El Equipo de gobierno del Ayto de Pamplona quiere hacer desaparecer de un plumazo años y años de trabajo comunitario con la infancia, la adolescencia y las familias en 8 barrios de Pamplona, proponiendo un cambio de modelo llamado Coworkids que no respeta los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, retirando para ello las subvenciones a los equipos comunitarios que llevan haciendo este trabajo desde hace más de una veintena de años. Un trabajo nacido desde abajo, desde la calle y los barrios, desde el contacto con las personas y las redes vecinales. Todo esto para que sea efectivo a 1 de enero de 2021.

Ante esta situación, y como ya hicimos en junio, desde CGT mostramos nuestro apoyo y ofrecemos nuestro acompañamiento a estos equipos y familias para colaborar en que vuelva la normalidad también a nuestros barrios y que la pandemia no se aproveche para fagocitar lo público, la red social, lo comunitario. No es baladí que lo hagan en estos momentos de agotamiento y miedo de la ciudadanía, lo cual demuestra lo ruin y sucio de sus maneras de actuar. La educación de los y las menores está en juego, una educación inclusiva, igualitaria, basada en el diálogo, en el fomento del pensamiento propio, en la coeducación, la libertad, la cooperación, el fomento de la cultura y el deporte y donde el dinero no centraliza las relaciones.

No obstante, empezaremos por agradecer al actual equipo de gobierno del ayuntamiento de Pamplona el que muestren tan a las claras lo que son. Los aires que vienen del Estado, las alas que está cogiendo el fascismo en él, han envalentonado a la derecha navarra y ya no les hace falta esconder lo que son. En un acto de sobreactuación extrema han dado un golpe en la mesa, como les gusta a ellos y ellas y han dejado bien a las claras la forma que quieren darle a nuestra ciudad. Pero cuidado, sus votantes deberían saber que así, ellos y ellas, también perderán la esencia de lo que significa ser de aquí, seremos más americanos, no hay más que ver el video de presentación del nuevo proyecto que quieren sustituya al actual modelo. Proponemos al equipo de Maya que en lugar de llamarle coworkids le llamen claramente “coVOXkids” se acercará más a lo que realmente es, un modelo diseñado para gente que no es real. Hablarles de solidaridad, de generosidad, de entrega, de voluntariado, de participación, de libertad de pensamiento, etc…es como hablarles en arameo, así que huelga decir, todo lo que se pierde con su propuesta, ¡no lo van a entender!

En esa presentación, María Caballero, dejó patente cómo la política navarra se va “ayusizando”; fue evidente cómo no hace falta conocer de lo que se habla para presentarse delante de un micrófono y decir cosas sin ningún fundamento, algo tan de aquí eso de “tener fundamento …”

Pero no solo es desconocimiento, también es una gran falta de respeto hacia la ciudadanía y hacia los propios servicios que el Ayto lleva años ofreciendo, trabajando con la infancia y adolescencia, sí los que el propio Ayto. ofrece. Su propio personal técnico les ha sacado los colores a través de un comunicado que invitamos a leer, se agradece enormemente que así lo hayan hecho. Navarra + dice querer ofrecer algo que lleva años existiendo, eso sí, atendiendo muchas veces a los y las que más lo necesitan, quizá este sea el matiz que lo cambia todo y esto sea lo que no les interesa.

Pero como señalamos en el título, “el bien ya está hecho”, son muchos los años que, en esta ciudad, gracias a los equipos de acción preventiva comunitaria, se ha venido funcionando, trabajando en, con y para los barrios, con sus gentes, las que están y las que vienen, las que tienen sus propias redes y las que no. Estableciendo un símil con el mundo de la navegación diríamos que un pequeño cambio en el rumbo al principio de un viaje supone con el tiempo llegar a un lugar muy diferente del que se parte. Son muchos los años que los equipos preventivos de los barrios establecieron su rumbo, hicieron ese pequeño gran cambio y el viaje ya se está haciendo, desgraciadamente para ustedes en 4 años de “gobierno”, no van a poder cambiar el destino del viaje.

Apelamos a la responsabilidad social y comunitaria de los partidos políticos. También ellos y ellas estuvieron en los orígenes de estos equipos de trabajo comunitario con los que ahora quieren acabar. Seguramente tienen mucho que decir y pueden con su voto poner en su sitio a quienes sin tener una mayoría absoluta gobiernan como si la tuvieran.

