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Convocada por la plataforma en defensa del Tren Santander-Bilbao, varios cientos de personas se han concentrado en primer lugar, frente a la estación de la Concordia de esta línea en Bilbao, exigiendo medidas urgentes y eficaces para un transporte público, social y sostenible de calidad.
Posteriormente se han manifestado a lo largo de la Gran Vía Bilbaína, con paradas en la Diputación de Bizkaia y en la sede del Gobierno Vasco, reclamando tanto a estas instituciones, como a las del Gobierno del Estado, un plan específico para incrementar la frecuencia, así como las inversiones en mejora y mantenimiento de esta línea en telecomunicaciones, señalización, supresión de pasos a nivel, electrificación, vía, trazados, estaciones, trenes, accesibilidad al tren para las personas con movilidad reducida, adaptación de los trenes para el transporte de bicicletas, etc.
Consideran que la paupérrima oferta de horarios existentes anterior a la pandemia se ha visto todavía más afectada con la excusa del COVID-19, hasta llegar a un único tren diario, solo de ida. A la reducción de las frecuencias de tren hay que añadir el pésimo estado de conservación de las vías, con una alarmante falta de inversiones, supliendo las obras con señales de limitación de velocidad.
La falta de dos tramos para finalizar la electrificación de la vía que quedó incompleta, obliga a mantener las locomotoras a gasoil, lo que conlleva un mayor coste y contaminación. Así mismo, la falta de personal provoca constantes retrasos, transbordos, falta de mantenimiento, falta de información, etc., redundando todo ello negativamente en el servicio y siendo la ciudadanía la perjudicada por tal situación.
Tanto los Ayuntamientos afectados y multitud de personas se han dirigido en numerosas ocasiones a los responsables de Renfe y Adif, incluso con mociones aprobadas por ayuntamientos como el de Karrantza (una en 2014 y otra en 2016), en las que se denunciaba la situación relatada y se exigían medidas inmediatas. Dichas mociones se enviaron igualmente a los responsables de transportes de Diputación y Gobierno Vasco, solicitando su intermediación pese a no ser competencia propia.
Además, se han mantenido encuentros con todos ellos para abordar este problema, sin que, hasta la fecha, se haya dado ninguna solución. El hartazgo en la población de estos municipios es general. No se puede ofrecer un servicio de transporte público tan malo, incluso peor que el de hace unos años, en una zona ya de por sí castigada por la falta de infraestructuras y con accesos por carretera también en pésimas condiciones.
