El pasado 13 de noviembre los partidos PNV, PSE, PP-Ciudadanos y VOX consumaron un grave ataque a las arcas públicas al aprobar en el Pleno del Parlamento vasco la ley de creación de Euneiz. Esta ley abre la puerta a la financiación del proyecto de universidad privada Euneiz con dinero público.
El TCo recuerda que el principio de contributividad que informa nuestro sistema de Seguridad Social justifica que las bases reguladoras de las prestaciones de Seguridad Social se calculen en función de lo efectivamente cotizado, resultando que los trabajadores y trabajadoras a tiempo parcial obtengan bases de cotización reducidas en comparación con los trabajadores a jornada completa. En cambio, lo que no resulta justificado, conforme a esa misma doctrina, es que se reduzca adicionalmente la base reguladora mediante un porcentaje derivado de un “coeficiente de parcialidad”, que minora el número efectivo de días cotizados. Esa medida no solo perjudica la protección de la Seguridad Social para las personas contratadas a tiempo parcial, sino que, además, continúa afectando predominantemente a las mujeres trabajadoras, sin que concurra justificación.
El pasado 2 de noviembre se anunció finalmente por parte del gobierno el inicio de la negociación para la reforma laboral, la denominada «reforma laboral para el siglo XXI». Desde la Confederación General del Trabajo hemos analizado todas las noticias y declaraciones públicas con creciente preocupación. Se confirma que el gobierno no derogará las dos reformas laborales (2010, del gobierno Zapatero, y 2012, del gobierno Rajoy) que han sumido a nuestro país en la mayor precariedad laboral que se recuerda. Ahí están los datos de la última EPA, donde las cifras relativas a la destrucción de empleo, temporalidad o la inmensa brecha salarial, así como el crecimiento galopante de los denominados “trabajadores pobres”, demuestran que la hemorragia no puede frenarse únicamente con un puñado de tiritas.
Pensión Mínima ¡ya! de 1.080 euros; revalorización anual de las pensiones como mínimo en función del incremento del coste de la vida; derogar definitivamente el Factor de Sostenibilidad y sucedáneos como el “Factor de Equidad Intergeneracional”; jubilación anticipada sin penalizar con 40 años cotizados; medidas efectivas para acabar con la brecha de género en salarios y pensiones; garantizar las pensiones públicas creando empleo de calidad, aumentando salarios, derogando las reformas laborales de 2010 y 2012 y estableciendo en SMI para el próximo año de 1.200 euros.
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