Extraído de: https://nafarroakosasunplataforma.blogspot.com/2020/10/salud-o-negocio-de-la-covid-19-en-las.html

A diferencia de otros países europeos la inmensa mayoría de nuestras empresas contratan servicios de prevención ajenos (SPA) para gestionar sus riesgos laborales. La eficacia de esta opción se muestra en que el Estado español sigue encabezando el ranking de siniestralidad laboral. A diferencia de otros países los índices de accidentes varían en relación directa a la fase del ciclo económico. Aumentan en la fase expansiva o se reducen con la contracción de la actividad. Llegó la pandemia y de los recursos preventivos se esperaba que acudieran a las empresas a asesorar en cómo prevenir y proteger a las plantillas en especial a aquellos colectivos que se iban manifestando como más vulnerables ante el nuevo virus.

Sorprendentemente en el mejor de los casos los SPA asesoraban a sus empresas concertadas sobre la aplicación de las medidas emanadas de las autoridades sanitarias vía telemática cuando no enviaban a su personal técnico a ERTE dado que las empresas de actividades no esenciales estaban clausuradas. ¿Y las actividades no paralizadas? ¿Y la preparación de la vuelta al trabajo? El Gobierno de Navarra en la desescalada de la actividad de los sectores de industria y de construcción asignó la coordinación ejecutiva de dichos servicios al Servicio de Salud Laboral y este ordenó a los SPA a enviar a su personal técnico a visitar las empresas de ambos sectores con instrucciones concretas para ayudar a estas en garantizar un trabajo seguro. En Navarra el porcentaje de brotes covid-19 de origen laboral es sustancialmente menor que en el conjunto del Estado.

No obstante, el sistema de SPA, constituido por empresas privadas, ha transformado la aplicación de las medidas preventivas frente a la covid-19 en una oportunidad de negocio. Estos servicios entienden que lo que no está incluido en el contrato de sus servicios no debe ser atendido. Su objeto no es resolver eficazmente las exposiciones a los riesgos de las/os trabajadores para evitar daños, como hacen los sistemas preventivos públicos o propios de las empresas, sino aumentar su propia rentabilidad.

Así se entiende que cobren cuantiosas sumas a las empresas ante la sobrevenida pandemia por formar a las plantillas en cómo lavarse adecuadamente las manos o usar los Equipos de Protección Individual, elaborar planes de contingencia contra el virus o proponer la cuestionable realización de PCR de manera generalizada. Algún SPA incluso hace negocio con la provisión de mascarillas. Estos negocios de prevención no están en crisis, recientes datos muestran su muy elevada rentabilidad.

Mientras, ni Inspección de Trabajo ni la Autoridad Sanitaria ni la Autoridad Laboral parecen disponer de instrumentos legales de sanción ante estas prácticas que se entienden abusivas.

Se ha hablado de la necesidad de repensar el sistema de cuidados, de fortalecer y mejorar el sistema público de salud, de reforzar la protección social, de terminar con la precariedad en el empleo, de encarar las desigualdades sociales etc. Es momento también de idear otro sistema preventivo. La salud de las y los trabajadores y de las propias empresas va en ello.

Plataforma Navarra de Salud/Nafarroako Osasun Plataforma

No hace ni un mes que ZF-TRW Pamplona, se vio obligada a finalizar el ERTE de fuerza mayor y ya está ofreciendo a la plantilla la realización masiva de horas extra durante, al menos, el resto del año con el fin de llegar a las producciones programadas. Por lo visto, ni siquiera la firma de la doble escala salarial en el último convenio por parte de CCOO, UGT, ELA y LAB (algo incomprensible hoy en día) es suficiente para que ZF-TRW deje de generar horas extras y contrate personas en el paro.

ZF-TRW, además de hacer uso de los 5 días de flexibilidad obligatoria que la plantilla debe realizar en sábados, domingos y festivos, está pidiendo personas voluntarias para trabajar más allá de esos días, con la advertencia de que en este año no podrán disfrutar de los días que generen (tal y como marca la ley). De hecho, se está pidiendo a los y las trabajadoras que dejen para el año que viene todos los días de fiesta posibles.

Desde hace años, desde CGT venimos denunciando que para evitar realizar nuevas contrataciones, se realizan lo que llaman horas acumuladas que no son sino horas extra encubiertas pues se rebasan las horas de trabajo anuales. Actualmente se acumulan más de 30.000 horas, lo que supone el trabajo de 17 personas durante todo un año.

