Se refuerza en los presupuestos del 2022 el plan de Escrivá para crear un macrofondo de pensiones complementarias de empresa gestionado por empresas privadas y avalado por el Estado (EPSVs). Es una de las recomendaciones del Pacto de Toledo, que lleva a la generalización de los planes de empresa, un sistema de previsión complementario público-privado negociado en las empresas con participación de los sindicatos, que Escrivá quiere que llegue al 80% de la población activa, a 13 millones de trabajadores, en 2030.
En los presupuestos de 2021, el Gobierno bajó de 8.000 a 2.000 euros el tope de aportaciones deducibles para los planes individuales. Y para 2022, lo volverá a bajar hasta los 1.500 euros. Entre las razones de estas reducciones, el Gobierno aduce que los privilegios fiscales de los planes individuales son “regresivos” ya que los suelen disfrutar las rentas más altas y la terminan pagando todos los contribuyentes. Sin embargo, en ambos presupuestos se potenciaron al mismo tiempo con más ventajas fiscales los planes colectivos de empresa, privativos para las personas con trabajos precarios y pueden suponen uno de los mayores ataques al sistema público de pensiones de los últimos años. En estos presupuestos, las aportaciones máximas a los planes de empresa con derecho a deducción subirán de los 8.000 euros a los 8.500 euros.
El plan de Escrivá supone derivar las cotizaciones del sistema público a fondos privados, sustituir el actual sistema de reparto por otro mixto, donde las pensiones públicas serán reducidas, complementadas por un sistema de capitalización, no accesible para las personas con trabajos precarios, impulsando los fondos de pensiones privados de empresa, para los cuales se quiere implicar a los sindicatos por la negociación colectiva, alimentando el sistema financiero con parte de los recursos que ahora se dedican a las pensiones.
Este modelo de previsión social y de ahorro privado nunca ha terminado de cuajar. En España, apenas el 16% de la población tiene un plan privado de pensiones, una cifra equivalente al 13% del PIB, unos 118.000 millones de euros. Muy poco comparado con los 20 billones de dólares que tiene la población estadounidense en pensiones privadas, casi el 96% del PIB del país. En Holanda, el conjunto de planes privados supone el 180% del PIB.
Este modelo solamente ha cuajado en el País Vasco, así Geroa, la EPSV modelo que opera en el País Vasco y que el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, pretende generalizar y potenciar en el resto de España, se fundó a mediados de los años 90 en el sector del metal guipuzcoano, con el apoyo de ELA, LAB, CC.OO. y UGT, donde cada aportación del trabajador es complementada por la empresa.
Geroa actualmente se encuentra en litigio por 800 socios que reclaman el rescate de la totalidad de sus aportaciones realizadas a lo largo de décadas, de la primera generación numerosa de jubilados quiso rescatar su capital y les fue denegada esa opción ya que sólo podían hacerlo a través de una renta mensual, para los próximos 25 años. Los 113.000 trabajadores que integran la EPSV Geroa se sienten ahora engañados por unas condiciones que han cambiado, sin que nadie les comunicase nada al respecto.
Esta medida confirma los planes del ejecutivo en materia de pensiones, contrasta con la falta de información y concreción de la segunda parte de la negociación de las reforma de pensiones, que debería resolver entre otros el reemplazamiento del derogado factor de sostenibilidad —que reducía la pensión a medida que aumentaba la esperanza de vida— y el macrofondo de planes de pensiones de empresa avalado por el Estado y gestionado por los grandes bancos y fondos privados y la propuesta recogida en el pacto de pensiones de julio de crear una Agencia Estatal de la Seguridad Social en el plazo de seis meses.
