Como podéis apreciar desde el año 85 a la actualidad, a pesar de lo que se dice en prensa y tv, la pérdida adquisitiva de los pensionistas es enorme. En el cuadro adjunto ponemos el supuesto de la merma en la pensión de un trabajador o trabajadora que haya percibido el salario mínimo interprofesional (SMI) durante su vida laboral y los años suficientes para obtener el 100 % de pensión.
La enésima reforma de nuestro Sistema Público de Pensiones, que el gobierno del PSOE/UP ha negociando con los sindicatos institucionales CC.OO. – UGT y la patronal CEOE, no responde sino a la lógica del desmantelamiento progresivo del Sistema Público de Pensiones para instaurar el mercadeo; es decir, que los seguros privados, las entidades financieras y los fondos de inversión se hagan con un “bocado” muy apetitoso de los más de 149.000 millones de euros que se dedican a las prestaciones de las diferentes pensiones existentes en nuestro sistema público.
Todas las políticas implementadas en nuestro Sistema Público de Pensiones desde 1985 (primera gran reforma del PSOE) hasta las grandes contra Reformas del 2011 (gobierno del PSOE), la del 2013 (gobierno PP) y las del 2021 y esta última sesión del pacto de Toledo (gobierno PSOE/UP) se hacen “bajo la falsa y cruel argumentación de buscar que el sistema público de reparto, universal y solidario sea sostenible” y para ello, en vez de utilizar la política de los Derechos Fundamentales, que todas las personas tengan y perciban pensiones suficientes para garantizar una vida digna, utilizan la “racionalidad económica capitalista” y actúan en el capítulo del gasto detrayendo derechos y cuantías a todas las personas pensionistas (las de antes y las venideras).
Se aumentó el período de cálculo: de los 24 últimos meses que estaba en el año 1985 pasamos a los 25 años actualmente. Se retrasó la edad de jubilación ordinaria, de los 65 años a los 67 años actuales. Se penalizó de forma flagrante las jubilaciones anticipadas y se retrasó su acceso a las mismas (actualmente a los 62 años y varios meses). Se penalizaron los contratos de relevo. Se aumentaron los años necesarios para poder obtener el 100% de la base reguladora. Se rebajaron las cotizaciones empresariales y se subvencionó hasta la saciedad, mediante las distintas modalidades de contratos, al empresariado.
Así llegamos al 2022 cuando el gobierno PSOE/UP pactó con Bruselas dos contrarreformas a cambio de los Fondos NextGeneration que han supuesto el último gran asalto por el mercado privado a la “caja común”.
Una de éstas, la más peligrosa, supone el fomento de los Planes de Empleo a través de la Negociación Colectiva donde los Fondos Privados de Pensiones serán quienes gestionen ese “gran bocado” con la connivencia y gestión de los sindicatos CC.OO.-UGT y, la otra, estipula aumentar el periodo de cálculo más allá de los 25 años para que de esta manera se rebaje la “factura” de las futuras pensiones forzando y creando alarma social en las generaciones futuras con la intención de que suscriban y/o acepten Planes Privados de Pensiones.
Estas políticas llevadas a efecto desde 1985 con tanto consenso político (el llamado Pacto de Toledo donde todo el espectro parlamentario están de acuerdo) y social (sindicatos CC.OO-UGT junto a la patronal CEOE) suponen una violación del mandato constitucional y atentan directamente contra los derechos fundamentales de millones de pensionistas actuales, así como de las personas pensionistas en el futuro, de manera y forma aún más grave.
Las generaciones que se incorporaron al mercado de trabajo en la década de los 90 y, especialmente, quienes lo hagan a partir del 2010 (gran crisis-estafa) tienen que estar muy preocupados y preocupadas con estas “políticas”.
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