Esta sentencia fija doctrina y no sólo va a permitir a los/as trabajadores/as afectados por el Conflicto Colectivo reclamar el coste abonado de la tasa para la obtención y renovación del CAP, y que sea la empresa la que sufrague los próximos, sino que podrá hacerse valer también en aquellos otros sectores en los que siendo obligatoria la formación para el trabajador vinculada a la salud y seguridad en el trabajo, le supongan algún coste económico.
