Los Sanfermines que las autoridades quieren imponer

nyopuntocero.es

Dentro de cuatro días empiezan las fiestas de mi ciudad y nuestra realidad se trastocará profundamente. Hubo un tiempo en que lo más parecido a la anarquía se vivía en la Vieja ciudad feudal del Obispo. Quizás necesitábamos esa válvula de escape para soportar el universo estrecho, gris y provinciano en el que vivimos. Pero con la globalización, el progreso, la televisión, y sobre todo, las dos décadas de ayuntamiento de extrema derecha, nuestras fiestas, famosas en el mundo entero, cada año van perdiendo su espíritu de juerga baska, y se están convirtiendo en un negocio de barra y publicidad, dejando por el camino la espontaneidad, la alegría, el sentimiento profundo de libertad, que son quienes realmente construyen la fiesta. De esta forma, le están poniendo límites al horario festivo de cada cual, a las dinámicas de siempre y a las nuevas, llevan años convirtiendo el encierro, carrera popular, en una prueba atlética para “divinos” que, con el tiempo, llevarán sponsor en sus camisetas, si no han empezado ya. Los precios no dejan de subir, el botellón de extenderse. Y los conciertos, son cada vez más mediocres.

No es de extrañar esta evolución, porque hace mucho ya que son los carcamales del ayuntamiento los que las organizan ellos solitos, no dan pie a la innovación popular, y no cuentan más que con aquello que no rechina con su manera de ver el mundo, tan estrecha, gris y provinciana como el cerebro de un obispo del s XVIII español, aparte de aprovecharlas para hacer España. Y entre todas las cosas que les produce urticaria y quebraderos de cabeza, la más insoportable para la cuadrilla municipal es todo aquello que refleja que Iruña-Pamplona, a pie de calle, sigue siendo la capital de Euskalherria.

En este contexto de mercantilización de la fiesta y de gobierno hegemónico de derechas, desde los primeros años del 2000, ha tenido lugar un proceso de criminalización de la ikurriña, bandera oficial de la Comunidad Autonómica Baska, pero que para mucha gente navarra también es un símbolo de pertenencia. El 6 de julio a las 12 del mediodía millones de almas se conectan al televisor para ver el estallido de la fiesta, en un fenómeno informativo quizás único en el mundo. Es el momento de mayor trascendencia, junto a los encierros, de la fiesta, y para las mentes neoliberales que rigen la administración, el mayor escaparate del que disponen en todo el año para lucirse y hacer negocio.

Todavía recuerdo, con profunda vergüenza ajena, cómo la anterior alcaldesa intentaba quitar, año tras año, protagonismo a la persona encargada de dar fuego al cohete que anuncia la fiesta. En su infinita vanidad, no podía dejar que ese momento mediático se le escapara de las manos, y además, así, la iban conociendo en la Corte. Desde el mandato de esa sargenta chusquera ultra-nacional comenzó una caza de brujas para que en las pantallas de todo el mundo no se vea la enseña que demuestra lo que niegan, que Iruña-Pamplona es baska. De esta manera, se ha implantado la presencia policial amenazante en las entradas de la plaza donde tiene lugar el famoso “Chupinazo”, y además de vidrio, buscan y requisan las banderas. Nunca había habido policía en el chupinazo, hasta hace unos años. Y ya es algo asumido, a pesar que el azul marino de sus uniformes hace daño en el mar festivo blanco y rojo.

Esto ha tenido como reacción que jóvenes independentistas intenten colarla en las cámaras, teniendo lugar altercados con las fuerzas del desorden público. En 2010 un joven madrileño sufrió un botellazo que le ha dejado secuelas de por vida en medio de una actuación de los municipales de Santamaría, versión sádica de la que en otros tiempos era una policía que no daba excesivos problemas a la población. Yo siempre he creído que si la policía no hubiera estado ahí, ninguna botella habría volado, y para mí la última responsabilidad es la del ayuntamiento de la ciudad que deja sueltos a macarras uniformados en una aglomeración humana, a la búsqueda del demonio basko y su bandera, arengados por un militar de frontera natural de Melilla y que, siempre he pensado, todavía cree que vive en la frontera de la cristiandad de la España Imperial. Un flipao, vamos. Y por otro lado, jóvenes independentistas hasta los huevos de tanto sinvergüenza, tanto ladrón y tanta mierda de vida sin sentido, también ellos cargaos de adrenalina y testosterona.

El año pasado unos figuras disfrazaos de mozo de peña pescador, colgaron minutos antes de las 12, con unas cañas de pescar, una ikurriña gigante que ocultó la fachada del ayuntamiento, el decorado del momentazo global publicitario, hasta que 20 minutos después pudieron recogerla, y seguir con la tragicomedia Sanfermines 2013. Lo peor de ese momento fue que el ayuntamiento, en toda su irresponsabilidad de estado, mierda, dejó una multitud 20 minutos más en una plaza que da para muchos incidentes. No pasó nada, porque la mayoría de la gente, de fuera, ni siquiera se enteró de lo que estaba ocurriendo. Pero administrativamente, fue una irresponsabilidad por orgullo patriótico. El año pasado el chupinazo debía haber amanecido tras una tela roja, verde y blanca. Pero ellos, aún a expensas de poner en peligro a mucha gente, lo sacrificaron por el time share. Patéticos políticos nacionalistas españoles y del Opus, organizando una bacanal, qué aburrimiento.

Este año el ayuntamiento nos ha regalado una imagen de la reunión que preparaba la “Protección Ciudadana” en las fiestas. Había policía de todos los colores. En primer plano la guardia civil y la policía nacional, dos tíos con el uniforme y el correspondiente letrero a su espalda, cogidos por detrás. De cara y enfrente, el incombustible Santamaría, jefe de la Policía Municipal y allá al fondo, como de figurante, lejos, muy lejos, el poder elegido por votación popular, el alcalde. Me ha parecido verle, que no sé muy bien, porque era el último mono de la foto y además es tan gris que creo que si lo viera por la calle, ni le conozco. Esta imagen es algo nuevo y provocador. Y va a ser que a Iruña-Pamplona la gobierna la policía española, y no un alcalde de extrema derecha, aunque la verdad que para el caso, lo mismo nos da. La imagen es como una muestra de fuerza, un alarde, a los Otros, esos fantasmas baskos que les acechan en el limbo del Territorio Comanche de mi ciudad, esos lugares donde los policías se sienten amenazados. Seguro que ponen algún madero en los tejados, sería para reírse si no fuera todo tan preocupante. Y que creen que harán los jóvenes independentistas que el año pasado ganaron por goleada? Puede que decidan hacer otra cosa, pero creo que lo intentarán. Y con razón, les llevan provocando todo el año a que lo hagan, porque las razones para estos vecinos de la ciudad siguen siendo las mismas.

El tema de las banderas es complicado. Se concentra en un trapo y unos colores una carga emotiva de millones de personas unidas por ello y que le dan fuerza como símbolo. Pero a veces se convierten en fronteras, guerras, excusas o encubridoras de los verdaderos problemas a enfrentar. Yo entiendo profundamente a mis hermanos que hacen esa “resistencia” de las banderas en el Chupinazo.

Cuando luchan por hacer visible ese trapo, luchan por todo lo suyo, y entonces la tela se convierte en un motivo en sí misma, y se llega a sufrir, y mucho, por ella, porque en realidad el sufrimiento es por su vida y la de su gente. Pero yo pienso en mis hijos y en el pasado y el futuro y para mí la lucha en San Fermín no está tanto en que la ikurriña salga en televisión como en conseguir mejorar la fiesta, hacerla más ecológica, más euskaldún, más participativa, que genere más cantidad de negocio, que nos haga a cuanta más gente y animales más felices. Pero eso supone una apuesta a largo plazo, con un trabajo multitudinario cotidiano. Y la cultura política nuestra busca el momentazo lleno de adrenalina con final mediático, quizás porque somos incapaces de generar ese proceso multitudinario cotidiano que supondría la unión de mucha más gente que la que engloban los partidos por separado, que supondría la unión de lo que hasta ahora se conoce como izquierda, sea del color que sea.

La fiesta es un momento social privilegiado. Son un motor cultural y económico, crean comunidad e identidad y nos hacen felices. Pero desde hace años las fiestas de mi ciudad están muy politizadas, desde cualquier ángulo. Y en crisis, por supuesto, como el resto del Universo. La maquinaria del estado ha ido royendo su naturaleza popular, a favor del negocio y el nacionalismo español. Y nosotr@s, la gente de la calle, hemos visto morir muchos lugares y momentos nuestros sin poder o saber remediarlo, y hemos visto crear un nuevo modelo festivo globalizado y mercantilizado. Ahora hay una gente joven aglutinada en una asociación que se llama Gora Iruña!

Y que busca la protección y promoción de la fiesta popular euskaldún dentro de los Sanfermines. Han conseguido, con un cartelazo de conciertos para este año, un espacio para la gente joven y euskaldún de mi ciudad y visitantes, un referente, un enclave donde quedar, beber, ligar y disfrutar de espectáculos, fuera de los circuitos musicales comerciales. Y por supuesto, abierto a toda persona que decida pasarse. Este lugar en medio de un parque, al lado de un río, debajo de unas murallas, es, entre bastidores, una organización de trabajo organizado de muchos jóvenes de la ciudad que se lleva a cabo durante todo el año y que aglutina a su vez a colectivos de todo pelaje en su interior.

Yo deseo para mi ciudad que lo de las banderas remita porque nos respeten como colectivo, que lo de la policía remita con un cambio de gobierno municipal que, aunque solo sea por higiene democrática, ya hace falta. Y que el espacio Gora Iruña! viva y se haga más fuerte y atractivo, y llegue a superar a anteriores modelos de espacio popular euskaldún sanferminero. Que sigamos insistiendo en hablar euskera por las calles, y que empecemos a beber más vino y sidra baskos y menos cubata imperialista, y que nuestros vasos sean reutilizables. Y que nadie lo pase mal en fiestas por ningún motivo, porque todos merecemos disfrutar de esos momentos únicos tan efímeros. Y que se pueda acampar por los parques, pero con responsabilidad y medios. Y que dejen de matar toros, aunque este, es otro tema…

Menos policía, Más diversión!

Julia Itóiz, la Chula Potra

extraido de: Noticias y ocio puntocero

Martes al Sol fiel a su cita

1 de julio, Martes al Sol, la asamblea popular, precaria y callejera no faltó a su cita. Ante la inminencia de los sanfermines, eṕoca en la que las agresiones sexistas se disparan, se contó en la asamblea con la participación de Lunes Lilas, para abordar las fiestas desde un punto de vista de género.

Ante el paro, los desahucios y la exclusión, participa en los Martes al Sol!!

Fotos y texto: Iñaki Gorriz

CCOO Y UGT bajan su representación. La traducción sindical del cambio político

Lento auge de las alternativas sindicales en la crisis.

“Estamos obsesionados con juntar un partido y realmente lo que necesitamos con urgencia es un sindicato”. Quizá la palabra clave de esta frase, pronunciada por el sociólogo César Rendueles sólo dos meses antes de la victoria de Podemos en las elecciones europeas, sea “urgencia”. Ése –la urgencia yla necesidad de “correr”– era el motivo citado por la promotora de Somosaguas para ‘dar el paso’. Tras el 25M, el tablero político se ha movido. ¿Y el sindical (o la urgencia por llevar la ruptura al terreno sociolaboral)?

Si miramos las aguas quietas del sindicalismo de concertación, poco parece haberse movido. La revista SinPermiso, en uno de sus análisis, reseñaba la reacción de UGT y CC OO ante las peticiones de un referéndum sobre el modelo de Estado tras la abdicación de Juan Carlos I. “Méndez afirmó que UGT no la plantearía, pero que en caso de que surgiese la cuestión (¿?) su sindicato es una fuerza republicana”, se indignaban los analistas Gustavo Búster, Antoni Doménech y Daniel Raventós. Comisiones sí se adhirió en un comunicado a la petición del referéndum.

Manuel Garí, un veterano afiliado madrileño a CC OO, piensa que se trata de un gesto que se debe valorar, pero insuficiente. “Si apuestas por eso, lo que debes hacer es comprometerte en una campaña profunda para que se haga realidad”, declaraba a Diagonal. “El problema para CC OO y UGT es que se han quedado sin su gran base, que era la concertación social”, continúa Garí, para quien el sindicalismo de concertación atraviesa una crisis “institucional, política y sociosindical”.

Las cifras de delegados muestran un trasvase de representación sindical entre los dos grandes sindicatos de concertación y otras centrales.

Según un informe de CC OO –a partir de una base de datos del propio sindicato–, mientras las dos centrales mayoritarias perdían un 4% de su representación entre 2007 y 2011, el resto de sindicatos definidos por el informe como ‘generales’ (sin incluir los sindicatos vascos, catalanes o gallegos) la aumentaban en un 28%. Las cifras absolutas muestran, no obstante, lo lento de este goteo: a finales de 2011, CC OO y UGT acumulaban un 73% de la representación, con 226.244 delegados y delegadas, siempre según el anuario de 2012 de la Fundación 1º de Mayo (CC OO).

Para Begoña Zabalza, militante feminista y abogada del sindicato vasco LAB, más allá de esta suma de cifras, se deben tener en cuenta otros elementos. “Los sindicatos llamados mayoritarios en el conjunto del Estado no lo son en el ámbito de las luchas sociales”, matiza. “Si se habla de un cambio de régimen tiene que entrar necesariamente la alternativa sindical, e incluso el papel propio de los sindicatos”, y pone como ejemplo la llamada Carta por los Derechos Sociales que promueven en la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra una coalición de sindicatos y organizaciones políticas y sociales. En ella, destaca, la cuestión territorial y nacional se mantiene en coordenadas puramente soberanistas –la defensa del derecho a decidir–, mientras que la parte social “no queda en segundo plano y contiene propuestas fuertes de reparto del trabajo o sobre los derechos de las mujeres y el trabajo de cuidados”.

Contagio y hegemonía

Incluso fuera del juego de siglas pueden detectarse otras lógicas más abiertas. Marta Padrós, nueva secretaria de Género de CGT Catalunya, va más allá del crecimiento de su sindicato en este territorio, que en cuatro años ha aumentado su afiliación entre 2.000 y 3.000 personas hasta alcanzar las 16.000 (de un total de cerca de 100.000 en todo el Estado). Esta central anarcosindicalista es minoritaria en el comité de empresa de Panrico, cuya plantilla en la planta de Santa Perpètua de Mogoda acaba de terminar su huelga de ocho meses contra los despidos. Pero allí, asegura, “dentro del comité de huelga, dentro de las movilizaciones y dentro de la asamblea la gente se está moviendo en coordenadas muy parecidas a las de CGT”. Y esto, dice, ha pasado también en otros comités del sector de la informática.

