Ante la omisión gubernamental, de sindicatos y partidos políticos, una conocida Asociación de consumidores llama a la movilización en contra del «tarifazo» y por la creación de una Empresa Pública de Energía
Extraños tiempos los que nos ha tocado vivir, cuando son las Asociaciones de Consumidores las que tienen que sustituir a los Partidos políticos y Sindicatos en las movilizaciones sociales en contra de quienes abusivamente detentan el poder económico en este país. La conocida Asociación «FACUA-Consumidores en Acción» ha convocado para el próximo jueves 15 de julio, concentraciones en todo el Estado español en contra del «tarifazo», así como por la creación de una Empresa Pública de Energía, que haga frente al oligopolio eléctrico que domina ese sector en España.
Extraña época la que nos ha tocado vivir en la que la clamorosa ausencia cómplice de sindicatos y de partidos de izquierda sea una conocida asociación de defensa de los consumidores llamar a la movilización ciudadana no sólo en contra del llamado «tarifazo eléctrico», sino también por la inmediata creación de una empresa pública que pueda hacerle frente a los desmanes de un oligopolio energético al que instituciones, partidos y sindicatos parecen tenerle terror.
Ha tenido que ser «FACUA-Consumidores en Acción», la que ante la ausencia de organizaciones políticas y sindicales que tendrían que tener entre sus cometidos la defensa de los intereses de los ciudadanos, la que se ha decidido a abanderar una convocatoria de movilización a nivel de todo el Estado, para el próximo día 15 de julio, (o sea, el jueves de la próxima semana)
En el momento en que redactamos esta información, no tenemos noticia de que ningún Sindicato o Partido político se haya sumado a esta convocatoria o que, por su cuenta, se hayan decidido a convocar otra.
«FACUA-Consumidores en Acción», pues, llama a todos los consumidores a sumarse a la protesta en contra de la brutal subida del precio de la luz. La movilización social tendrá lugar en diferentes puntos de todo el Estado español, tal y como se indica al final de esta información.
A través de esta movilización, que como decimos pretende tener dimensión estatal, esta Asociación de consumidores demanda del gobierno -de este y de los futuros- la implementación de una serie de medidas que permitan la protección de los derechos de los usuarios frente a los abusos de las poderosas y oligopólicas empresas del sector eléctrico que campan por sus respetos, sin que ni gobiernos, ni partidos políticos o sindicatos sean capaces de decirles hasta aquí hemos llegado.
«FACUA-Consumidores en Acción» ha ha hecho público, igualmente, un manifiesto en el que entre otros aspectos, se reivindica la creación de una Empresa Pública de Energía que haga frente al vandalismo protagonizado por las empresas privadas del sector.
Asimismo, en Manifiesto citado se reclama la inmediata creación de una «tarifa social» que permita que las familias cuyos ingresos no superen dos salarios mínimos, así como los mayores de 65 años, puedan acogerse a una reducción de al menos el 50% de la tarifa.
Del citado Manifiesto hemos recogido aquí algunos de los puntos que nos han parecido más relevantes.
MANIFIESTO CONTRA EL «TARIFAZO ELÉCTRICO».
Hacer frente a la pobreza energética de una manera eficaz y garantizar el acceso al suministro eléctrico a unos precios razonables debe ser prioritario para este Gobierno y una obligación de servicio público para las empresas eléctricas. La luz es esencial para el desarrollo de una vida digna y no puede seguir siendo una mercancía más, sujeta a los movimientos especulativos de los mercados.
Para evitar los abusos en el sector eléctrico y garantizar la accesibilidad a un suministro básico reivindicamos:
- Fin a los abusos tarifarios. Reforma del sistema de fijación de precios en el mercado mayorista, de manera que determinadas tecnologías de generación eléctrica salgan de la subasta diaria y se sometan a un sistema de precios máximos fijados por el Gobierno.
- Creación de una tarifa social. Puesta en marcha de un nuevo bono social que represente un descuento de al menos el 50% de la factura y al que puedan acogerse las familias cuyos ingresos no superen 2 salarios mínimos, que se elevarían hasta 3 en función del número de hijos, discapacitados, dependientes o mayores de 65
- Coordinación entre Gobierno, comunidades y ayuntamientos. Articulación de un procedimiento coordinado mediante el cual, a los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital, rentas mínimas de inserción de las comunidades autónomas y beneficiarios de ayudas y prestaciones sociales del ámbito local se les incorpore, en el procedimiento y resolución de concesión, la garantía de acceso a suministros básicos como la luz.
- Bajada del IVA con carácter permanente. El impuesto no puede volver a ser del 21%. La disminución de ingresos para las arcas del Estado debe compensarse con una reforma de los impuestos sobre la renta, patrimonio y sociedades para que paguen más quienes tienen mayores recursos.
- Empresa pública de energía.Recuperación para el Estado de las concesiones de centrales hidroeléctricas que caduquen para integrarlas en una empresa pública de energía, de manera que con ella puedan fijarse precios justos que contribuyan a reducir la factura de la luz.
- Prohibición de cortes de suministro por razones económicas a los consumidores vulnerables. Las eléctricas deberán dirigirse a la administración para comprobar la situación de las familias que no abonen sus recibos. Si sufren vulnerabilidad económica, no podrán cortarles el suministro y el coste será asumido por las compañías.
- Auditoría al sistema eléctrico. Análisis de los costes del sistema desde la puesta en marcha de la liberalización del sector para determinar si las eléctricas inflaron los precios y, con ellos, el déficit de tarifa que llevamos años devolviéndoles. Reembolso de los 3.500 millones de euros que cobraron indebidamente en conceptos de Costes de Transición a la Competencia (CTCs).
PUNTOS EN LOS QUE TENDRÁN LUGAR LAS CONCENTRACIONES:
