Han pasado 135 años desde que un grupo de sindicalistas fueron ejecutados en Estados Unidos por defender sus derechos como trabajadores y trabajadoras, luchando por la reducción de la jornada laboral de 16 a 8 horas.
Desde entonces, el 1 de mayo se ha convertido en un hito para la clase trabajadora y sus organizaciones, una fecha festiva de homenaje a los “Mártires de Chicago”, para mantener viva la llama de su enorme legado, pero también de reivindicación y pelea por defender y seguir avanzando en la consecución de derechos sociales y laborales.
Hoy salimos a la calle para continuar denunciando las enormes cifras de pobreza y desempleo, la precarización de las condiciones laborales, el expolio de lo público y la vulneración de las libertades fundamentales, algo que se viene agravando con la actual crisis pandémica que nos está tocando vivir.
Reivindicamos la inmediata derogación de las dos últimas reformas laborales, tanto del PP como del PSOE, ambas encaminadas a empoderar cada vez más a la clase empresarial en detrimento de la mayoría social trabajadora: despido barato, abuso de la temporalidad, flexibilidad a la carta, descuelgue salarial, individualización de las relaciones laborales en detrimento de la negociación colectiva, prioridad del convenio de empresa sobre el sectorial, subcontratación, etc.
Pretenden que nos conformemos con la simple supresión de los aspectos más lesivos de la reforma laboral del PP. Con su cambio de parecer, el Gobierno autodenominado “más progresista de la historia” vuelve a sucumbir ante la intransigencia de la patronal, las “recomendaciones” de la Comisión europea y la pusilanimidad de los sindicatos mayoritarios, estos últimos instalados desde hace muchos años en la comodidad del sillón de la institucionalización y la subvención.
Exigimos el cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales por parte de las empresas y un estricto control de su cumplimiento por parte de la autoridad laboral, la supresión del control de nuestra salud por parte de las mutuas patronales, el fin de la subcontratación y de las empresas de trabajo temporal, así como una formación homologada y adecuada para el puesto de trabajo. No es de recibo que, en el caso de Euskal Herria y en pleno siglo XXI, los datos de siniestralidad laboral sean cada vez peores (53 muertes laborales sólo en 2020), en la mayoría de los casos debido a negligencias cometidas por las propias empresas. Nuestra salud y seguridad están por encima de sus suculentos beneficios.
No nos olvidamos de la pobreza, el desempleo, la desigualdad y la brecha salarial que sufren sobre todo las personas jóvenes e inmigrantes, y especialmente las mujeres. Para combatirlo, abogamos por el reparto del trabajo y de la riqueza, y por una Renta Básica de las Iguales (RBIS) que garantice unas condiciones de vida dignas para todas las personas, así como por un sistema educativo que fomente la igualdad de oportunidades, el reparto de los trabajos de cuidados entre hombres y mujeres y su revalorización de cara a la sociedad. Desde las organizaciones sindicales hacemos
nuestra la lucha del movimiento feminista frente el heteropatriarcado, por una sociedad de mujeres y hombres libres e iguales.
Igualmente hacemos nuestra la lucha del movimiento pensionista, en defensa de un sistema público de pensiones que, con vistas al presente y al futuro, sea cofinanciado con cargo a los impuestos, jubile a nuestros mayores a una edad digna, garantice la revalorización de las pensiones conforme al IPC, no penalice más la jubilación anticipada y elimine el factor de sostenibilidad. Por un descanso digno y merecido para nuestros mayores y por un trabajo garantizado, estable y de calidad para nuestros jóvenes. No a las recomendaciones del Pacto de Toledo y al negocio de bancos, aseguradoras y fondos de inversión a costa de nuestra jubilación.
En la misma línea, frente a la lógica mercantilista y privatizadora de los mercados, seguiremos defendiendo una educación y sanidad públicas, dignas, universales y de calidad, así como la nacionalización y gestión pública de los sectores estratégicos (transporte, banca, energía, agua, telecomunicaciones, etc). Porque el bienestar de las personas está por encima de los intereses de las grandes corporaciones.
No podemos perder de vista la grave amenaza que supone para nuestros derechos la Ley Mordaza, que condena a las clases humildes, y en especial a los colectivos más vulnerables, a sufrir en silencio los estragos de la pobreza, el desempleo, la desigualdad, la precariedad y la exclusión social, sin derecho a réplica y criminalizándolas por ello.
Por último, no bajemos la guardia ante el auge del fascismo, que alimentado por el miedo, la desesperanza y la desinformación, avanza imparable sembrando odio e incertidumbre y tratando de minar todos y cada uno de los derechos sociales y laborales logrados con muchísimo esfuerzo, dolor y sacrificio. No permitamos que la historia se repita. Está vez no pasarán.
POR TODO ELLO, FRENTE A LA PRECARIZACIÓN DE LAS CONDICIONES DE VIDA Y TRABAJO, LA MERCANTILIZACIÓN DE LO PÚBLICO Y LA AMENAZA CONTRA LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES
UNIDAD, SOLIDARIDAD Y LUCHA OBRERA ¡RECUPEREMOS LAS CALLES!
