Consumado el chantaje de PSA-Opel, pero ¿será el último?
El grupo francés ha incumplido las promesas realizadas de conservar los puestos de trabajo y las condiciones de los mismos, y en tan solo diez meses ha puesto sobre la mesa la amenaza de desmantelar la planta, con el único fin de conseguir sus objetivos financieros
La flamante multinacional francesa, nueva dueña de la “locomotora de Aragón”, ya es conocedora de su poder, tanto por el porcentaje que supone para este territorio el número de puestos de trabajo asociados a Opel –propios y en empresas auxiliares y de transporte–, como por las múltiples alfombras rojas que el gobierno aragonés se han empeñado en poner a sus pies.
El actual propietario ha abandonado las buenas palabras iniciales, asimilando esa alfombra roja como lo que es, un símbolo de sumisión por parte de los gobiernos, no solo el aragonés, también el español, y una señal de que en la relación bilateral económico-política quien manda es, sin ningún género de duda, Carlos Tavares, director del Grupo PSA.
Hasta tal punto leyó con audacia esa posición de poder que, siendo un recién llegado, lanzó sin dudar una propuesta de convenio colectivo que proponía una reducción salarial del 6% para el año 2018 y congelación salarial hasta el año 2022, aumentando los turnos productivos de la planta de Figueruelas de 15 a 18, así como el número de fines de semana que tienen que trabajar los empleados, que pasaría de 15 a 20, incluyendo el sábado por la tarde como jornada laboral. Por si fuera poco propuso reducir las pausas entre los turnos, tanto por la mañana como por la tarde, de 40 a 22 minutos y la del bocadillo de 18 a 15. Vamos, declarando una guerra.
Evidentemente fue rechazado por los sindicatos, tanto por los mayoritarios CCOO y UGT, como por los cada vez menos minoritarios CGT y OSTA. El caso es que esta postura sindical no gustó a la empresa y los de Tavares, siempre conocedores de donde está el mango de la sartén, optaron por la tremenda, amenazar con llevar la producción del nuevo Opel Corsa –la mitad de la producción en Figueruelas– a otra factoría de la multinacional. Una escalada más en la guerra que convertía la negociación del convenio en chantaje.
La amenaza surtió exactamente el efecto deseado por PSA. El poder político, amagado hasta ese momento, corrió a tratar de encauzar la negociación. Javier Lambán participó en una reunión de urgencia con empresa y sindicatos. Moncloa se apresuró a llamar a la multinacional y pedirle que rebajase la tensión, lo que se podría entender como: porfa, porfita, no te lleves el Opel Corsa que son miles de puestos de trabajo.
Los sindicatos por su parte siguieron en la negociación, y los mayoritarios –UGT y CCOO– llegaron a un preacuerdo que los minoritarios –CGT y OSTA– rechazaron. El acuerdo prevé congelación salarial para 2018. Después, subidas del 50% del IPC real para 2019 y 2020 y del 60% para 2021 y 2022. Además incluye trabajar 40 sábados, jubilaciones casi forzosas con planes de jubilación a la carta según aceptación de plazos, horas extras obligatorias y abrir la puerta a la más absoluta eventualidad a las nuevas contrataciones. Vamos, lo que se dice un auténtico retroceso en derechos laborales y un gran avance para la flexibilidad demandada por la multinacional.
Aun así se consiguió que este preacuerdo fuera refrendado por la plantilla, eso sí, los sindicatos mayoritarios se negaron a informar a la misma en asamblea, algo que ha sido duramente criticado por CGT y OSTA. El resultado 2.827 trabajadores y trabajadoras asumían el preacuerdo votando ‘Sí’ frente a 2.008 que decían que ‘No’ al mismo, participando cerca del 90% de la plantilla. Y voilá! Chantaje consumado.
La consejera de Economía, Industria y Empleo, Marta Gastón, trasladaba la “inmensa alegría” del Gobierno de Aragón y el “alivio” que suponía este resultado: “Satisfacción por lo que significa para Aragón este resultado y por lo mucho que había en juego”, advertía la consejera, sin añadir ninguna palabra de lamento por los recortes laborales que suponen la aceptación de estas nuevas reglas. Tan sólo su confianza en que “los esfuerzos que contiene el acuerdo para los trabajadores y trabajadoras se vean compensados con creces” con el cumplimiento del plan industrial y de los compromisos adquiridos por la empresa durante la negociación. Lambán, por su parte lanzó un tuit. Una reacción del gobierno aragonés que viene a significar: pfiuuuu, de la que nos hemos librado, y tan solo había que bajar el poder adquisitivo y recortar derechos a 5.000 trabajadores y trabajadoras.
Eso partiendo de la base de que no ha habido alguna prebenda pública de por medio que no haya trascendido y que podamos llegar a conocer más tarde, pues no será la primera ocasión que ocurre con la planta de Figueruelas.
Este es tan solo un breve resumen de cómo ha comenzado el cuento de PSA-Opel en Figueruelas. Con fuerza. Diez meses después de su llegada ya ha conseguido poner el corazón en un puño a más de uno. Conocedora de su poder, sabe que el chantaje funciona y que, en esta ocasión, su productividad y beneficios están a salvo gracias a contraer los derechos laborales de su plantilla. Pero también atisba que si un día los trabajadores y trabajadoras no tragan, será el poder político el que garantice sus ganancias, con dinero de todos. Así pues, primer chantaje de PSA realizado –celebrado y jaleado además desde los poderes políticos–, pero ¿será el último? Me temo que no.
Fuente: ARAINFO