Inicio Laboral Contra la convalidación del “Icetazo”, en defensa de los servicios públicos

Contra la convalidación del “Icetazo”, en defensa de los servicios públicos

por CGT-LKN EuskaL Herria

LOS SINDICATOS, NÚCLEOS Y SECCIONES SINDICALES DEL SECTOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CGT que suscribimos EL PRESENTE COMUNICADO:

Nos oponemos, rotundamente, tanto al reciente  Real Decreto-ley de medidas urgentes para reducir la temporalidad en las administraciones públicas  – ” Icetazo” – como el “Acuerdo sobre el Plan de choque …”  firmado un día antes en el seno de la Mesa general de Negociación de las Administraciones Públicas, con el bloque de los sindicatos institucionalizados (CCOO, UGT, CSIF) , con este lobby sindical empeñado en reeditar los vergonzosos ” acuerdazos”  de 2017 y en 2018 con en Montoro-PP, ahora en la versión Iceta -PSOE. 

El reciente cese del Ministro responsable de dicho “decretazo”, Miquel Iceta, y la transferencia de la competencia de Función Pública a la titular del Ministerio de Hacienda, María Jesús Montero, no altera en absoluto las consideraciones que exponemos a continuación .

El colectivo de los trabajadores y trabajadoras precarizadas de la Administración Pública, el personal interino y temporal en abuso de contratación ve frustrada, de momento, con la aprobación del ” Icetazo “, su lucha por la estabilidad, por trabajo digno, y por la defensa de unos servicios públicos cada vez más dañados por los que no creen en los mismos, por los que los utilizan con aspiraciones espurias o directamente por quienes los saquean para sosegar el anhelo mercantilista del Capital.

El traicionero y estival Real Decreto-ley fracasa en sus propósitos iniciales:

NO precauciones PAS nuevos abusos de contratación,  dado que sus negligentes advertencias a las administraciones públicas sólo contribuirán a una mayor volatilidad y rotación del empleo temporal, en el abandono de determinados servicios públicos o finalmente a la externalización-privatización de los mismos .

NO SANCIONA PAS las Administraciones ni sus alto funcionarios,  responsables de las mayores tasas de precariedad laboral conocidas en el sector público, superiores a las del sector privado.

Atenta CONTRA LA LUCHA Y LAS ASPIRACIONES  de cientos de miles de trabajadores y trabajadoras temporales, la mayor parte con edad de difícil acceso al mercado laboral y en su gran mayoría mujeres. Condena a quienes fueron abusados en procesos selectivos abiertos y de resultado incierto, descargando completamente la responsabilidad del abuso sobre los propios trabajadores y trabajadoras abusadas, y no sobre sus empleadores.

Este “decretazo” no parece haber sido afectado ni por las Directivas ni por la jurisprudencia de la  Unión Europea  las que, entre otros aspectos, rechazan explícitamente la indemnización por extinción del contrato o los llamados  procesos de estabilización  como medidas adecuadas para sancionar y prevenir el abuso de contratación.

Tanto el acuerdo previo como el Real Decreto-ley son ajenos a otras soluciones que se han puesto sobre la mesa por parte de políticos, sindicatos, asociaciones y colectivos de interinos y temporales en los últimos años. Años de lucha con la sonora ausencia, la gran mayoría de las administraciones, los sindicatos firmantes. Resulta totalmente alarmante que las únicas indemnizaciones que finalmente se reconocen sean las equivalentes un  despido por causas objetivas  en el ámbito laboral y se suelte con menos de un salario anual a quienes llevan, en algunos casos, decenas de años dedicados con solvencia al servicio público.

Ni la  sanción de fijeza , ni la conversión a  indefinido a extinguir , ni siquiera un procedimiento de acceso restringido , tal como han sugerido varias sentencias europeas o como prevé el propio TREBEP, en su artículo 61.6, u otras fórmulas en las que la experiencia acumulada a la administración convocante sea  realmente  valorada como elemento definitorio del proceso, nada de esto ha sido considerado por estos liquidadores de lo público, por estos cómplices del poder dedicados plenamente a los eufemismos de  la externalización y la col colaboración público-privada .

Si este  Acuerdo-Decreto  es un engaño para la Unión Europea, o si son los tribunales de esta Organización al servicio de las grandes corporaciones quienes alimentan esperanzas sin efecto entre la clase trabajadora precarizada de nuestro país, esto lo iremos viendo con el transcurso de los años. De momento, lo que se vislumbra aquí es un proceso continuado de acumulación mediante el saqueo de lo público, como ya vimos años atrás en relación a las grandes empresas públicas, y como en un futuro inmediato vamos a sufrir con el recorte de las rentas diferidas en pensiones.

Desde nuestra responsabilidad obrera y sindical exigimos sanciones para quienes han sido responsables del fraude continuado en la contratación temporal y  reclamamos una reforma del TREBEP que estabilice los trabajadores y trabajadoras  que han desarrollado un trabajo diario con dedicación, mérito y capacidad durante tantos años . Exigimos que las plazas susceptibles de ser ocupadas en abuso de temporalidad queden al margen de cualquier proceso selectivo de acceso libre  mientras no se determine la sanción y la justa compensación del abuso.

Los Sindicatos, Núcleos y Secciones Sindicales de CGT que suscribimos el presente comunicado llamamos a la organización y movilización de todos los trabajadores y trabajadoras agredidas por este nuevo  “acuerdazo” , pero también lo hacemos los que ostentan la titularidad de una plaza fija, por cuanto el desperdicio de toda la experiencia perdida por cese de sus compañeros y compañeras no será sino el anuncio de su precariedad laboral en el futuro.

NO A LA CONVALIDACIÓN DEL “ICETAZO” !, ¡POR LA DEFENSA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD Y GESTIÓN DIRECTA!

Diputación de Lleida, Ayuntamiento de Miranda de Ebro, Diputación General de Aragón, y ATE Xunta de Galicia. También lo suscriben los Sindicatos y Núcleos de Administración Pública de la CGT de Valencia, Alicante, Granada, Castellón, Sallent, Anoia, Sevilla, Tenerife, Zaragoza, Ourense, y León.

13 de julio de 2021

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