Fuera de las lógicas hegemonistas, Garí cita la dinámica de contagio creada con las mareas de defensa de los servicios públicos. “Es lo más interesante. Los fenómenos sociosindicales como las mareas o el 22M, ese trabajo entre lo social y lo sindical, no es el futuro, es lo que va a permitir cambiar el futuro”, asegura. Para el otoño, indica Néstor Salvador, del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), se baraja una reedición de estas marchas de trabajadores y desempleados hasta Madrid.

Extraído de Diagonal

Carlos Taibo: «Facebook es la estafa óptica de la ebullición revolucionaria»

El profesor de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid aporta 15 claves, desde la visión «hipercrítica» de la propuesta libertaria, sobre el «colapso» capitalista y la postulación del anarquismo como «ideología del futuro».

Percibe, el escritor y politólogo, «un momento glorioso de lucha de clases articulada desde arriba», con el retrato al fondo de la Gran Depresión de 1929 y el primer auge del fascismo, que a modo de bisagra histórica chirría sin invocar aún su golpe final.

Carlos Taibo y la Teoría del Decrecimiento.

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«Un mundo entero se quema a sí mismo». Arrancaba el temaSí hay futuro del grupo punk La Polla Records, en 1987, con una metáfora axiomática. Desde entonces la bonanza funcionó como agradecida corriente, piensa el profesor de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Autónoma de Madrid, Carlos Taibo. Dejarse arrastrar hacia la ‘tierra prometida’ era un sueño cómodo, gratificante incluso. ¿Qué había al final de ese trayecto? En su opinión, un descomunal vertedero de osadas similitudes con la Gran Depresión de 1929 y el primer auge del fascismo. Esto es: el «colapso» actual del sistema capitalista.

¿Es reversible esta situación terminal que dibuja? Sí, dice Taibo, inoculando propuestas libertarias y anarquismo. Teoría del Decrecimiento, insiste, y un brote, algún tipo de respuesta ciudadana, que corte la atadura inmovilizadora de esas «tecnologías aparentemente emancipadoras». Que abandone, por tanto, las redes sociales como paradigma de «estafa óptica», de falsa «ebullición revolucionaria». «Políticos locos guían a las masas que les dan sus ojos pa’ no ver qué pasa», decía la referida copla de La Polla, a la que Taibo hace referencia.

«Vivimos un momento glorioso de lucha de clases articulado desde arriba», explica Carlos Taibo(Madrid, 1956). También en su último libro, Repensar la anarquía. Acción directa, autogestión y autonomía. En 15 claves, el escritor y politólogo desentraña para eldiario.es/andalucia esa bisagra histórica que chirría sin invocar aún su posible golpe final. «No hay que buscar una salida a la crisis, hay que buscar una salida al capitalismo», reta.

«Transformación radical» en cuatro respuestas

1, decrecer: «El norte opulento debe reducir inexorablemente los niveles de producción y consumo», esto es, Teoría del Decrecimiento. «En un planeta con recursos limitados no tiene sentido aspirar a crecer ilimitadamente» y la «huella ecológica» (España necesitaría 3,5 veces su territorio para mantener la actividad económica actual en el próximo siglo) ejerce «una presión inaudita sobre generaciones venideras y países del sur».

2, desurbanizar: «Las ciudades son recintos cada vez más difícilmente habitables». Eludir así «el riesgo del colapso» pasa por «recuperar el medio rural».

3, destecnologizar: «Facebook es la gigantesca estafa óptica de la ebullición revolucionaria». La sociedad debe meditar «si no somos víctimas ingenuas de muchas tecnologías aparentemente emancipadoras». Como dice John Zerzan, estampa del anarcoprimitivismo, todas las tecnologías creadas por el capitalismo llevan la impronta de la jerarquía.

4, descomplejizar: «Sociedades cada vez más complejas» traen como tributo ciudadanos «cada vez más dependientes». Los «desheredados del planeta» -menos dependientes del desarrollo tecnológico- evidencian la paradoja de un mejor posicionamiento para enfrentar «el colapso que se avecina».

Carlos Taibo.

La amenaza del darwinismo social

5, anarquismo: «Es una ideología política del futuro», afirma Taibo. «Las ideas libertarias están en un momento de franca ebullición», caso del 15M y la aplicación de conceptos como «democracia de base, autogestión y acción directa».

6, capitalismo: Sistema «injusto, explotador y excluyente» en «etapa de corrosión terminal» que ha perdido «los mecanismos de freno que en el pasado le permitieron salvar la cara». Cava «su propia tumba» por el «afán incontenible de acumular beneficios». Con un agravante: «dentro de la tumba estamos nosotros».

7, fascismo: Es un error concluir que el ‘crac del 29’, «origen del asentamiento de los fascismos en el decenio siguiente», fue un momento histórico coyuntural e irrepetible. La «escasez general que se avecina» puede revitalizarlo en proyectos de «ecofascismo o darwinismo social militarizado», en «políticas postuladas por los principales centros de poder».

8, república: «Un proyecto moderadamente interesante vinculado con el propósito de deshacernos de una institución putrefacta como es la monarquía». Más allá –de lo que califica como «trampa saducea»– no aprecia «otras propuestas». «En España esta discusión tiene unos ribetes emocionales de los que es difícil prescindir», añade.

9, democracia: «La democracia liberal se levanta sobre lacerantes desigualdades y en mayorías artificiales producto de operaciones urdidas con el propósito de germinar sociedades cada vez más jerarquizadas». ¿Segunda Transición? «La primera fue tan mala que si queremos organizar algo distinto lo primero es prescindir del término».

La clase obrera, reducida al salario

10, Estado: «Aparato al servicio de la clase dominante que utiliza diferentes mecanismos para ratificar su posición de privilegio». La visión «hipercrítica» de la propuesta libertaria debe asumir que forma parte del sistema y enfrentar así el riesgo de las «muchas formas de alienación contemporánea».

11, defensa de lo público: «Sí, etiquetado con los adjetivos autogestionado y socializado». Por ejemplo, «enseñanza pública, universal, gratuita, laica y de calidad» y que no sirva de «mecanismo central de reproducción de la lógica capitalista».

12, estado del bienestar: «Un término que embellece gratuitamente la realidad, exclusivo del sistema capitalista». Dificulta «el despliegue de fórmulas autogestionarias».

13, lucha de clases: La clase obrera ha reducido su enfoque «al salario y la intuición de que aumentándolo resolvemos todos nuestros problemas». Preguntas obligatorias: «cómo trabajamos, para quién y qué producimos».

14, crisis: «Nos hemos acostumbrado a hablar en singular de la crisis financiera pero en la trastienda hay otras, en plural: cambio climático, encarecimiento inevitable de precios de materias primas energéticas, problemas demográficos, el expolio de recursos materiales…». La conjunción «resulta explosiva».

15, colapso: «Se traducirá en una multiplicación extraordinaria de los problemas y en una reducción paralela de la posibilidad de resolverlos». Opciones: esperar su implosión y la reacción ciudadana, elaborar respuestas como planteamientos a los gobernantes o abrir espacios de autonomía para «aplicar reglas del juego diferentes a las impuestas».

fuente: ElDiario.es

Wikileaks confirma que la UE planea entregar los servicios a las multinacionales

Wikileaks filtra un documento sobre la negociación del Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (TISA) que confirma la intención de la Unión Europea de entregar los servicios públicos a las grandes empresas.