ZF-TRW se ha acogido a la protección que el Gobierno le ha ofrecido a través de un ERTE de fuerza mayor, sustrayendo recursos del desempleo, argumentando que no había carga de trabajo durante estos meses pasados. Ahora que hay más del previsto, la empresa debería devolver en alguna medida la ayuda contratando personal, en vez promover la realización de otras tantas miles de horas. Sin embargo, la codicia de quienes dirigen esta planta no tiene parangón.

Por su parte, el Gobierno también podría tomar parte en este asunto pues el estatuto de los Trabajadores en su articulo 35, le habilita para prohibir las horas extras:

“El Gobierno podrá suprimir o reducir el número máximo de horas extraordinarias por tiempo determinado, con carácter general o para ciertas ramas de actividad o ámbitos territoriales, para incrementar las oportunidades de colocación de los trabajadores en situación de desempleo”.

Queremos apuntar también al efecto que tienen estas medidas de la empresa respecto a la prevención y seguridad frente a la Covid 19 pues, a pesar del aumento del peligro de contagio que van a suponer las jornadas extra que pretenden que realice la plantilla, se han retirado medidas preventivas que se instalaron en su día, sustituyéndolas por la entrega de una mascarilla de mayor protección. Mientras asistimos a un endurecimiento en las medidas preventivas en la sociedad (cierre perimetral de Navarra, cierre de bares y comercios, restricción de encuentros privados, etc), en ZF-TRW se hace todo lo contrario: se aumenta el número de trabajadores y trabajadoras en la cadena, trabajando a escasos 50cm. Resulta evidente cuáles son las prioridades de la dirección y hasta dónde llega el compromiso de la empresa con la protección de la salud de su plantilla y, por extensión, de la salud de sus familias y de toda la sociedad navarra.

Bien claro lo dejó recientemente el coordinador de prevención de la empresa: “esto es un negocio”, pareciendo ignorar el alcance de esta crisis sanitaria sin precedentes, en la que Navarra maneja unas cifras más que preocupantes. Ante esta situación, toda protección y prevención que se haga es poca.

Cada vez se apunta más a la necesidad de poner la vida en el centro, anteponerla a los beneficios empresariales. Por ello, ante el productivismo de ZF-TRW, defendemos la no realización de horas extra para así repartir el empleo y para poder proteger mejor nuestra salud.

Sección Sindical de CGT/LKN en ZF-TRW

El pasado día 17 de octubre se llevaron a cabo distintas movilizaciones en decenas de pueblos y barrios de todo el estado en defensa de la Sanidad Pública y en contra de los procesos de privatización de la misma. La convocatoria, impulsada por la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad (CAS), no se quedaba en el eslogan genérico, incluso vacío en ocasiones, en pro de una sanidad pública. Apuntaba de forma específica a la derogación del marco normativo que hace posible que hoy en día la salud sea un negocio para determinados grupos empresariales y financieros.

Por una parte, está el art.90 de la Ley General de Sanidad que es el que permite el modelo de concertación que, por ejemplo, hoy en día padecemos en Navarra. A nadie se le escapa que poco tiene de coyuntural la concertación de la prestación de determinados servicios cuando dicha actuación se viene prolongando durante décadas sin que quienes han gestionado el sistema público hayan tratado de avanzar en la asunción de dichos servicios directamente desde la red pública. En ocasiones, como ocurre con las resonancias magnéticas o con los quirófanos, ni siquiera se saca todo el rendimiento al equipamiento e instalaciones de titularidad pública. Así, la concertación supone una sangría constante de recursos económicos públicos y el sostenimiento de un sector privado que se lucra de las necesidades de salud de la población y que trata de ampliar constantemente sus espacios de actuación, su cuota de mercado.

