A finales de octubre comenzará el juicio por el “caso Zubiaurre”. El ex alcalde del PNV en Mendaro y ex director de Sprilur, Antton Zubiaurre, se sentará en el banquillo por espionaje a ex altos cargos del Gobierno de Patxi López. Casos que se eternizan en los juzgados…

A continuación, el capítulo dedicado al caso en el libro “GESTIÓN A LA VASCA” (págs 209-213, Igor Meltxor)

CASO ZUBIAURRE: ESPIONAJE Y MALVERSACIÓN EN SPRILUR

A mediados de 2010 era detenido por orden judicial, Antton Zubiaurre, ex director general de la sociedad pública Sprilur, encargada de la gestión de suelo industrial, por un presunto delito de espionaje informático a altos cargos del equipo de Gobierno de la CAV en aquel momento, liderado por Patxi López. Durante la investigación se comprobó que varios ordenadores del Grupo SPRI -entre ellos, al parecer, el del propio director de la entidad, Tomás Orbea- habían sido “hackeados” con un programa espía, lo que permitía que su contenido fuese vigilado a través de internet con acceso, incluso, a su correo electrónico.

Tanto a Zubiaurre como a su chófer, se les culpa de acceder a la cuenta de correo electrónico del director de Sprilur, Pedro García, quien en marzo de 2010, se percató de que en su correo electrónico, en la bandeja de elementos enviados, aparecía un email enviado el día anterior, domingo, a una dirección concreta: antonzubiaurre@euskalnet.net. Y él no lo había hecho. En el correo se hablaba de unos pabellones industriales a la venta a bajo precio en un lugar cercano de unos terrenos que debían ser reclaificados.

Las investigaciones pusieron la lupa en algunos ordenadores del Departamento de Industria. Entre los espiados se encontraban al parecer, los principales directivos de Sprilur, y que accedieron a estos puestos tras el desembarco del PSE de López en Ajuria Enea, en mayo de 2009. Después de que distintos cargos detectasen anomalías en sus ordenadores, Industria interpuso denuncia en los juzgados.

El principal implicado en el caso, Antton Zubiaurre, había sido apartado de la dirección de Sprilur a mediados de 2008, supuestamente debido a su delicado estado de salud. Algunas informaciones, indicaron que Zubiaurre mantenía también diversas actividades en el ámbito de empresas privadas, que rayaban la incompatibilidad con sus responsabilidades como alto cargo de una sociedad pública. Se da la circunstancia de que Zubiaurre era un hombre del Partido. Militante del PNV en Gipuzkoa, llegó a ser alcalde de la localidad de Mendaro entre los años 1991 y 1999, permaneciendo otros tres años más en el Ayuntamiento como concejal, hasta su dimisión en 2002.

Existen sospechas que Sprilur desvió fondos a terceros a través de la sociedad Avalancha Proyectos. El Gobierno de López denunció a Zubiaurre por un supuesto delito de malversación, tras comprobar que pagó 3,36 millones de euros por 10 hectáreas de terrens rústicos en Santurtzi (Bizkaia), un precio que los peritos estimaron que superaban tres o cuatro veces el del mercado. De esa cantidad, 460.165 euros los abonó mediante un talón al portador, y que acabó en manos del intermediario de la operación, el administrador de la citada sociedad, Avalancha Proyectos.

Las investigaciones dejaban en el aire una supuesta trama fraudulenta financiera. El informe redactado por la Ertzaintza lo dejaba claro: “El hecho de falsear el volumen del negocio surgido de la operativa realizada por el señor (José Francsico) Darquistade en representación de la empresa Avalancha Proyectos S.L. , al margen de constituir una infracción a nivel fiscal, podría estar ocultando una desviación de fondos hacia una tercera persona”. Según este informe, el administrados único de Avalancha, José Francisco Darquistade, cobró los 460.165 euros citados, pero solo apuntó en sus libros y facturó al vendedor de los terrenos por 397.388,16 euros , IVA incluido. Los 62.776,84 euros de diferencia no aparecen por ningún sitio.