Manifestación por los servicios públicos el 18 de septiembre de 2011.

Cuando el escándalo creado por la filtración de tres documentos secretos sobre las negociaciones del tratado de libre comercio entre EE UU y la UE (TTIP) empezaba a olvidarse, un nuevo texto confidencial ha salido a la luz.

Esta vez no ha sido Fíltra.la, sino Wikileaks quien ha permitido la filtración. Y el documento no habla del TTIP, sino del Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (TISA, por sus siglas en inglés), un tratado que la UE tramita paralelamente con dos decenas de países, entre ellos EE UU, Australia, Japón, Australia, México y Canadá. Un acuerdo “negociado en secreto para hacer un marco de liberalización de todos los servicios en el futuro”, declara a Diagonal Pablo Sánchez, responsable de comunicación de la Federación Europea de Sindicatos de Servicios Públicos (EPSU). El objetivo, según Sánchez: “Asegurarse que la mayor parte posible de los servicios puedan ser negociables, en especial aquellos que hoy son percibidos como servicios públicos”.

¿Qué novedades aporta la filtración de Wikileaks?

Para Pablo Sánchez, la filtración de Wikileaks es una nueva herramienta que permite confirmar que existe una iniciativa orquestada contra el sector público. “[La filtración] muestra que el temor que teníamos de la voluntad de arrinconar a los servicios públicos existentes no era infundado. La táctica es que todo ‘nuevo servicio’ o que pueda ser dividido de uno existente debe ser puesto en el mercado y vaciar de contenido la definición de servicio público. Un hospital seguirá siendo un servicio público -la concesión-, pero todo lo que pase dentro estará en manos privadas. Siempre que dé beneficios, claro. Eso lo que están negociando”, explica este sindicalista.

Para Sánchez, resulta evidente que se trata de una ofensiva conjunta, junto con el tratado de libre comercio con EE UU: “Los mismo países, los mismos gabinetes de negociación… Vamos, si esto es coincidencia tenemos mucha mala suerte”.

Con la negociación de estos dos tratados no sólo está en juego la privatización de servicios públicos, sino también garantizar que las privatizaciones realizadas en el pasado no tengan marcha atrás. “Lo que verdaderamente está en la agenda política es impedir que se renacionalicen y remunicipalicen servicios que fueron privatizados, dados en concesión a 20 o 25 años o en colaboración público-privada a través de un mecanismo, de nuevo, de arbitraje internacional. Como le están haciendo a Argentina, disuadiendo a posibles gobiernos o autoridades del coste de dichas políticas”, explica Sánchez.

El negocio de los servicios

Para comprender el origen del TISA hay que remontarse a 2001, cuando la Ronda de Doha de la Organización Mundial del Comercio pretendía acabar con todas las barreras y limitaciones para el comercio mundial. Tras el fracaso de las negociaciones y tras el fracaso del Tratado de Libre Comercio para las Américas (ALCA), las grandes potencias se lanzaron a firmar acuerdos bilaterales y multilaterales para avanzar en la liberalización del comercio.

El grupo de presión que está impulsando actualmente el TISA y el TTIP, denuncia Pablo Sánchez, se llama US Coalition of Service Industries.

“Este acuerdo tiene un padrino y es el lobby de los servicios financieros en los Estados Unidos. Dado el estancamiento de la ronda de Doha, una coalición de países, que se llama a sí misma ‘los mejores amigos de los servicios’, se ha puesto a negociar, ya que representa el 90% del comercio mundial de servicios. Su objetivo es abrir todos los servicios públicos posibles al mercado: educación, servicios sociales, servicios medioambientales, sanidad y un largo etcétera”, concluye Sánchez.

Consulta los documentos filtrados por Wikileaks
Consulta los documentos filtrados por Filtra.la

fuente: Martín Cúneo

extraido de Diagonal

El escándalo de las torturas que no fue un escándalo

La Audiencia Nacional ha absuelto a 40 jóvenes que estaban acusados de pertenecer a ETA por su supuesta militancia en la organización ilegalizada Segi. La Fiscalía pedía entre seis y doce años de prisión. La sentencia echa por tierra las tesis policiales y considera que los acusados no provocaron actos de violencia callejera y que su actividad política era legal y no tenía relación con Segi. La Fiscalía no recurrirá la sentencia absolutoria. Hasta aquí lo que probablemente hayas leído en la mayoría de los medios de comunicación. A partir de ahora lo que no mencionan: las torturas.

Iggy Pop: «El futuro del rock ‘n’ roll es Justin Bieber». De la campaña de Amnistía Internacional ‘Tortura a un hombre y te dirá cualquier cosa’

La mayoría de los acusados denunciaron torturas durante su periodo de incomunicación y, aunque la Audiencia Nacional no es la encargada de juzgar esos malos tratos, el tribunal sugiere que las declaraciones ante la policía pudieron ser forzadas. La Audiencia Nacional advierte que sólo las declaraciones que se presten «libre, voluntaria y espontáneamente pueden ser tenidas en cuenta para obtener elementos incriminatorios». Cito la sentencia: «La Convención contra la Tortura obliga a todo Estado a asegurarse de que ninguna declaración que se demuestre ha sido hecha como resultado de tortura pueda ser invocada como prueba en un procedimiento».

Sigue la sentencia de la Audiencia Nacional: «Las declaraciones del atestado no ratificadas judicialmente son manifestaciones preprocesales, más en casos como el que nos ocupa en que los acusados expresamente se retractan en el acto del juicio recordando que ya ante el juez de instrucción las negaron y atribuyeron al empleo de torturas». Y dicho esto, la Audiencia Nacional excluye «del cuadro de la prueba todas las declaraciones policiales».

La Audiencia Nacional detecta elementos extraños en todo el proceso: la mayoría de las personas que fueron detenidas en la operación en España se autoinculparon o declararon en su contra en comisaría (81%), mientras que los detenidos en otros países europeos pudieron acogerse al derecho a no confesar contra sí mismos; hay relatos a los médicos forenses de denuncias de torturas y no se adoptan medidas de prevención; se da el hecho de jóvenes que declaran ante el juez y son interrogados de nuevo por la policía para volver al juez con una segunda declaración, sin que exista justificación alguna según la Audiencia Nacional (lo que comúnmente se conoce como ‘preparar la declaración’)…

La Audiencia Nacional recuerda que ciertos jueces instrucción toman medidas para evitar las torturas: comunicar a la familia el lugar de la detención, grabar lo que ocurre en las zonas de custodia para controlar las entradas y salidas de la celda, la identidad de los funcionarios actuantes y los horarios, la intervención de un médico de confianza designado por la familia junto al médico forense, y la grabación de los interrogatorios. El juez instructor de este caso fue Fernando Grande-Marlaska y, según la Audiencia Nacional, no adoptó ninguna de estas medidas

La lectura de la sentencia deja un panorama desolador. Los médicos forenses se limitan a consignar lo que dice el detenido, pero ante la presencia de huellas físicas o testimonios de posibles maltratos, no se producen actuaciones para evitarlas. Los abogados de oficio –los detenidos en régimen de incomunicación no tienen derecho a un abogado propio– acuden, en muchos casos, a las declaraciones judiciales como comparsas, sin que los detenidos puedan tener un mínimo derecho a la defensa.

