En declaraciones recientes a El Mundo, el Ministro de Seguridad Social, Sr. Escrivá, precisaba que “pretenden reducir en 30.000 millones de euros el gasto en pensiones y así conseguir el visto bueno para la recepción de los Fondos Europeos para la Recuperación”.
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Por otro lado, en la documentación enviada a la Comisión Europea para justificar las transferencias y préstamos de los Fondos de Recuperación se recoge que se van a tomar medidas de control del
gasto público y para favorecer el aumento de la productividad de las empresas.
Y aunque en el último borrador de la documentación no se ha incluido el aumento de 25 a 35 años para el cálculo del salario regulador de las pensiones – aunque si la posibilidad de aumentarlos-, hay constancia de que la vicepresidenta Calviño ha defendido posteriormente esa propuesta ante los comisarios económicos de la UE.
Recordar que la ampliación de los 15 a los 25 años, que culminará en próximo año, ha supuesto ya para quienes acaban de jubilarse una pérdida media en sus pensiones en torno al 5%, a lo que habría que añadir otra pérdida media – que el propio gobierno estima- de entre 5,45% y el 6,3% para quienes se jubilaran con la aplicación de 35 años.
Personas jubiladas con 40 o más años de cotización critican que no se han tenido en cuenta sus demandas en las recomendaciones del “Pacto de Toledo”.
En diversos artículos publicados recientemente, jubilados/as pertenecientes a la Asociación ASJUBI40, han criticado duramente al PSOE. Manifiestan que confiaron en sus promesas de que llegando al Gobierno solucionaría el problema de los recortes a sus pensiones, que están suponiendo una pérdida de un 32%, incluso de un 40%, producto de haberse jubilado anticipadamente – la gran mayoría además a la fuerza- aunque con 40 o más años cotizados.
Recuerdan que son unas 530.000 personas jubiladas en esa situación en el conjunto del Estado -más de 50.000 en Hego Euskal Herria- cabreadas porque ahora el PSOE dirige el gobierno y no hay visos concretos de que se vaya a solucionar a corto plazo, a pesar de que, tras la aprobación por el Congreso de las recomendaciones del Pacto de Toledo, se les volvió a prometer que en un plazo de 3 meses se estudiaría y trataría de resolver el problema.
