Varios cientos de personas han participado esta mañana en una cadena desde la Plaza Moyua hasta la sede del Gobierno Vasco, con el lema ”Nos arrastran al empobrecimiento y la precariedad”, para denunciar el incremento de la pobreza, cuyas cifras no dejan de crecer, con un máximo histórico del mes de diciembre de 63.082 personas, preceptores de la Renta de garantía de ingreso (RGI).
En la lectura del comunicado final se ha denunciado la reforma el Código Penal, en este momento se encuentra en el Congreso, que va a seguir castigando a los grupos más excluidos. Un reforma que supone un cambio de modelo, donde lo importante no es lo que hayas hecho sino quién eres y de qué recursos dispones.
Esta reforma va suponer un desarrollo enorme de las medidas de seguridad, que son restricciones que se imponen tras haber cometido un delito, pero no en función de lo hecho, sino de la peligrosidad. Se aumenta los casos en los que se pueden imponer y el tiempo de duración. Pueden ser de internamiento, de libertad vigilada o de expulsión.
El concepto de peligrosidad da pié a la arbitrariedad y a las “sospechas” sobre ciertos grupos de personas. Lo sufrirán quienes contesten al sistema, pero muy especialmente las personas con enfermedades mentales, que podrán permanecer encerradas en previsión de que puedan cometer delitos en el futuro. Penas más duras a las personas extranjeras, que podrán ser expulsadas incluso teniendo papeles. El top manta volverá a ser delito.
A pesar de que el Estado español tiene una de los ratios de personas en prisión por habitantes más altos de Europa y de delitos por habitante más bajos, a pesar de que las cárceles están llenas de personas con problemas mentales y de drogas y con problemáticas sociales, con esta reforma que se está tramitando se amplía la brecha social y se extiende la criminalización a espacios de la vida cotidiana de las personas y de los colectivos que sobreviven, se apoyan y se expresan libremente.