Escuchemos ahora algunos de los testimonios de los jóvenes.

«Uno le pegaba golpes en los oídos de modo continuo durante los interrogatorios»

Aitziber Arrieta. Durante su detención fue examinada en seis ocasiones por el médico forense. La sentencia afirma que Aitziber Arrieta le contó al médico que estaba siendo maltratada: «Le comentó al médico que la noche anterior después del reconocimiento la llevaron a un cuarto y le volvieron a dar golpes en la cabeza y la espalda, eran varios agentes, pero los que la agredieron un hombre y una mujer». Según la Audiencia Nacional, «no consta otra actuación judicial al respecto que la prórroga de la detención incomunicada».

Euken Villasante. Declaración del joven en el juicio recogida en la sentencia: «Uno le pegaba golpes en los oídos de modo continuo durante los interrogatorios. El maltrato fue sobre todo psicológico: le decían que habían visto muy mal a su madre, que le había dado un ataque, que no sabían si estaba viva, que irían a por su hermano y a por su novia. Le obligaban a estar de cuclillas y a hacer ejercicio, estaba muy cansado, se desmayó en una ocasión. Un día, justo antes de la declaración con abogado, le interrogaron desnudo».

El forense refleja en su informe tras hablar con Euken Villasante: «Anoche tras el reconocimiento, en un cuarto como éste, no sabe a qué hora, le desnudaron y le dieron tortazos en la espalda y cuello y le tiraron del pelo, que esto duró unos cinco a diez minutos. Que había tres personas, los tres hombres y sólo uno de ellos le maltrató». La Audiencia Nacional dice en su sentencia que no consta medida judicial alguna de comprobación sobre lo que el médico forense señalaba en sus partes de estado.

Por cierto, ¿alguien se lee los informes de los médicos forenses?

Xabier de la Maza en la declaración en el juicio recogida en la sentencia: «A la mañana siguiente, un agente encapuchado le preguntó si iba a declarar, que se preparase porque le llevaban a Madrid. Durante el traslado en coche, sin poder ver porque iba reclinado hacia adelante, le fueron interrogando, entre amenazas se preparó la declaración; le daban golpes en la nuez. Según dijeron, dependía de él estar mas días detenido. Cuando no pudo más, se autoinculpó, la alternativa que le ofrecían era que incriminara a otros de su pueblo; por ello, prestó la primera declaración; no vio ni habló con la abogada de oficio, quien sólo se quejó por la hora de la diligencia, pero no intervino. Le dejaron ir a la celda y le dieron de cenar, pensó que se había acabado, pero horas después le sacaron del calabozo, le empujaron y gritaron. Le dijeron que había cambiado la declaración en varios aspectos».

La Audiencia Nacional pone en cuestión que la declaración ante el juez que prestó Xabier de la Maza fuera expresión libre de su voluntad y la retira como prueba. Según el tribunal, las secuelas psicológicas que sufre se corresponden con la de una situación estresante de tortura o trato degradante.

Garazi Rodríguez. Declaración en el juicio recogida por la sentencia: «En Madrid la sometieron a interrogatorios, le preguntaron varios agentes, le decían que era una puta, que la había cagado, la obligaban a ponerse en cuclillas y cuando se caía le pegaban patadas; también le dirigieron insultos sexistas. Le dieron con la mano abierta en la cabeza y le estiraron del pelo. El tercer día fue el peor, le preguntaron si conocía a Maialen Eldua -había trabajado con ella-, la llevaron de los pelos a la habitación contigua, estaba Maialen hecha una bola y llorando. Después le ordenaron desvestirse. Cuando estaba en ropa interior, un hombre joven la abrazó y le tocó los pechos. Al día siguiente le hicieron ensayar una declaración, hasta que consideraron que era correcta. No le contó ese trato al médico forense, porque detrás de la puerta estaban los guardias y temía represalias».

Sigue la sentencia: «La defensa aportó una foto publicada en la edición digital del diario El Mundo en la que aparecía la acusada con un antifaz -que le privaba del sentido de la vista- a la salida de la Comisaría de San Sebastián». Según la Audiencia Nacional, «la privación de la estimulación sensorial normal está prevista entre los métodos de tortura del Manual internacional para la investigación y documentación de la tortura».

Estos son sólo cuatro testimonios. Hay muchos más en la sentencia.

Hablar de torturas en España es tabú

Lo extraordinario de esta detallada radiografía sobre las entrañas del modo en el que tienen lugar los interrogatorios policiales es que la alarma no la hace saltar una ONG o un abogado de un detenido: es un tribunal de justicia. Es la Audiencia Nacional la que otorga veracidad a las denuncias de torturas y anula las declaraciones policiales. Este caso tendría que haber provocado un escándalo. O, al menos, algo más de atención informativa. Aperturas en los periódicos. Expertos sobre derechos humanos en televisión. Algún tipo de investigación. Pero nada.

Sólo un ejemplo: en la sentencia la palabra ‘tortura’ se cita en 64 ocasiones; he leído informaciones periodísticas sobre la sentencia en la que no se escribe ‘tortura’ ni una sola vez.

En España se ha torturado a presos iraquíes, a internos de los CIEs, inmigrantes que paseaban por la calle, directores de periódicos, activistas del 15-M… pero los poderes públicos y los medios de comunicación actúan como si nada pasara. Atendiendo a informes de organizaciones humanitarias y organismos internacionales, podemos concluir que las torturas no son sistemáticas pero que tampoco son hechos aislados como nos pretenden hacer creer. Las autoridades no aplican medidas para erradicar los malos tratos policiales e ignoran, en muchos casos, las denuncias presentadas por las víctimas. Muchos torturadores han sido indultados. Algunos, incluso, condecorados. Pero el silencio sigue. Hablar de torturas en España sigue siendo tabú.

Siempre he sentido vergüenza de que una parte de los vascos comprendiera y apoyará el terrorismo de ETA. Pero también siento vergüenza de que muchos de quienes se postulan como defensores del Estado de Derecho, lo estén minando por dentro permitiendo que las torturas y los malos tratos se sigan cometiendo en las comisarías. A quienes rechazan la violencia, venga de donde venga, tradicionalmente se les ha tachado de equidistantes, que es la version light de llamarte proetarra. Y la forma habitual de eludir el debate y mantener la injusticia.

Si en algo ha fallado la Transición ha sido en tolerar estos comportamientos en las Fuerzas de Seguridad del Estado (que, además, se han extendido a otras policías autonómicas). Ahora que dicen que empieza la Segunda Transición, las autoridades deberían empeñarse en limpiar los restos del franquismo que todavía quedan en la Policía. Es urgente y es necesario.

Protesta contra la zona azul en Hospitales

Se han puesto de acuerdo dos entes que ya saben mucho de externalizar y privatizar, El Ayuntamiento de Iruñea y Osasunbidea: en breve habrá Zona Azul en la zona hospitalaria. Desde la Plataforma Navarra de Salud-Nafarroako Osasun Plataforma, nos oponemos a esta medida ya que afecta negativamente a personas usuarias y a la plantilla del Complejo Hospitalario, logrando en general un efecto de deterioro de la sanidad pública y de la percepción social de la misma.

