Diciembre de 1976, hace un año del fallecimiento de Franco, la maquinaria represora del Estado permanece intacta. Determinados políticos surgidos del franquismo con Adolfo Suárez a la cabeza, preparan un tránsito hacia un régimen más abierto. Su idea es utilizar las leyes franquistas para reformar la forma de gobierno, frente a los que reivindican una ruptura total con el fascismo. Los primeros impulsan la ley de Reforma Política, sometida a Referéndum el día 15 de dicie3mbre de 1976. El Partido de los Trabajadores de España convoca una manifestación el día del Referéndum en contra de la ley de Reforma Política. Mi hermano Ángel acudió a la manifestación. Durante el transcurso de ese acto, la policía apaleará hasta causarle heridas irreversibles. Morirá cinco días más tarde. Al regresar del hospital, mi madre dijo algo clarividente “me lo han matado”, ella desconocía los hechos pero supo la verdad. Comienza la farsa de un proceso judicial que no pretende aclarar nada, abogadas que reclaman la investigación exhaustiva de los hechos, esfuerzo inútil. El procedimiento pasa a la Jurisdicción Militar porque existen policías implicados, ya no hay abogados civiles, la familia se queda sin defensa. Reza el expediente judicial: “Muerte del paisano Ángel Almazán Luna (al parecer ocasionada por miembros de la policía armada)”. La policía declara que se ha golpeado con una farola, la mentira impera, es moneda corriente. La autopsia, ocultada a la familia, desmonta la burda trampa, las heridas no pueden ser causadas por el choque con una farola. Algunos testigos declaran que un joven con el pelo rizado chaquetón color beis, Ángel, estaba en el suelo, lo estaban cosiendo a patadas. Agotada la absurda y somera investigación, el expediente se entierra, es un muerto en el día del Referéndum, no interesa la publicidad. El Tribunal Militar Territorial Primero sobresee la causa por no haber hallado quien causó las lesiones mortales, se niegan a investigar más. La norma que impera es mirar hacia otro lado. Luego Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía que dejaba impunes los crímenes del franquismo y la incipiente transición, todo se oscureció. El 9 de octubre de 1999 entró en vigor la Ley 32/1999, de 8 de octubre, de Solidaridad con las víctimas del terrorismo. Era una ley del Partido Popular que tenía un propósito central, resarcir, resaltar, reparar, honrar, condecorar a las víctimas de ETA y a sus familiares, pero, a fin de no resultar totalmente parcial, también incluía las víctimas de la extrema derecha. Nombraba con insistencia a los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado en el lado de las víctimas, pero en ningún caso en el lado de los verdugos. En su Exposición de Motivos se indicaban aspectos aparentemente tan sensatos como los siguientes: “La recuperación de la democracia afirmó un proyecto de convivencia decidido a superar los viejos conflictos de nuestra Historia. Un proyecto asentado en el respeto a la ley, a la voluntad popular y al libre y pacífico ejercicio de cualquier reivindicación política. Nada, pues, justifica el uso de forma alguna de violencia ni cabe argumento para que unos pocos hayan quebrado la paz”. No se trata de sustituir el dolor padecido por las víctimas por el efecto de una mera compensación material porque ello resultaría, de suyo, inaceptable. El dolor de las víctimas es -y será para siempre- un testimonio que ha de servir para que la sociedad española no pierda nunca el sentido más auténtico de lo que significa convivir en paz. Para las víctimas sólo el destierro definitivo de la violencia puede llegar a ser su única posible compensación. Quienes en sí mismos han soportado el drama del terror nos piden a todos que seamos capaces de lograr que la intolerancia, la exclusión y el miedo no puedan sustituir nunca a la palabra y la razón”. Ángel estaba en el ejercicio de una acción política y fue víctima de una brutal violencia perpetrada por personas armadas, representantes del Estado. No había, por supuesto, justificación alguna: solo el despiadado y arbitrario uso del terror. El miedo nunca fue sustituido por la razón. Era el momento de dar un paso al frente, las posibilidades de éxito eran escasas pero la jurisdicción es azarosa. Reconocer como terrorista a la policía, significaba una herejía ante la doctrina cuasi religiosa de la Transición y, sin embargo ¿no se ejerció una violencia brutal contra Ángel? Y se hizo sin argumento alguno, por el simple ejercicio de la fuerza. Por supuesto, la solicitud fue denegada por el Ministerio del Interior. Había muertos de primera (asesinados por ETA), de segunda (asesinados por militantes ultras) y Ángel era de tercera categoría (asesinado por la policía). Con la primera derrota en la mochila, se inició una demanda ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional con la esperada desestimación, se recurrió a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia y, claro está, el recurso fue desestimado, se interpuso recurso de casación y el Tribunal Supremo también lo desestimó. Ya estamos en 2009. El Alzheimer se presentó en la mente de Tomasa y la demencia senil en la de Ángel, empezaban a despedirse definitivamente de la realidad. Pero existió otra vía a partir de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura. Era una norma que avanzaba en el reconocimiento de las personas que padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura, hablaba de reparación moral y recuperación de la memoria personal. En concreto y entre otras cuestiones, incluía el reconocimiento de las personas fallecidas en defensa de la democracia desde el 1 de enero de 1968 y 6 de octubre de 1977 (fecha de entrada en vigor de la ley de amnistía). Con el desarrollo de la norma y el periodo de solicitud entramos en el año 2010. Finalmente el Ministerio de Justicia remitió a la familia una declaración que rezaba lo siguiente. “Habiendo quedado acreditado que D. ANGEL ALMAZÁN LUNA padeció persecución y violencia por razones políticas e ideológica, falleciendo el 15 de diciembre de 1976 como consecuencia de las heridas sufridas en el transcurso de una manifestación convocada en ejercicio de la libertad de expresión, que fue reprimida violentamente por la policía, sin que los hechos fueran debidamente investigados, y VISTO que D. ÁNGEL ALMAZÁN LUNA tiene derecho a obtener la reparación moral que contempla la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, mediante la cual la Democracia Española honra a quienes injustamente padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura, EXPIDE en su favor la presente DECLARACIÓN DE REAPARACIÓN Y RECONOCIMIENTO PERSONAL, en virtud de lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 4 de la citada Ley”. El texto llega lejos, pero calla lo fundamental, Ángel fue asesinado por la policía en el transcurso de una manifestación convocada por el Partido del Trabajo de España (PTE) el día 15 de diciembre de 1976 contra la Ley de Reforma Política, votada en referéndum ese mismo día. Ángel murió cinco días después”. Eso no forma parte de la declaración ni se incluirá en ninguna otra. Como dijo el abogado de la familia, el querido Teodoro Mota, solo hay que leer detenimiento el sumario para descubrir quienes fueron los asesinos materiales y quizá intelectuales de Ángel. Era tan evidente, que no resulta extraño que se detuviera la investigación si la pretensión final era alejarse de la verdad. Mis padres ya han muerto, la familia se reduce a mí. El día 22 de septiembre de 2021, Ángel hubiera cumplido sesenta y tres años, se presentó en el Juzgado una querella criminal contra los policías que declararon en las precarias diligencias iniciadas y nunca concluidas, y contra el Ministro del Interior en aquellos años de plomo, Rodolfo Martín Villa. Queremos un relato veraz de una muerte injusta. Eh Ángel, por tu memoria, seguimos luchando. Javier Almazán Luna

