CGT-LKN contra la externalización de la Atención a Domicilio del Ayuntamiento de Iruña

Las Trabajadoras familiares del ayuntamiento de Pamplona seguimos con nuestra lucha para mantenernos como personal municipal.

Y lo hacemos porque a pesar de los argumentos de UPN y PSN para externalizarnos sus razones no nos convencen.

En primer lugar, no nos convence Maite Esporrín cuando quiere meternos el miedo en el cuerpo diciendo que, de seguir en el ayuntamiento, en poco tiempo estaremos obligadas a pasar por un examen para mantener nuestro puesto de trabajo. Según ella es obligatorio para todo el personal laboral que lleva más de tres años en la administración.  Desmontar este argumento es de primero de primaria y da pereza tener que explicar a una señora que lleva años y años viviendo de lo público cómo funciona la administración y cuántas personas son trabajadoras laborales en el ayuntamiento desde hace muchos más de tres años. No nos meta miedo señora Esporrín, bastante tenemos sabiendo lo poco que nos quiere. En todo caso, si ese es el problema, por nosotras vaya preparando el examen.

En segundo lugar, queremos aclarar que cuando se habla del elevado absentismo no se menciona que nuestros puestos de trabajo no son evaluados por personal técnico en prevención de riesgos laborales sino por Trabajadoras sociales con unas horas de formación en la materia (y esto después de denunciar la situación). Es como si en la Volkswagen los riesgos laborales los evaluara el portero con una formación básica en prevención. Da risa sí, pero es nuestra salud la que se resiente de que personas sin titulación en la materia evalúen los riesgos que corremos al movilizar personas dependientes en domicilios. No hay que olvidar que un domicilio no es un hospital y en muchos casos carecen de medios técnicos para facilitar el trabajo.

El resultado de una mala evaluación de los riesgos laborales son lesiones. Ni más ni menos.

Por último, es significativo que ni UPN ni el PSN hayan votado a favor de mantener las condiciones laborales de la plantilla. Unas condiciones, por otra parte, de nivel D en un servicio como cualquier otro servicio público que resulta todo lo rentable o costoso que queramos según las cuentas que hagamos. ¿Cuánto cuesta tener una policía municipal o un área de cultura públicas? ¿Son rentables las escuelas infantiles o el servicio de jardines? ¿La rentabilidad de un servicio público se mide en dinero o en bienestar social?

Pretenden abaratar un servicio esencial a base de perjudicar las condiciones laborales de 200 trabajadoras que hemos dado un ejemplo se profesionalidad manteniéndonos en nuestros puestos de trabajo a lo largo de toda la pandemia. Hemos sido en muchos casos las únicas personas en entrar en los domicilios a lo largo de meses, la única compañía de muchas de nuestras personas mayores. Eso que parece no tener precio, para UPN y PSN cuesta demasiado y por eso nos externalizan y votan en contra de mantener las condiciones actuales, que es tanto como decir que votan a favor de perjudicarlas.

Nos preguntamos qué opina el PSN, más allá de Maite Esporrín, sobre este asunto. Privatizar un servicio público de atención a personas dependientes no parece en consonancia con implementar la ley de dependencia según anunció Pedro Sánchez.

UPN y PSN han pasado en poco tiempo de aplaudir a las personas esenciales a prescindir de ellas, de llenarse la boca con la defensa de lo público a externalizarlo.

Nos tendrán enfrente

Sección Sindical de CGT en el SAD-Iruñea

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