Dejando a un lado todas las propuestas alternativas que se han planteado tanto a nivel municipal como sanitario, la única solución que nos plantean para solucionar los problemas derivados del tráfico de coches en la zona, de cuya existencia no dudamos, se limita a cobrar por aparcar, a hacernos pasar por caja. No parecen existir otras formas de regulación del aparcamiento, ni mejoras que emprender en la frecuencia y calidad del Transporte Público. Tampoco parece que les preocupe el impacto sobre el normal desarrollo de la atención sanitaria (pacientes y/o familiares que deben abandonar la consulta o la Urgencia o la Planta para pagar el parquing). Llama la atención además, que esta medida se tome pocos años después de haber inaugurado el parking de la plaza Protomedicato, por supuesto también explotado por una empresa privada, el cual se nos presentó como la solución definitiva al siempre problemático aparcamiento hospitalario.

Si bien a nivel laboral esta medida supone de forma encubierta una bajada salarial añadida para cientos de profesionales del Complejo Hospitalario, a nivel de atención sanitaria a la población, supone un auténtico ataque a la accesibilidad y a la equidad, principios básicos de un Sistema Público y Universal. Este nuevo pago, sin duda, será más perjudicial para quienes menos recursos económicos tienen y para quienes más problemas de salud padecen. Por ello, denunciamos la falta de sensibilidad de quienes ahora nos imponen la Zona Azul ya que no han tomado ninguna iniciativa, ni la más mínima, dirigida a proteger a las personas que tienen la necesidad de acudir a la zona hospitalaria, bien para cuidar de su propia salud, bien para cuidar de otra persona, como, por ejemplo: la expedición de una tarjeta que exima de pagar a quien tiene una citación para una consulta de especialista, a quien está recibiendo atención en urgencias, a quien es “acompañante” de una persona ingresada,…

Nos preocupa seriamente la acusada tendencia que existe a que los servicios públicos sirvan de refugio y rescate al sector privado, a través de lotes de negocio que se les van cediendo poco a poco. Esta Zona Azul será explotada por Dornier, sacando provecho de la actividad peri-sanitaria, al igual que otras empresas ya lo hacen de las cafeterías hospitalarias, de las cocinas, de las limpiezas, del transporte sanitario, de la seguridad,… No nos parece precisamente una casualidad el hecho de que se vaya a instalar una sede bancaria en el Complejo Hospitalario, entra dentro de la misma lógica.

Por todo ello decimos NO a la Zona Azul en Hospitales, NO a más medidas que siempre perjudican a la población general en beneficio de intereses particulares minoritarios y privados. Decimos SÍ a la búsqueda de soluciones colectivas y participadas, teniendo en cuenta a la población más vulnerable. SÍ a una Sanidad Pública, de Calidad y Universal.

foto: I.G.

Felipe 6. La coronación más cutre de la Historia

Si alguien se preguntaba sobre el porqué de la abdicación del Borbón A en el Borbón B creo que, entre ayer y hoy, habrá podido despejar sus dudas al respecto. Sencillamente el Sistema, sus medios de comunicación y sus partidos especialmente, necesitaban limpiar la mancha de Juan Carlos para poder deshacerse en halagos de esta monarquía nueva, limpia y reluciente que representa Felipe, y emplearse a fondo en vendernos la idea de un nuevo futuro con un nuevo Borbón. Se acabó ese tumor maligno que amenazaba con acabar en metástasis y poder fin a la dinastía. ¡Borbón y cuenta nueva!

Sin embargo, Felipe no ha tenido un buen comienzo, las aceras de las calles por donde ha pasado el cortejo real estaban medio vacías, la plaza de Oriente tampoco se ha llenado más que en un cincuenta por ciento. Si pudiéramos descontar de esa pequeña masa de súbditos leales a los policías que vigilaban por si aparecía alguna bandera republicana y a los turistas interesados en un espectáculo typical spanish, nos quedaría un número verdaderamente ridículo de fans del nuevo Borbón. Parece que a los parados, desahuciados y demás desesperados de este sistema sometido a los dictados de la Troika, no les suscita muchas esperanzas la imagen de un tío que les saluda afectuosamente desde el mismo balcón desde donde lo hacía Franco años atrás.

Si comparamos esto con la avalancha de decenas de miles de personas que se echaron a la calle en toda España la misma tarde de la abdicación, en respuesta a convocatorias improvisadas en las redes sociales, la cosa está bastante clara, no augura nada bueno para el futuro de la monarquía y desde luego no coincide con esas encuestas amañadas con las que nos están bombardeando un día sí y el otro también y que dicen demostrar el gran apoyo popular al nuevo Borbón. Supongo que esta vez no saldrá Rajoy a decirnos lo que suele decir después de grandes manifestaciones de protesta social contra su política: que «son muchos más los ciudadanos que se quedan en casa que los que salen a la calle», en esta ocasión está muy claro.

Reconozco que para mí ha sido una sorpresa este fracaso del primer baño de masas de Felipe 6. No me lo esperaba. Que todo un rey no sea capaz que llenar una plaza –no demasiado grande– como la de Oriente para rendirle pleitesía es síntoma de una crisis de credibilidad descomunal que supera en mucho mis expectativas más optimistas. El poder mediático está poniendo todo su empeño en ocultar esta realidad y en dar una imagen radicalmente falsa de lo que ha ocurrido, donde los titulares triunfalistas contrastan con las imágenes o, mejor dicho, con la falta de imágenes que muestren ese «Madrid entregado», del que hablan periódicos como el ABC.

Si a este fracaso borbónico le sumamos el triste espectáculo que ofreció ayer la Selección del marqués Del Bosque ante Chile, podemos concluir que de lo único que van a estar contentos los afectos al Régimen en el día de hoy es de que el «terrorismo anarquista implantado en España» según el sagaz policía Ignacio Cosidó no haya hecho acto de presencia. Seguramente porque, con el aumento del IVA, las bombonas de camping gas se han puesto por la nubes.

Autor: Alvaro Millan

extraido de: Revista Polémica

La Rosa de Fuego un siglo despues

Hobsbawm escribió “Barcelona ha sido la ciudad europea que ha más luchas obreras y rebeliones populares ha vivido a largo de los siglos XIX y XX. Los anarquistas de otros países la denominaron La Rosa de fuego y el término se difundió con ocasión de la “Semana trágica” (1909), un gran insurrección popular para impedir que se llevaran a los jóvenes reclutas, casi todos procedentes de las clases trabajadoras a combatir a África y que derivó en una revuelta anticlerical y una quema de iglesias y conventos. La represión fue violenta y arbitraria (1). Y además nos infligió posteriormente la construcción de un “templo expiatorio” de los supuestos pecados populares en la cima del Tibidabo, el monte que domina la ciudad. Una burda imitación del Sacré Coeur de Paris. Un pastiche de otro pastiche.

Esta semana la ciudad ha vuelto a ser una Rosa de fuego (2). A inicios de semana la policía catalana, por demanda de la empresa municipal de transportes y por iniciativa del Ayuntamiento, se desaloja por la fuerza policial una finca del barrio de Sants e inician la demolición. Se trata de Can Vies, uno de los referentes principales de la gran diversidad de colectivos jóvenes alternativos presentes en Barcelona. La finca había sido tomada por okupas de cultura anarquista, pacíficos, alternativos e integrados en el tejido barrial hace 17 años. Han desarrollado una actividad social y cultural que les ha merecido el apoyo de la población de la zona, en su mayoría trabajadora, incluidos profesionales y pequeños comerciantes. Sants además es uno de los barrios, por su historia y su realidad presente, con una fuerte tradición de organizaciones y grupos informales cooperativos y combativos, donde se forjan iniciativas innovadoras y opuestas a la lógica mercantilista y especulativa dominante.