Se da la circunstancia, que el vendedor de las tierras, un vecino de Abanto, es primo carnal del presidente del PNV, Andoni Ortuzar, y que aseguró que pagó las labores de asesoría a un gabinete, mientras que Darquistade incluyó esos servicios entre los que facturó.

Darquistade declaró a la Ertzaintza que Zubiaurre le informó  de un proyecto de desarrollo industrial en la zona, “los precios que se ofertarían por metro cuadrado y, sobre todo, como el alcalde de Santurtzi habría dado el visto bueno al proyecto” y, por tanto, a la recalificación. El entonces alcalde de la localidad vizcaína, el socialista Javier Cruz (PSE), testificó que no habló con Zubiaurre para la recalificación de los terrenos, proceso que no se había realizado.

Este caso se ciñe al guión de otras tramas ligadas a las recalificaciones de terrenos: un cargo público con capacidad de compra y presupuesto busca a alguien que crea una sociedad mercantil instrumental a la que le facilitaría toda la información para ponerse en contacto con propietarios de terrenos. Una vez localizado el vendedor, el cargo público enviaría al intermediario para sondearle. Este le habla sobre un posible interés de una administración por sus terrenos, y le sugiere que quizás va a haber recalificaciones para convertirlos en suelo industrial. Incluso le dejaría caer que ya está de acuerdo en la operación con las autoridades locales, con lo cual le puede ofrecer un precio por metro cuadrado más elevado. Si se cierra el trato y los terrenos se compran, el sobreprecio se reparte. El intermediario se lleva entre el 10% y el 15% de la operación de compra, y el vendedor logra unas plusvalías considerables.

El consejo de Adminitración de Sprilur, la sociedad pública que gestiona la compra de terreno para fines industriales, aprobó en marzo de 2011, provisionar 5 millones de euros por el quebranto económico causado por tres operaciones realizadas entre 2006 y 2008, durante el mandato de Zubiaurre. Del total, 3,1 millones corresponden a las pérdidas por compras de terrenos en Santurtzi. El resto corresponde a otras dos operaciones con pérdidas detectadas por una investigación interna.

Meses después, en septiembre de 2011, Zubiaurre declaró ante el juez, que la operación de compra de terrenos de Santurtzi, propiedad de un primo de Ortuzar, se hizo tras llegar a un acuerdo con el ex alcalde Javier Cruz, para recalificar como suelo industrial los 10.000 metros cuadrados de dicha parcela. Esta misma versión fue corroborada por el administrador de Avalancha.

Javier Cruz testificó que jamás habló con Zubiaurre para la recalificación de los terrenos, que no se llegó a producir en ningún caso. El terreno no resultaba apto para un uso industrial, según los peritajes del propio Gobierno y de la Diputación de BIzkaia, que sostienen en sus informes que, al encontrarse en la ladera de una montaña, su adecuación para ese fin iba a resultar extremadamente agresiva y cara.

El ex director de Sprilur, quien tiene otra causa abierta en el Juzgado de instrucción número 10 de Bilbo por supuestos delitos de descubrimiento y revelación de secretos por espiar presuntamente a altos cargos de Industria, se desmarcó totalmente de la gestión de la venta, al asegurar que todo lo relativo a ese proceso fue encargado al bufete bilbaíno de abogados de Antón Perez Sasía.

Caso paralizado

El caso Zubiaurre, está paralizado desde hace más de dos año. El juzgado de Bilbo que investiga al ex alto cargo del Gobierno de la CAV (director general Sprilur entre 2000 y 2008) está pendiente de un informe de Microsoft en Estados Unidos, que fue solicitado en mayo de 2012 y que ha obligado a la juez a enviar varias comisiones rogatorias.

“GESTIÓN A LA VASCA” (págs 209-213, Igor Meltxor)