Con el salto a los CDR, el proceso soberanista catalán vuelve a superarse a sí mismo, y a las formas políticas actuales del resto de estados similares.

En una inesperada recuperación del espíritu libertario catalán, que culmina magistralmente con la construcción épica de la silenciada Revolución Social Catalana de 1936, o la Revuelta Remença, en 1480, el proceso pasó de la sociedad civil (referéndums de Arenys & co, primeras grandes diadas indepes con millones en las calles), a la esfera política y parlamentaria, y a la movilización coordinada desde dos grandes organizaciones civiles, Omnium y ANC, lo que ya en sí es una gran innovación en relación al entorno geopolítico. Pero hoy encuentra buena parte de su impulso y fuerza renovada en los barrios y en la ciudadanía completamente auto organizada con los CDR, donde no hay jerarquías, presidentas, ni organizaciones centralizadas.

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Con abuso de esquematismo solemos hablar de violencia solo y exclusivamente cuando se producen hechos y actos que causan daños a personas o bienes por parte de personas físicas. Pero se trata de un concepto reduccionista. Ciertamente, existe una utilización legítima de la fuerza como derecho de defensa. Y luego hay un uso ilegítimo cuando se emplea la violencia contra gente pacífica, venga de donde viniera la agresión.

Aunque normalmente esa licencia forma parte de las prerrogativas de los Estados, el paradigma de la abstracta personalidad jurídica. Ocurre así desde el momento en que las atribuciones que sustentan su soberanía pierden su base democrática, convirtiéndose en simple Estado de Leyes. La dictadura franquista abrazaba ese modelo porque, llegado el caso, usaba el poder del Estado contra sus propios ciudadanos (que el paternalismo del régimen eximia de ser a la vez contribuyentes directos). Operaba, pues, como una amenaza permanente sobre sus administrados.

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Hace unos días me contaba un colega muy bien informado -una de esas fuentes que nunca falla- que dirigentes del PNV habían trasladado al Partido Popular que para llegar a acuerdos entre ambas formaciones sería deseable que los populares no azuzaran en público con el caso De Miguel, uno de los mayores casos de corrupción que afecta a los nacionalistas. Una trama -que se juzga desde hace semanas en Vitoria- por la que están sentados en el banquillo exdirigentes del PNV y cargos del Gobierno de Ibarretxe, acusados de cobrar comisiones ilegales y adjudicar contratos irregulares.

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