La reacción fue inmediata. El mismo día del desalojo, lunes, acuden miles de jóvenes de toda la ciudad. La noche será larga y algunos grupos queman contenedores y rompen vidrieras de tiendas y oficinas. Los días siguientes las manifestaciones y acciones de protesta aumentan de intensidad. Las fuerzas policiales reprimen indiscriminadamente a los manifestantes. Las asociaciones y comerciantes de Sants y la Federación de asociaciones de vecinos de Barcelona reclaman diálogo, que cese la demolición y cualquier forma de violencia y que se restaure primero la situación anterior. El viernes el Ayuntamiento hace marcha atrás y acepta en principio la propuesta de la sociedad civil de la zona de iniciar un díalogo y interrumpe la demolición y permite la reocupación de la finca medio demolida. El sábado los colectivos jóvenes, inician su reconstrucción, exigen que se les reconozca formalmente el uso y la gestión de la finca y la “desmilitarización”, o sea la ocupación policial, del barrio. La noche del sábado vuelve a ser larga y roja de fuego. Es posible que el conflicto se mantenga, se agudice y se generalice. La marcha atrás del Ayuntamiento ha sido un acto de miedo pero también una trampa. Desmovilización voluntaria o impuesta por la autoridad, diálogo sobre la base de la “legalidad” fijada por el propio gobierno municipal y vagas promesas de facilitar algunos locales para los colectivos desalojados. Es decir una propuesta inaceptable por parte del colectivo de Can Vies.

No pretendemos escribir un reportaje que ha sido y es objeto de seguimiento no solo por los medios españoles, también por la prensa internacional. Solamente pretendemos brevemente contribuir a una reflexión sobre la dialéctica de la violencia, la consideración de lo que es el orden público y los límites admisibles por parte de los actores. No nos referiremos a los factores estructurales por conocidos como el descrédito de las instituciones políticas, la mitad de los jóvenes o no tan jóvenes sin trabajo y los que lo tienen es precario, mal pagado y no corresponde a su formación, el escándalo de las corrupciones públicas y de la ostentación de la riqueza de las minorías privilegiadas, etc. Nos limitaremos a los acontecimientos, a su dinámica y a su contexto inmediato.

¿Cómo empezó el conflicto y la violencia del mismo? No se trata de un conflicto entre intereses particulares, unos ocupan un edificio desocupado desde hace 17 años y otros, los propietarios, deciden recuperarlo. No es un tema de derecho civil o mercantil, es un tema social y político. Los okupas han dado una “función social” como exige la Constitución (art 33) a un edificio que no la cumplía. Y esta función la ejercían con el consentimiento y apoyo del entorno social. No hace falta remitirse al derecho romano para reconocerlos una forma de propiedad o derecho de uso legitima. Los propietarios a su vez son entidades públicas, una empresa municipal y el propio Ayuntamiento que se supone que deben tener especialmente en cuenta la convivencia y bienestar ciudadanos. En una democracia que no sea oligárquica parece lógico desarrollar las formas de propiedad o de gestión de base social.

Era previsible el apoyo de las entidades y vecinos de Sants así como la movilización decidida de la diversidad de plataformas y colectivos de Baracelona y su entorno en los que predominan jóvenes críticos o alternativos. Teniendo en cuenta la distancia que se ha creado entre las instituciones y la ciudadanía no sorprende que los responsables políticos pensaran que era una acción destinada a demoler no solo una finca tomada por jóvenes marginales. Pero era algo más, se trata de un conjunto de iniciativas arraigadas en el tejido barrial y conectado con una diversidad de colectivos similares. Los representantes institucionales no saben imaginarse este tipo de construcciones sociales y culturales que crea lazos solidarios y representan una alternativa política más democrática. De todas formas sorprende su incapacidad para evaluar la relación de fuerzas, algo elemental en política. No previeron la fuerte reacción en contra de una iniciativa que en términos políticos pragmáticos “es peor que una maldad, es un error. En el actual momento político en Catalunya crear un conflicto y convertirlo en una confrontación violenta es un riesgo muy peligroso, para todos y muy especialmente por parte de los gobernantes catalanes. El desalojo fue ya una agresión violenta, responder a la protesta social con una violencia muy superior ha sido una provocación a la ciudadanía. Estos días la violencia represiva, como es habitual cuando intervienen las fuerzas policiales, ha sido por momentos absurdamente desproporcionada. Es posible que después de la tregua inicial vuelvan a cometer el mismo error, pretender imponerse por la fuerza.

Si las “autoridades” siguen por ese camino la reacción ciudadana podría dejar al Ayuntamiento y a la Generalitat muy mal parados. Se están poniendo dell lado del gobierno del PP y en contra del movimiento popular catalán. Es jugar con fuego, literal y metafóricamente. Después de la retirada se ha recuperado el discurso arrogante, el del poder político y el del orden establecido, cuando vivimos frente a un poder deslegitimado y un orden que es un “desorden establecido” (3). Hasta ahora la violencia de los manifestantes ha sido propia de grupos minoritarios. Si las autoridades pretenden recuperar con violencia Can Vies el conflicto se generalizará y la violencia también.

Es frecuente que en las grandes manifestaciones se den momentos de violencia por parte de algunos grupos insertos en las mismas, casi siempre hacia el final de las mismas. En las protestas sociales masivas actúan grupos innominados que practican la violencia por la violencia, de ideología más o menos primaria, y que se apuntan a iniciativas promovidas por entidades o colectivos estructurados. Estos son más responsables, dan la cara y saben que la violencia gratuita en el espacio público no conviene a sus objetivos. También es posible que actúen elementos provocadores, incluso vinculados a las fuerzas policiales, o de extrema derecha. La insuficiente organización de los manifestantes y el rechazo inicial y un poco ingenuo de no reprimir los “excesos revolucionarios” lleva a una cierta impotencia o descontrol. Sin embargo la tolerancia o incluso la participación en algunas acciones de violencia (quemar contenedores, enfrentarse a las fuerzas represivas, actuar contra una marca, un local o un edificio que tienen un valor simbólico, etc), por parte de algunos “manifestantes normales” también existe, no es recomendable pero que hay que relativizar.

Las fuerzas del orden califican las protestas sociales, especialmente si pueden catalogar de “antisistema” (hoy casi todas lo son), de “desórdenes públicos graves”. Consideran que deben reprimirse y lo hacen brutalmente si encuentran resistencia. El manifestante considera que el orden al que se enfrenta en estos casos no es legítimo. Además entiende que ha salido a la calle porque se ha sentido agredido, sea por una decisión política, judicial o empresarial o por encontrarse en una situación que considera injusta. Se encuentra además que las fuerzas policiales incluso si se manifiesta pacíficamente lo reprimen con amenazas, insultos, golpes. Y si puede se resiste, o por experiencia se adelanta. También existe la presunción que un cierto grado de violencia es una demostración de fuerza y te hace más mediático, más visible (4). Pero conlleva más represión. La violencia “expresiva” de una minoría reduce casi siempre el apoyo social y coloca al movimiento en una posición más débil ante cualquier negociación.

