La Ley 27/2011 de Zapatero, pactada entre casi todas las fuerzas políticas y los sindicatos del régimen, más la Ley 23/2013 del PP que regula el factor de sostenibilidad y el Índice de Revalorización del sistema de Pensiones de la Seguridad Social, han supuesto, la primera una rebaja media en torno al 20%, mientras que la segunda reforma del 2013 sumará una pérdida adicional del 15%, por la reducción de la pensión media nominal tras la jubilación.

El “sacrosanto déficit” conlleva un apalancamiento de las políticas denominadas de “consolidación fiscal” o, en términos sencillos, políticas de robo y expolio de los derechos sociales, siendo uno de los factores en las cuentas generales del Estado, que desvía miles y miles de millones del gasto social (pensiones, educación, sanidad y dependencia fundamentalmente) para cumplir con los compromisos con Bruselas.

Los gobiernos de turno, desde el 2011, cuando abordan la reforma del artículo 135 de la CE (se garantiza el pago de los intereses y principal de una deuda ilegítima e ilegal, pues es la deuda de los banqueros y especuladores), se enfrentan al siguiente dilema: o bien aplicar recortes en el gasto o bien subir los impuestos directos y/o indirectos para obtener mayores ingresos.

El problema, el financiero, por “ley”, obliga a las cuentas de la Seguridad Social a tener cuanto menos equilibrio, es decir, los ingresos menos los gastos, debieran ser 0, o tener superávit, de lo contrario, las revalorizaciones de las pensiones, con independencia del coste de vida (IPC), solamente se actualizarán en un 0,25%.

La Seguridad Social, sujeta a esta “regla sagrada del mercado”, ante la destrucción de millones de empleos desde el 2011, la bajada de las cotizaciones empresariales a través de las subvenciones y las reducciones, las tarifas planas, la expulsión de cientos de miles de cotizantes de las personas “cuidadoras” por ley de Dependencia y el menor ingreso, debido a que los cientos de miles de asalariados y asalariadas que entran al mercado de trabajo desde el 2011 lo hacen con salarios cercanos al SMI, colocan al sistema público de Seguridad Social en déficit continuo y permanente, al menos hasta el 2022.

Todos estos factores políticos, es decir, decisiones políticas adoptadas por los gobiernos del PSOE y del PP conjuntamente con Bruselas, ha conllevado un deterioro de las cuentas públicas, y se le imputa a la Seguridad Social un déficit cercano al 1,5 del PIB a finales del 2017, es decir, cerca de 18.500 millones de euros.

Contraviniendo el artículo 50 de la CE “Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad…”, se decide reducir aún más el “gasto en pensiones” (ya se han reducido sustancialmente con el alargamiento del periodo de cálculo, con el retraso en la edad de jubilación…), por medio de incrementar las pensiones solamente en el 0,25%, lo cual ha servido para financiar parte del agujero del “déficit” y, desde el 2019, aplicar el factor de sostenibilidad para todas las personas que se jubilen a partir de ese año.

El factor de sostenibilidad, más allá de la “fórmula pseudo -científica”, es lisa y llanamente una reducción en origen de la pensión, al establecer el cálculo de la misma en función de la esperanza de vida a ese momento y el que no se debe percibir más que las generaciones anteriores. Es decir, se cobrará menos al mes pero durante más años.

Concluyendo, la Seguridad Social, nuestro sistema público de Pensiones, ha sido quebrado de forma premeditada y metódica por parte de los partidos gobernantes desde 1980 y por casi todo el arco parlamentario desde 1995.

Las personas pensionistas, así como las clases obreras en activo, no hemos sido capaces de generar movilización social suficiente para parar este robo de uno de nuestros derechos fundamentales, más si tenemos en cuenta que el 38% de los hogares españoles dependen del perceptor principal que es pensionista.

Quebrar el sistema público de Seguridad Social tiene un objetivo para nada escondido: mercantilizar y entregar a los mercados privados (banqueros y aseguradoras) el 45% de la partida del gasto social que actualmente se dedica a las pensiones públicas. Los privilegiados: mercados, empresarios, ejecutivos, capital, se desligan de la obligación de cumplir con el principio de solidaridad, no contribuyendo a la caja común por medio de mecanismos de elusión fiscal que el sistema “legal” les permite.

El empobrecimiento de las personas pensionistas actuales (9 millones de pensiones) se refleja en que, más de 5 millones perciben una pensión menor del SMI, y con la NO subida de las pensiones según el coste de vida -cuando no la congelación- y la bajada en origen de la pensión para todas las personas que se jubilen a partir del 2019, nos encontraremos en un futuro-presente donde la desigualdad y el empobrecimiento serán las señas de identidad para la mayoría de la población.

CGT considera que se hace necesario una MOVILIZACIÓN social fuerte y radical para “salvar” el derecho social más fundamental: LAS PENSIONES PÚBLICAS UNIVERSALES y SUFICIENTES.