Durante los momentos más duros de la pandemia, la patronal privada desapareció del panorama. Realizó ERTEs e incluso llegó a cerrar muchos de sus centros sanitarios. Pero al olor de los 140.000 millones de euros de los fondos europeos de recuperación, ha resucitado milagrosamente y ahora la sanidad privada aparece como la salvadora y la sustituta perfecta de todas las debilidades del sistema público.
Para ello, resucitando el viejo mantra tantas veces invocado de la “sostenibilidad del SNS”, proponen una nueva trasfusión, o lo que es lo mismo, un nuevo (¿y van cuantos?) trasvase de fondos públicos a sus bolsillos.
En su informe 1, ni se sonrojan ni disimulan su cinismo al afirmar que “todas las empresas del sector sanitario y social español han mostrado un fuerte compromiso con la sociedad y han colaborado y cooperado de manera efectiva, jugando un papel fundamental para luchar contra la pandemia y sus efectos…”. La desfachatez no tiene límites, llegando a defender que el papel del sector privado (sanitario y sociosanitario) en la crisis ha sido “crucial”. Así es, es cierto que su papel ha sido crucial en la masacre de las residencias: sus plantillas al mínimo y la escasez, cuando no inexistencia, de sanitarios en muchas de ellas. Su falta de escrúpulos y la connivencia de los gobiernos central y autonómicos hicieron la mezcla perfecta para el coctel letal. Situación que 9 meses después de la primera ola, no parece preocupar al gobierno central. No ha tenido (¿?) tiempo de aprobar por la vía de urgencia una ley que permita cambios imprescindibles en el funcionamiento y la comunicación sobre los centros de atención a nuestros mayores. Centros que no olvidemos, son objeto de negocio de órdenes religiosas ancladas en el siglo XIX, cuando no de fondos de capital riesgo.
Según las hermanitas de la caridad de la CEOE, “sin embargo, esta puesta a disposición de instalaciones, material sanitario, recursos profesionales y de servicios, no ha conllevado ninguna contraprestación, lo que ha provocado un coste extraordinario para estas empresas” (mentir es lo único que hacen gratis….) por lo que exigen financiación suficiente a través del “fondo de reconstrucción y resiliencia que recibirá España”.
Para ello proponen:
- Más “colaboración público privada” para garantizar la “sostenibilidad del sistema sanitario”.
- Plan de choque para aligerar las listas de espera(quirúrgicas, de pruebas diagnósticas, de consultas, tratamientos, etc.); reforzar el importante papel a jugar por las Mutuas y Servicios de Prevención Ajenos y dándoles la posibilidad de realizar pruebas diagnósticas de la sanidad pública, así como el acceso a la historia clínica…para que los pacientes “no dejen de acudir a sus centros médicos, evitando así las consecuencias en la salud que pudieran derivarse de los retrasos o falta de atención sanitaria a tiempo”. Es decir, mientras los centros público-estatales continúan estrangulados económicamente, se generan pavorosas listas de espera con las que se forrarán estos samaritanos.
- Deducciones fiscales para las empresas.
- Renovación de nuestro SNS, que debe reorganizarse bajo un enfoque de “Salud Única” (sic), así como “una adecuada dotación presupuestaria para el SNS”, es decir incremento del gasto sanitario que lógicamente no irá a los centros de gestión directa, sino que acabará en sus cuentas de resultados. Es decir, mayor saqueo del sector público.
- “Necesidad de proteger y promover el sector de la industria farmacéutica y de los medicamentos”, como si estuvieran poco protegidos ya. Su “nivel de protección” ha quedado claro en los últimos años con los pelotazos del Tamiflu (gripe A), Sovaldi (hepatitis C), y en estos momentos con el Remdesivir (Covid-19) y el fabuloso negocio de las vacunas que se aproxima.
Solo queda por ver como el “gobierno progresista” justificará este nuevo desvío de dinero hacia estos parásitos. Algo que se producirá con toda seguridad dado el actual marco jurídico, mantenido contra viento y marea por aquellos que pretendían asaltar los cielos. La estrategia parece clara, con la unanimidad de todo el arco parlamentario. Se está llevando hasta el límite al sistema sanitario público y a sus profesionales, provocando que la falta de asistencia a otras patologías (que eran las que ya llenaban las consultas antes del covid) provoque resultados en muchos casos fatales. Al mismo tiempo, sus medios de desinformación nos bombardean continuamente con el único problema que al parecer existe: el Covid-19, generando cada vez mayores niveles de pánico; y sobre todo, nos inundan de anuncios de variadas ofertas de seguros privados que nos prometen la medicina del futuro a módicos precios.
Ahora más que nunca es necesaria la mayor unidad posible para ir articulando alianzas en todo el estado, para derogar las leyes estatales que hacen legal lo que están haciendo tanto gobiernos autonómicos de todos los colores como el gobierno central que lo permite.
Leyes que nos afectan a todxs y que permiten el saqueo y la destrucción del sistema público de salud. La expulsión de la empresa privada y del lucro del SNS, la creación de un sistema de farmacia público y la democratización del SNS son objetivos posibles que solo dependen de la movilización popular, y son la única forma de garantizar una sanidad de calidad, universal y con toda seguridad más barata.
[1] El sector empresarial sanitario y social frente al Covid-19. Comisión de sanidad y servicios sociales. CEOE. Octubre 2020
Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad (CAS)