Las asociaciones de víctimas del amianto han convocado hoy concentraciones en Bilbao, Gasteiz, Donostia, Iruña, en Galicia, en las puertas de distintas empresas con más casos de enfermedades causadas por este mineral (Michelin de Vitoria), en otros sitios como Metro Madrid, Metro de Barcelona, Navantia en Cádiz, o RTVE y ante el Congreso de los Diputados por la creación de un fondo de compensación que sea contemplada en los Presupuestos Generales del estado
El colectivo de personas que han trabajado expuestas al amianto presentan probabilidades mucho más elevadas de desarrollar enfermedades potencialmente mortales, especialmente diversas formas de cáncer, que el conjunto de la población que no ha trabajado en contacto con este material, calificado como cancerígeno por la OMS desde la década de los setenta y prohibido en la UE por su peligrosidad para la salud humana”.
Al menos 1900 las muertes que anualmente se producen en el Estado español por causa exclusiva del amianto, sin olvidar que otros estudios elevan este coste en vidas humanas más allá de las 7000 defunciones anuales. Además, en el caso de la exposición al amianto el riesgo para la salud no finaliza con el cese de la actividad laboral, dados los largos periodos de 30 a 40 años, están en riesgo de que en cualquier momento se desarrolle un cáncer de pulmón o un mesotelioma, que es un cáncer sin tasa de supervivencia.
En España la lucha por un fondo de compensación para las víctimas del amianto está siendo larga y llena de obstáculos, en 2011, 2012y 2016 se presentaron por parte de varios grupos parlamentarios una proposición no de ley que no llegó a prosperar. En diciembre de 2019, el Parlamento vasco presentó, por última vez hasta ahora, una proposición de ley para la creación de este fondo de compensación que a día de hoy sigue bajo estudio en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
El 13 de abril, el Pleno del Congreso tomó en consideración el proyecto de ley, con el sí de todos los grupos parlamentarios y con la abstención de Vox. El Gobierno ha ido prorrogando sin justificación la fase de presentación de enmiendas, impidiendo que el proyecto pueda finalizar su trámite parlamentario, denuncian las asociaciones de víctimas del amianto y recuerdan que recientemente Unidas Podemos reclamó públicamente que los futuros Presupuestos Generales incluyan una partida
El pasado 20 de octubre el Parlamento Europeo aprobó una resolución , donde se solicita a la Comisión que presente “una estrategia europea para la retirada de todo el amianto” presente en territorio europeo y establezca “normas mínimas para los procedimientos de reconocimiento e indemnización de las víctimas”. Así mismo, insta a ampliar el listado de enfermedades cuyo origen pueda estar en la exposición al amianto y la adopción de medidas por parte de los Estados miembros para garantizar “un acceso efectivo a la justicia y una reparación por todos los daños a la salud”.
Esta resolución además contempla que se realicen unas mayores tasas de diagnóstico, planes generales de desamiantado, atención a las víctimas ambientales, fondos públicos de compensación, saneamiento íntegro de la red de distribución de aguas potables para evitar que pueda ser un foco de exposición, reconocimiento para las enfermedades profesionales, obligación de de realizar un diagnóstico sobre la presencia de amianto en edificios y viviendas…medidas que, en conjunto, constituyen un verdadero plan de choque frente al amianto. Pero que contrastan vivamente con la actual situación de las víctimas del amianto en el Estado español, empezando por la intolerable tasa de infradiagnóstico que provoca que más del 95% de los casos de enfermedades causadas por el amianto queden huérfanos de reconocimiento, situando a España a la cola de la UE en este apartado.
España tampoco cuenta con el fondo de compensación para las víctimas del amianto que el Parlamento Europeo reclama a la Comisión, que convierta en preceptivo para todos los estados miembros y que ya existe en países como Francia, Bélgica u Holanda. Y ello a pesar de que hasta en tres ocasiones el Congreso de los Diputados ha aprobado su tramitación sin que haya llegado a materializarse.
