Seamos refugio. Acoger sin discriminar
Hoy es el Día Mundial de las Personas Refugiadas. Hace un año, el 24 de junio, decenas de personas murieron cuando intentaban cruzar la valla de Melilla, tras una intervención policial brutal. Nadie ha asumido responsabilidades. Y quienes murieron y fueron repelidos con violencia no pudieron solicitar asilo.
El derecho al asilo está siendo permanentemente cuestionado por la vía de los hechos. La militarización y externalización de fronteras y la criminalización de los movimientos migratorios ponen las cosas muy difíciles a quienes se ven en la obligación de huir de la persecución que sufren en sus países de origen. El endurecimiento de los sistemas de control fuerza rutas crecientemente peligrosas para quienes intentan llegar a Europa por mar. Muchas personas, cada vez más, no lo consiguieron: entre 2020 y 2022, 5.744 fallecieron o desaparecieron en su intento de alcanzar las costas españolas. Hoy, ahora, siguen muriendo.
Una vez aquí, continúa la carrera de obstáculos. Conseguir una cita policial para solicitar asilo se ha convertido en una misión casi imposible. Lo que debería ser un mero trámite administrativo, se convierte en una barrera a veces insalvable.
Quienes con mucho esfuerzo avanzan en la maraña burocrática que envuelve al derecho de asilo hasta desdibujarlo, se encuentran, mayoritariamente, con una denegación a su solicitud. La tasa de reconocimiento en 2022 en el Estado Español fue del 16,5%, frente al 38,5% de la media en la UE. Solo Malta y Chipre tienen una tasa menor. Y la denegación se traduce en irregularidad: sin permiso de residencia y trabajo muchas puertas se cierran de golpe y se impone la precariedad.
Junto a este entramado burocrático, los poderes públicos y las dinámicas socioeconómicas restringen la condición de ciudadanía a quienes ya son nuestros vecinos y vecinas. Dificultan la construcción de una sociedad justa, igualitaria y cohesionada obstaculizando el acceso al padrón, a la vivienda, a un empleo, a formación profesional, a prestaciones sociales… Los pilares de la convivencia quedan de esta forma muy debilitados.
Todo ello en un contexto donde los discursos racistas y xenófobos se manifiestan con mayor naturalidad, desde 2019 los delitos de odio por estos motivos se han multiplicado por cinco en Euskadi. Y esto constituye únicamente la punta del iceberg de la discriminación cotidiana que sufren las personas refugiadas y migradas en el día a día: las identificaciones policiales por perfil étnico, las dificultades para abrir una cuenta bancaria o el rechazo generalizado a alquilar vivienda a personas racializadas, son solo algunos ejemplos.
Por todo ello, REIVINDICAMOS:
• Garantizar que las personas refugiadas, apátridas y migrantes puedan llegar tanto al Estado español como a Euskadi sin poner su vida en riesgo, facilitando vías legales y seguras.
• Asegurar el acceso al derecho de asilo a todas las personas independientemente de su país de origen a través de un estudio individualizado de los casos que garantice y respete el derecho a la protección internacional sin discriminar a nacionales de países cuyas solicitudes están siendo denegadas, como es el caso de Colombia, Perú o Senegal, entre otras.
• Promover la eliminación de la criminalización y persecución de las organizaciones que brindan salvamento marítimo humanitario.
• Implantar un sistema de citas ágil que haga factible el derecho a solicitar asilo.
• Asegurar sistemas de acogida a personas solicitantes de protección internacional con procesos de inclusión efectivos que den respuesta a todas las personas que lo necesitan, impidiendo el sinhogarismo.
• Garantizar el empadronamiento a través de los servicios sociales para aquellas personas que no puedan hacerlo de manera normalizada, con el fin de asegurar su acceso a los derechos y obligaciones correspondientes.
• Garantizar el acceso a vivienda social, recursos y prestaciones sociales, educativas, sanitarias y culturales estableciendo criterios que contemplen las dificultades de las personas con necesidades de protección internacional y apátridas. Teniendo en cuenta el acceso de personas en especial situación de vulnerabilidad como las mujeres que han sufrido persecución por motivos de género o están viviendo violencia machista.
• Facilitar acceso a la red de atención de salud mental o a dispositivos grupales de trabajo psicológico que faciliten que las personas se recuperen de las situaciones traumáticas de las que vienen.
• Dotar a todas las políticas públicas de un enfoque intercultural y antirracista.
• Diagnosticar y erradicar, cuando se detecte, todas forma de violencia y racismo institucional.
• Formar y sensibilizar a los cuerpos de policía sobre interculturalidad y migraciones, desde una perspectiva positiva. Poner fin a las identificaciones policiales por perfil racial.
• Impulsar proyectos comunitarios para fomentar la convivencia.
• Combatir los discursos discriminatorios y xenófobos adoptando medidas de prevención y monitoreo y garantizar el diseño e implementación efectiva de planes de integración, convivencia, igualdad y no discriminación en todos los niveles de la administración desde un enfoque comunitario y con la asignación presupuestaria necesaria.
• Cesar los controles fronterizos terrestres en la frontera de Irun.
• Detener el comercio de armas, que alimenta los conflictos y las guerras que están detrás de muchos de los desplazamientos forzados, y que contribuye a cometer graves violaciones de Derechos Humanos. • Impulsar dinámicas de inversión, producción, distribución y consumo que no desplacen y garanticen la sostenibilidad de la vida y el Planeta.
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