Homenaje a Angel Almazán Luna

El 15 de diciembre de 1976 se celebró el referéndum por la Ley de Reforma Política que impulsaba el Gobierno de Adolfo Suárez. Las fuerzas democráticas propugnaron la abstención. Desde el primer instante, la manifestación fue duramente reprimida por las unidades antidisturbios, que dispararon balas de goma y botes lacrimógenos. En el transcurso de esa manifestación en la que se pedía la abstención y se reivindicaba el derecho a la libertad, el joven Ángel Almazán resultó gravemente herido. Sobre las ocho de la tarde, Almazán recibió una brutal paliza a base de patadas, porrazos y golpes de culata por parte de miembros de la policía. Los agentes, al entregar al herido a los sanitarios, afirmaron que «se había golpeado con una farola».

Testigos presenciales afirmaron que, tras recibir una buena paliza, la víctima estuvo un buen rato en un portal, hasta que unos agentes de la unidad antidisturbios lo trasladaron a la Casa de Socorro de Chamberí (Madrid). Posteriormente, fue ingresado en la UCI de la residencia de La Paz (Madrid), donde estuvo vigilado en todo momento por una pareja de la Policía Armada hasta su muerte cinco días después, el 20 de diciembre, sin investigación de los hechos ni detención de los supuestos culpables. Mereció tan solo el olvido y el desprecio de gobernantes y jueces. Tenía 18 años y como tantos jóvenes de aquella época, que dejaron su vida en las calles, creyó que existía una oportunidad para construir un mundo mejor

El próximo jueves 15 de diciembre, a las 17 horas, se le rendirá homenaje en el antiguo domicilio de sus padres en el Puente de Vallecas, calle Garganta de Aisa nº 1 y se le recordará a continuación en el muy cercano local de CGT, sito en la Plaza de Doctor Lozano nº 11.

Jose Alberto Villaverde Garcia

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