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Con ocasión del Día Internacional Contra el Abuso y Maltrato a la Vejez, en el día de hoy, martes, 15 de Junio, se han llevado a cabo diversas iniciativas en Donostia y Bilbao entre el movimiento de pensionistas y las asociaciones de familiares de usuarios/as de residencias (Gipuzkoako Senideak e Irauli Zaintza de Gipuzkoa y Babestu de Bizkaia) para denunciar los problemas de falta de atención, cuidados y respeto a las personas mayores por parte de las instituciones.
En Donostia se ha realizado una concentración, a las 11:00, en la Plaza de Gipuzkoa y en Bilbao, una cadena humana que ha partido a las 11:30 desde la Delegación del Gobierno Vasco y ha culminado ante la Diputación Foral de Bizkaia.
Estas iniciativas vienen precedidas del rechazo del PNV, PSE-EE, Vox y la abstención de PP-Ciudadanos, ante las propuestas presentadas por EH Bildu y Elkarrekin- Podemos en el Pleno del Parlamento de Gasteiz el jueves 27-M, en el que se solicitaba la creación de una comisión especial para analizar lo ocurrido en las residencias desde el inicio de la pandemia, detectar carencias y mejorar el modelo actual. Y eso hacerlo por medio de una auditoría independiente, no subordinada al gobierno.
El aumento de la esperanza de vida, y el envejecimiento de la población ha generado un aumento del número de personas con dependencia sebera y gran dependencia. Se aprobó a Ley de Dependencia de 2006 y la Ley de servicios Sociales de 2008, cuya máxima ha sido el incumplimiento en lo que a la atención a las residencias, centros de día y ayuda domiciliaria se refiere. La privatización ha sido su prioridad.
La pandemia ha dejado claro lo que se venía denunciando años atrás: El deterioro actual de la asistencia social que se está produciendo, se puede calificar de “maltrato institucional”. La privatización, tal y como está diseñada, es maltrato, al igual que la precariedad de las condiciones del personal, las plantillas insuficientes, la mala atención sanitaria, la soledad, y un largo etc.
La atención privada, orientada al beneficio y con riesgos, está suponiendo: un bajo mantenimiento, servicios sociosanitarios insuficientes, ahorro en cuidados y empleo de mala calidad, donde la subcontratación es una práctica común. El coste real de la atención residencial está muy por debajo de lo que pagan las Diputaciones Forales.
Este modelo institucional ya no vale, la solución al problema actual de las residencias es la erradicación definitiva de los macrocentros, pasando al modelo de Atención Centrada en la Persona, adecuando el número de plazas residenciales a las necesidades de las personas dependientes. La atención sanitaria en las residencias públicas y concertadas debiera estar protagonizada por el sistema público de salud, implementando la prevención Osakidetza. Con control de la atención residencial medido, con criterios de calidad desde las instituciones.
