10.000 niños y niñas han desaparecido después de llegar a Europa. La cifra pone en evidencia el vacío legal y el fracaso de las políticas europeas en la gestión de la crisis de los refugiados, según concluyen diversas organizaciones que trabajan a diario con esos menores.
El abandono de la legalidad por parte de los Estados miembros se ha convertido, a su vez, en el mejor escenario para las mafias. “La foto de Aylan no ha servido para nada; al contrario, para comprobar que Europa, lejos de ser una posibilidad de salvación, está empezando a ser una amenaza mayor que la guerra de la que vienen huyendo. Es atroz que un niño que haya huido de una bomba caiga en manos de unos traficantes, es el castigo más inhumano”, denuncia el director de Cooperación Internacional de Save the children, David del Campo.
La organización sostiene que la situación ahora es mucho peor y las mafias operan con mayor facilidad que cuando la sociedad se sobrecogió -parece que momentáneamente- con la imagen de aquel niño tirado en las playas de Grecia. Cada día, los equipos repartidos por los distintos países en conflicto, atienden a decenas de menores sin apoyo gubernamental. “En Lesbos, por ejemplo, no hay policías, ni protección civil, ni nada. Estamos nosotros esperando a que llegue la lancha. Sacamos al niño del agua, le damos calor, alimento y nada más. Ahí acaba su protección. A partir de ahí, ese niño puede ir a la derecha, a la izquierda, en un coche, en una furgoneta… Nadie le puede retener y abusan de su inseguridad, de su miedo, le garantizan otro trayecto más”, afirma Del Campo.
Según los datos de Unicef, uno de cada tres personas refugiadas son menores. En 2015, del millón de desplazados, más de 270.000 son niños. “Sólo en Alemania y Suecia llegaron 90.000 niños no acompañados. Las cifras ponen en evidencia la magnitud de la gravedad. Hay que priorizar a estos menores en cada paso que den. Deben ser identificados y entrevistados por profesionales porque cada niño tiene sus necesidades”, reclama Sandra Astete, especialista en políticas de infancia de Unicef.
Desde la organización, demandan a los gobernantes un plan europeo de protección infantil que ponga el foco en la reagrupación familiar. “Y garantizar que a lo largo de todo el procedimiento de acogida, que suele ser extenso, estos niños estén protegidos porque su vulnerabilidad hace que estén expuestos a las mafias en cualquier momento”, continúa Astete.
“En Barajas no pueden operar”
Según Save the Children, existe un abandono y una inacción total por parte de los Estados, cuando la protección de los menores tiene que ser una responsabilidad máxima de esos gobiernos. “Somos nosotros los que aportamos los datos porque los gobiernos no saben cuántos llegan, ni cuándo, ni en qué condiciones. Ese descontrol es justamente lo peor para la seguridad de unas personas que no vienen por vías seguras y se ahogan. Todos los días mueren los niños ahogados. Y ese escenario es muy cómodo para las mafias. En Barajas no pueden operar”, insiste Del Campo.
Esa ausencia de políticas -añade- es la que está llevando a Europa a empujarlos con una mano a que mueran en el mar y a empujarlos con la otra a que mueran en manos de las mafias y traficantes. “¿Dónde están esos jefes de Estado que firmaron de manera solemne un acuerdo para acoger refugiados?”, se pregunta el director de Cooperación Internacional, que contrapone esa solemnidad a las cifras reales: “España se había comprometido a acoger a 16.000 refugiados, y sólo 16 lo han hecho por vías seguras y legales”.
Endurecer las políticas fronterizas tampoco solucionará el problema. “Ese endurecimiento hace que las mafias actúen de manera más potente. Y tenemos una obligación moral y política de brindar a estos menores toda la protección que se merecen”, argumenta Sandra Astete.