Es la importancia masiva de la protesta y el apoyo del entorno ciudadano la que hace posible que se tengan en cuenta las demandas de los protestarios. Las acciones aparatosas más frecuentes, sin víctimas y destinadas a llamar la atención (como los contendores) incluso pueden encontrar cierta comprensión en el entorno social. Pero no son propias de la mayoría de manifestantes y restan más que suman. Aunque en muchos casos no es posible evitarlas. El resultado es una espiral de violencia que facilita acentuar una represión cada vez más desproporcionada. Los colectivos de Can Vies han sido hasta ahora inteligentes. No han promovido la violencia y tampoco han querido referirse a ella. Han actuado con actos legibles, uno muy simbólico: si la policía y el Ayuntamiento demolieron ellos a la mañana siguiente iniciaron la reconstrucción. Lo cual les permite mantener una posición muy clara: gestionar la finca reconstruida y no aceptar otros locales o un hipotética parte en el complejo que se quiere construir en el lugar de la finca.

Sin embargo el fuego no se ha apagado, subsisten las brasas. Nuestros gobiernos pasados y presente, los del PP, PSOE o CiU, han demostrado tener un afán patológico de poder exclusivo. Consideran que si están al frente de las instituciones “su orden” es el único legítimo, el afán de controlar absolutamente el espacio público les obsesiona, ceder ante las demandas sociales especialmente si van teñidas de “cultura antisistema” aunque sean razonables no lo pueden soportar. Un sector importante de CiU y de los medios de comunicación puede empujar al Ayuntamiento a no aceptar las reivindicaciones de Can Vies que coinciden con la mediación de las entidades ciudadanas de la zona y de la Federación de Asociaciones de Vecinos. La segunda ola de protesta entonces será más dura y la represión policial probablemente más violenta. El contexto “estructural” es potencialmente explosivo y la coyuntura poselectoral es favorable a la movilización social. Si los gobernantes actúan como pirómanos, como fue el caso del exconseller Puig (ante el 15M) o del jefe policíal Prat recién dimitido y alabado por el gobierno catalán, el conflicto se agudizará y puede tener efectos muy imprevisibles (5). Puede ser una de las chispas que reanimen el fuego. Otras chispan aparecerán en el resto de Cataluña y en España..

La Rosa de Fuego sigue viva.

Notas:

(1) Ferrer i Guardia, destacado pedagogo de prestigio internacional, fundador de la “Escuela Moderna”de ideología anarquista, defensor de la “huelga general” pero no de la violencia, En 1909 residía en Inglaterra y llégó a Barcelona por razones familiares poco antes de que estallara la revuelta. No participó en ella, ni mantenía relaciones con sus lideres, ni tan solo se instaló en Barcelona sino en una población cercana. Fue detenido como “instigador” y fusilado sin que se pudieran aportar pruebas materiales o testimonios directos de su complicidad o apoyo.

(2) La Rosa de fuego es también el título de un gran libro de Joaquín Romero Maura sobre Barcelona y el anarquismo a inicios del siglo XX (publicado en 1974 y reeditado en 2012 por RBA)

(3) Fórmula utilizada por Mounier, fundador del “personalismo cristiano”, para calificar la sociedad capitalista.

(4) Los sectores sociales poco reconocidos por las instituciones necesitan llamar la atención, salir en los medios especialmente la televisión y el fuego es muy mediático.

(5) El ministro del Interior ya practica la piromanía: su proyecto de ley de seguridad ciudadana criminaliza la protesta social y política.. Veáse Jauma Assens y Gerardo Pisarello, La bestia sin bozal. En defensa del derecho de protesta. Libros de la Catarata 2014.

Jordi Borja es miembro del consejo editorial de SinPermiso

Kalea Denona denuncia multas que superan los 75.000 euros a diferentes colectivos populares de Nafarroa

Los colectivos y personas que estamos hoy aquí, queremos denunciar el uso político que de las sanciones administrativas, las multas, se está llevando a cabo como medida represiva para silenciar un descontento social patente en las clases populares, para cortocircuitar incipientes modos de protesta, ligados a la desobediencia civil, que podrían ir extendiéndose. Además, queremos denunciar la discrecionalidad con la que se imponen dichas sanciones, dejando el ejercicio del derecho a la protesta, en manos de la voluntad del mando policial o judicial de turno y de las órdenes políticas que tengan en cada momento.

Cualquier acción de denuncia cuyo objetivo sea cuestionar el sistema actual, a sus autoridades o sus decisiones, se enfrenta a un muro de exigencias legales, a ordenanzas municipales absolutamente restrictivas que nos abocan a un riesgo más que cierto de llevarnos un serio «correctivo» económico en forma de multa. Con las multas buscan una forma de represión más invisibilizada, que ahogue a los agentes sociales en marañas burocráticas y sobre todo económicamente. En última instancia los gobiernos, en nuestro caso el de España o el de Navarra y también muchos gobiernos municipales, lo único que persiguen es un efecto disuasorio dirigido hacia aquellas personas que muestran su disconformidad y participan en las múltiples expresiones de protesta que se están llevando a cabo.

A nosotras, en los últimos meses, nos han denunciado sometiéndonos a procedimientos burocráticos, en muchos casos, de más de 2 años de duración, con una cuantía que supera los 75.000 €, cifra que hemos podido recoger durante estas tres semanas de trabajo. Estamos denunciadas por desarrollar protestas en defensa del medio ambiente, del derecho a la vivienda, de la sanidad y la educación pública,… en cualquier caso, por protestas en favor de la justicia social, por mostrar nuestro desacuerdo ante una clase dirigente, que ha encontrado en las sanciones administrativas, la solución perfecta para intentar acallar cualquier acción de carácter político que le pueda simplemente incomodar, y que se lleve a cabo en algo tan de todos como lo es la calle.

Además, no son sólo Derechos fundamentales como el de la libre expresión y el de manifestación los que, enmarcados en una deliberada estrategia de involución represiva y antidemocrática sin precedentes, cada día, se recortan y quedan en cuestión, sino que toda esta locura sancionadora, supone un castigo añadido para los sectores más desfavorecidos (por ejemplo personas en situación irregular), que son los que sufren de forma más intensa en sus condiciones vitales, esta extorsión.

Protestar sin alterar el orden o no protestar. En ese dilema quieren que juguemos y esto se puede quedar en una broma cuando, próximamente, se apruebe la Ley «Mordaza» (ley de Seguridad Ciudadana), que supera y con mucho, las actuales y abusivas sanciones tanto en la calificación de los delitos como en las cuantías impuestas.

Pues bien Señora Alba desde aquí, la calle, alto y claro, le decimos que ni con sus multas ni con su porras van a lograr silenciar el hartazgo y el cabreo de la ciudadanía. Nos presentamos con caretas blancas, no por miedo, sino porque no somos nadie, porque podemos ser cualquiera: precarias, desahuciadas, paradas, trabajadoras, anti-desarrollistas,… Porque no nos conformamos con hablar de injusticias, pero como ni somos ricas ni queremos serlo, no estamos dispuestas a llenar vuestras arcas con este saqueo legal y mucho menos, a dejar de expresar lo que nos plazca.

Por todo ello, convocamos el próximo 20 de Junio una Asamblea-Concentración que se celebrará frente a la Delegación del Gobierno en Navarra (Carlos III)) y que se centrará, por una parte, en la denuncia de esta «escalada» sancionadora y por otra, en cómo articular una respuesta colectiva que nos sirva para zafarnos de esta abusiva modalidad de control social, y que tantas dificultades plantea para la legítima realización de protestas populares en su entorno más natural: la calle.

CGT/LKN ha mostrado su apoyo a Kalea Denona con destacados militantes durante el acto público.