Queremos denunciar que tras todas estas acusaciones, lo que se esconde es un intento de criminalizar la lucha de la clase trabajadora, criminalizar el sindicalismo, criminalizar el derecho a la huelga, en definitiva, criminalizar cualquier intento de lucha en defensa de unas condiciones de trabajo y de vida dignas.
Este intento de criminalización no es casual, es consecuencia de una decisión política. Esta decisión ha venido de la mano de las instituciones, especialmente, del Gobierno Vasco. En todos los conflictos, la primera aportación del Gobierno Vasco ha sido mandar a la Ertzaintza a reprimir protestas, apaleando, deteniendo bajo falsas acusaciones y aplicando la Ley Mordaza a numerosos trabajadores y trabajadoras. El Gobierno Vasco debería priorizar el tener una mayor aportación e implicación para que en las mesas de negociación haya un equilibrio real entre ambas partes.
