Mientras seguía reunida la asamblea del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa para una votación tan trascendente como la adjudicación del contrato de la incineradora, numerosos manifestantes protestaron en las calles de Donostia contra el proyecto y exigiendo su paralización por las consecuencias medioambientales y por el impacto económico de deben soportar los municipios.
La asamblea del Consorcio de Residuos ha aprobado con el apoyo del gobierno foral (PNV y PSE), la adjudicación de la construcción, gestión y explotación de la incineradora por un total de 768 millones a la UTE formada por Urbaser y las empresas guipuzcoanas LKS, Moyua, Murias y Altuna y Uría.
Para los colectivos convocantes de la manifestación la incineradora «contraviene la normativa europea» sobre reciclaje y es la peor de las soluciones para la gestión de los residuos urbanos ya que es el método más nocivo para la salud, el medio ambiente y la economía de donde se implanta.
El proyecto de nueva incineradora que abandera el actual Gobierno de Gipuzkoa esconde detrás claros intereses políticos e ignora por completo el interés general. Además, generará importantes beneficios a la empresa encargada de la planta y de paso a sus colaboradores necesarios.
Con esta licitación, los políticos del PNV y del PSE, han firmado contratos que garantizarán ingresos y pagos de dinero público a los gestores de Zubieta, más allá del año 2050, como ya sucede con la incineradora de Son Reus en Mallorca. Se da la paradoja que aunque en un futuro la ciudadanía de Gipuzkoa reciclara el 100% de sus residuos (y no llevaran nada a quemar a Zubieta), tendrían que seguir pagando la planta.
