de los partidos políticos, resulta que ha sido incapaz de revelar la increíble corrupción que ha tenido el PP, ya que al PP no se le investiga o se le archivan las causas.
Así, el PP ha sido sentenciado por el Tribunal Supremo por lucrarse con la trama Gürtel, asunto Matas-PP Balear, los dos últimos gobiernos de PP (desde 2011) y el caso Emarsa-PP de Valencia, el caso Bárcenas-caja B del PP, caso Blesa-Rodrigo Rato, Operación Púnica-cúpula PP de Madrid, presunta financiación ilegal en campañas del PP, el caso de la corrupción en el Canal Isabel II, el caso Lezo, con la detención del ex presidente autonómico madrileño González e investigados como el ex ministro Zaplana o Villar Mir,……, Incluso, Transparencia Internacional nombró al Partido Popular como el partido político más corrupto de Europa, con más de 800 implicados.
Frente a todos estos casos de corrupción, con un impacto muy tóxico para las arcas públicas, estimado en más de 80.000 millones de euros al año, (48.000 millones en sobreprecios en la contratación pública), el Tribunal de Cuentas hasta la fecha no se ha enterado de esta enorme corrupción, siendo suya la responsabilidad y el control supremo y externo de los ingresos y gastos de todo el sector público, estatal, autonómico, local, fundacional, de las empresas públicas, organismos autónomos, entidades gestoras de la Seguridad Social, partidos políticos y de las subvenciones.
Ahora bien, el Tribunal de Cuentas se utiliza para represaliar a adversarios políticos, como en el caso del independentismo catalán donde ha acordado mantener la fianza de 5,4 millones de euros que reclama a 34 excargos del Govern de la Generalitat de Catalunya en concepto de responsabilidad contable por el presunto uso irregular de fondos para las denominadas ’embajadas catalanas’ y para el Consejo de la Diplomacia Pública de Catalunya, conocido como Diplocat, sin que haya mediado juicio por lo que no se respeta la presunción de inocencia.
