Los últimos datos de la EPA y del INEM muestran los verdaderos efectos de la reforma laboral aprobada por el gobierno, destruir empleo indefinido y crear empleo precario, a tiempo parcial, y sin derechos.
Los expertos contratados por el poder proponen una reforma de las pensiones arbitraria, discrecional, que pretende convertir el derecho a una pensión pública digna en un negocio.
El caso Bárcenas representa la degradación del sistema democrático representativo y comienza a ser digerido por la opinión pública, para ello, está bastando con una dosis de nacionalismo españolista frente a Gibraltar.
Mientras tanto, el FMI, la UE y la propia patronal, plantean que hay que reducir los salarios para que volvamos a la esclavitud, a trabajar por la comida.
Por su parte el gobierno aprueba un nuevo decreto en el último consejo de ministro que reforma la reforma laboral y afina el ajuste de la soga que está asfixiando a las y los trabajadores.
En este sentido, el pasado sábado 3 de agosto el Boletín Oficial del Estado publicó el Real Decreto Ley 11/2013, que modifica determinadas normas en materia de contratación a tiempo parcial, desempleo y, de forma muy importante, procedimientos de despidos colectivos, suspensiones de contratos y modificaciones de las condiciones de trabajo.
De esta manera, a partir de la aplicación del Real Decreto y, obligado por el Tribunal Constitucional, el gobierno equipara los tiempos de cotización exigidos para tener acceso a prestaciones de la Seguridad Social en los trabajadores a tiempo parcial, fomentando, de esta manera, este tipo de contratación, que ya cuenta con diversas bonificaciones, frente a la contratación a tiempo completo.
A parte de esta medida, como decimos obligada, se establece la suspensión del cobro de las prestaciones por desempleo de las y los trabajadores que se ausenten del país por un periodo superior a 15 días.
En lo que respecta a las medidas vinculadas a los EREs, ERTEs y modificaciones del contrato, la reforma reduce los requisitos de aportación de documentos para la validez de los procedimientos y establece un sistema de negociación más controlado, donde se establecen comisiones negociadoras que pueden acordar despidos colectivos sin que en las mismas estén representados todos los trabajadores y trabajadoras afectadas.
Estos cambios son una reacción del gobierno a las sentencias judiciales que han venido declarando nulos o improcedentes despidos colectivos por incumplimientos negociadores y suponen la enésima facilitación del despido, haciendo, una vez más, que la destrucción de puestos de trabajo sea una medida cada vez más asequible para la patronal, llevando a que sean las y los trabajadores quienes soporten todo el peso de la crisis-estafa.
Ante este panorama, CGT considera inaplazable una movilización sindical y social general, global, inclusiva, que defienda en la calle de una forma continuada, un cambio de rumbo en la política económica y social, con nuevos objetivos, una nueva partitura, unos nuevos intérpretes para una nueva sinfonía
Secretariado Permanente del Comité Confederal de la CGT
