Un total 600 empresarios fueron condenados con sentencia firme en 2022 por delitos penales contra los derechos de los trabajadores. Es decir, por tener trabajando ‘en B’ a parte de la plantilla, por negarles cuestiones básicas como las vacaciones mínimas reconocidas por ley, por poner en peligro su integridad física al no cumplir con las protecciones y los protocolos de seguridad o coartar su libertad sindical, entre otros.
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