El pasado martes se reiniciaron las reuniones del Pacto de Toledo. Y el 5 de marzo, se reanudarán con la presencia y participación del ministro, responsable de la Seguridad Social. Los grupos parlamentarios manifestaron su voluntad de recuperar el “consenso” de los acuerdos de los años 2016 y 2019. Este consenso se recogía la subida garantizada por ley del IPC a todas las pensiones; el acuerdo de la prolongación de la edad de la jubilación hasta los 67 años; y el cálculo del salario regulador de los nuevos jubilados teniendo en cuenta el conjunto de su vida laboral; es decir extendiendo el aumento progresivo que ahora se está haciendo hasta los 25 años. También se plantea avanzar en el apoyo y regulación de los fondos privados de pensiones.
De lo anunciado hasta ahora, no se sabe nada sobre si piensan subir a las pensiones más bajas y no contributivas un porcentaje mayor que el IPC; y muchos menos de que alcance los 1.080 euros. En cuanto a seguir manteniendo la jubilación progresiva hasta los 67 años, y aumentar a toda la vida laboral el cálculo del salario regulador, significa trabajar más años para jubilarse, impedir así que las nuevas generaciones ocupen los puestos de trabajo de quienes hasta ahora se jubilaban con 65 o menos años; y tener una pensión menor al ampliarse el cálculo del tiempo del salario regulador. Y esto sin contar con el riesgo de la aplicación del factor de sostenibilidad.
No contentos con estas medidas, también están contemplando debatir la cuestión de las pensiones de viudedad y de un sector de mujeres, que vieron su actividad laboral condicionada por haber estado cuidando a hijos e hijas y perciben un complemento. Hace unos días una sentencia europea reconocía un derecho similar de complemento a un pensionista de Gerona que había demandado por “discriminación” una aplicación similar a la de esas mujeres, pues él también ha sufrido problemas en su actividad laboral por cuidado de sus menores.
No sabemos en qué va a quedar esta cuestión, si se va a generalizar o no la aplicación de esa sentencia, si se va a revisar este derecho limitado a determinadas mujeres o se amplía a los hombres. O qué va a pasar.
Pero mucho más preocupante es el intento de revisar todas las pensiones de viudedad, con el único objetivo de reducir el costo de las pensiones de viudedad. Y para ello, por un lado, pretenden subordinar la cuantía de las futuras pensiones de viudedad a los ingresos de la unidad convivencial, lo que significa liquidar el derecho individual a la misma. Por otro, que las pensiones de viudedad para las personas con menos de 65 años, pretenden que estén también condicionadas por si están trabajando o tienen ingresos de otra naturaleza.
El Gobierno del PSOE- Unidas Podemos tiene capacidad para tomar medidas sin necesidad de acudir al “consenso” de las recomendaciones del Pacto de Toledo. También tienen la mayoría de su comisión parlamentaria, en colaboración con otros grupos progresistas, para presentarse con fuerza y legitimidad y enfrentarse a las presiones de los grandes poderes empresariales y económicos, y a las pretensiones de sus representantes políticos de la derecha.