Por otra parte, tenemos la Ley 15/97 sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, que permite que empresas privadas puedan gestionar centros sanitarios y sociosanitarios dentro del Sistema Público. Se trata de cesiones a cambio de la construcción y gestión de los centros cuyo coste final resulta muy superior que hacerlo de forma directa. Además el servicio que se ofrece, valga el ejemplo de Madrid, es de peor calidad pues cuentan con plantillas muy mermadas y se aplican criterios economicistas a la hora de dar atención, todo ello en aras del beneficio empresarial. Este modelo se ha extendido ampliamente en todo el estado a lo largo de los años y aunque en Navarra en el terreno meramente sanitario no padecemos este modelo de gestión, tenemos muy reciente la experiencia de Mediterránea de Catering con sus desastrosas consecuencias a nivel económico y de calidad. Otra amenaza que posibilita esta Ley 15/97 es la implantación de las llamadas Unidades de Gestión Clínica que pueden llevar a la fragmentación de los servicios de la red pública en una especie de pequeñas empresas reguladas por lógicas de mercado, que en algunas comunidades ya son una realidad.

Es la sanidad pública una valiosísima herramienta que tenemos como sociedad para garantizar un derecho como la salud desde la igualdad y la universalidad, valores en grave peligro hoy en día. Su defensa y mejora pasa por atajar las causas últimas de su deterioro, pasa por la derogación de las normas que la debilitan en beneficio del sector privado. Los enormes retos a los que nos enfrenta la pandemia de Covid 19 no hacen sino empujarnos a exigir con mayor decisión reformas de calado que blinden el sistema sanitario público pues, realmente, nos va la vida en ello.

Ruben Oneca y Maite Cisneros,

trabajadorxs de Osasunbidea y afiliadxs a CGT/LKN-Nafarroa

El nombramiento de los miembros del Consejo General del Poder Judicial que corresponden al Parlamento por mayorías cualificadas (tres quintos) es un problema pues conlleva que un determinado partido pueda bloquear su renovación, como en la actualidad ocurre, lo que es indicativo de que esos partidos no defienden nada más que sus intereses y en absoluto la calidad democrática, en este caso la calidad e independencia del Poder Judicial.
En la actualidad esta capacidad de bloqueo es un problema, pero es un problema coyuntural, que tendrían que resolver prestando más atención a criterios de competencia que a sus intereses. Resolverlo suprimiendo el requisito de mayoría cualificada, reduciéndola a mayoría absoluta podrá resolver la actual coyuntura, pero creando un problema mucho mayor y de más largo alcance. ¿Qué pasará cuando PSOE, o PP, o …, tengan mayorías absolutas, como las han tenido? A todos los miembros del Poder Judicial se les podrá exigir carnet del partido y juramento de fidelidad y acatamiento, como ahora lo hacen con sus parlamentarios y parlamentarias. Y pudiendo hacerlo lo harán, dado su habitual comportamiento de no mirar más que sus propios intereses.
Separar esos nombramientos del Parlamento sería necesario. Pero tampoco se puede dejar exclusivamente en manos de juezas y jueces, quienes también llevarían a cabo dinámicas de acumulación de poder que utilizarían en su propio interés. El que ese órgano sea nombrado y renovado por sorteo entre los jueces y juezas que cumplan los requisitos exigibles puede parecer absurdo, pero sería la solución menos mala y la que más garantizaría una independencia del Poder Judicial.
Pero más allá de este nombramiento y la solución que puede alcanzarse, la situación evidencia la escasa calidad democrática que padecemos y su permanente degradación. El que no haya en PSOE o Podemos ninguna voz en contra de esta arbitrariedad despótica –como no la hubo en su día en el PP, por ejemplo, en el apoyo a la Guerra (invasión) de Irak- resulta indicativo de la calidad de nuestra democracia partitocrática. Tenemos un Parlamento vacío de parlamentarios y parlamentarias, ocupado tan solo por un reducido número de marcas electorales. Los parlamentarios y parlamentarias sobran, no sirven más que para incrementar el gasto, y el bochorno. Un representante por marca electoral con el porcentaje de voto que le corresponda sería suficiente y evidenciaría la situación en que nos encontramos. Parlamentarias y parlamentarios no sirven más que para disfrazarla, para dar apariencia democrática a una realidad que de democracia tiene cada vez menos.
Lamentable, por otra parte, que el trabajo reformista del Gobierno se centre en la manera en la que protegerse a sí mismo de las embestidas de la oposición cuando afrontamos una dura crisis que no es solo sanitaria sino social, económica y ecológica y que hunde sus raíces mucho más allá que en el Coronavirus.
Hoy que las proclamas del 15M parecen viejas y olvidadas tendremos que tratar de rescatar su potencial de denuncia y transformación pues, definitivamente, no nos representan.

Chema berro, afiliado a CGT/LKN-Nafarroa