CLAUSURADA LA X SEMANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y MIGRACIONES

El 18 de diciembre, día internacional del/la migrante se clausuró la X Semana sobre Derechos Humanos y Migraciones en Iruña. Se trató de un doble acto. En primer lugar, en la oficina de Correos se envió una carta dirigida al Ministro de Interior, otorgándole un «cero» por su nefasta gestión que ha conllevado una constante vulneración de los derechos de las personas migrantes (devoluciones en caliente, mantenimiento de los CIES, excesos policiales…).

Posteriormente, en Katakrak, se homenajeó, otorgando un «diez» a la asociación de mujeres africanas «La flor de África», por su labor cotidiana en la defensa y apoyo solidario en éste ámbito de la migración.

Desde los colectivos organizadores de estas jornadas creemos que es necesario actuar colectivamente para hacer valer los Derechos Humanos como algo más que un documento inerte, causa a la que hemos querido contribuir con los actos llevados a cabo durante estos días.

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foto y texto I.G.




La Ley de seguridad ciudadana: hacerse temer, hacerse odiar

Parecía inconcebible que se atrevieran a seguir adelante con él. Por su irracionalidad, por su carácter abiertamente antigarantista, por el alud de críticas que había recibido de organizaciones de derechos humanos de todo tipo. Sin embargo, el Partido Popular ha decidido apretar el acelerador e imponer en el Congreso de los Diputados su proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana. Lo ha hecho para lanzar a la oposición política y social un rugido  de dureza. Para emular a Fraga y anunciar que la calle es suya y que no permitirá que nadie se la dispute. Hace unos años, el gesto podría haber resultado eficaz. Ahora no. Con la corrupción carcomiendo sus estructuras, con el aumento de la precarización social, con el desafío que suponen el proceso soberanista catalán y el imparable auge de Podemos, la decisión del Gobierno aparece como un signo de debilidad que, tarde o temprano, puede acabar volviéndose en su contra.

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Ciertamente, este empeño represivo no es nuevo. En los últimos años, cada medida privatizadora, cada despojo de los bienes públicos, comunes, ha venido acompañado de alguna iniciativa dirigida a criminalizar la protesta. Esta estrategia tiene su lógica: avasallar los derechos sociales y laborales básicos exige mantener a raya las libertades civiles, políticas y sindicales que permiten reclamarlos. La propuesta de endurecimiento del Código Penal impulsada por Ruiz Gallardón fue una primera señal en esta dirección. Y la Ley de Seguridad Ciudadana se convirtió muy pronto en su complemento más idóneo.

Ya en su momento, de hecho, el Partido Popular intentó llevar a los juzgados diferentes formas protestas que se estaban gestando a rebufo de la crisis. Desde las manifestaciones frente al Congreso hasta los «escraches»organizados por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). La mayoría de estos intentos fracasaron. Muchos jueces entendieron que podía discutirse si estos hechos estaban amparados o no por la libertad de expresión e ideológica. Pero dejaron claro que era un despropósito tratarlos como delitos penales. Fue en este contexto que se gestó la idea de reformar la Ley de Seguridad Ciudadana. Si el ámbito penal resultaba demasiado garantista, si los jueces eran demasiado quisquillosos, lo que se imponía era evitarlos. Y para ello, nada mejor que potenciar la vía administrativa.

El Gobierno, en realidad, ya lo venía haciendo. Desde la aparición del 15-M, infracciones leves, como negarse a facilitar el DNI, desobedecer ciertos mandatos de la autoridad u originar desórdenes en los espacios públicos acarrearon multas administrativas de hasta 300 euros. Estas sanciones afectaron a todo tipo de colectivos: desde el Sindicato Andaluz de Trabajadores hasta la PAH, desde los Afectados por las Preferentes hasta empleados públicos, ocupantes de centros sanitarios, activistas ecologistas y vecinales y trabajadores en general. A diferencia de lo que ocurre con las sanciones penales, las multas administrativas pueden ser interpuestas directamente por las Delegaciones de Gobierno, sin control judicial previo. Son menos aparatosas que la represión física directa y suponen una lenta pero eficaz asfixia económica. Además, recurrir judicialmente estas multas puede llegar a costar unos 2.750 euros, algo que  queda fuera del alcance de cualquier manifestante medio.

Con esta idea en mente, el ministro Fernández Díaz anunció en noviembre de 2013 la intención de reforma la Ley de Seguridad Ciudadana de 1992. En términos garantistas y democráticos, el anteproyecto presentado era un conjunto de despropósitos. Convertía en sancionables hechos indeterminados, descritos con una preocupante vaguedad. Preveía multas desorbitadas, de hasta 600.000 euros, para los supuestos de protesta más disímiles. Y otorgaba, además, amplios poderes de intervención a la policía. Lo que era considerado una falta y tenía que resolverse judicialmente con las garantías de un proceso penal, pasaba a convertirse en un ilícito administrativo, caracterizado por una regulación mucho menos garantista que incluía la presunción de veracidad del testimonio de los funcionarios policiales.

La versión original de la reforma recibió críticas demoledoras desde los ámbitos más diversos. Caracterizada como «Ley mordaza» o «Ley de la patada en la boca», generó la oposición abierta de asociaciones de jueces y movimientos sociales de todo tipo. Diarios como The Guardian o Die Tageszeitung la calificaron como una «amenaza a la democracia» y como un «camino a la dictadura». Incluso desde los propios sindicatos policiales se la acusó de querer «criminalizar cualquier acto de protesta […] para proteger a la casta política».

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Desde aquel anuncio de noviembre de 2013 hasta hoy ha pasado un año. En ese tiempo, las políticas de despojo del Gobierno han seguido su marcha implacable. Lo que ocurre es que también la crisis de Régimen se ha acelerado de manera notable, tanto por razones económicas como políticas. El estallido de los casos Bárcenas y Gürtel, la operación Púnica, el escándalo de las tarjetas opacas de Caja Madrid y el papel de Rodrigo Rato, mano derecha de José María Aznar, en la estafa de Bankia, están minando de manera creciente las bases de un Partido Popular que podría perder en poco tiempo espacios institucionales clave.

Acosado por este escenario, el Gobierno ha entrado en una fase de desconcierto en la que parece dispuesto a morir matando antes que a rectificar. Sólo así se explica la insistencia en un proyecto de ley que solo se ha podido justificar falseando sin pudor los datos sobre disturbios violentos producidos en los últimos tres años. Según el documento interno utilizado por los miembros del Partido Popular para defender la nueva normativa, desde enero de 2012 a septiembre de 2014 se habrían producido 1.000 conflictos de este tipo. Estos conflictos habrían costado alrededor de 47,5 millones de euros y habrían dejado un saldo de 865 ciudadanos y 618 agentes de la policía y de la guardia civil heridos. Lo que pasa es que ninguno de estos datos coincide con los proporcionados por el propio Ministerio del Interior, que reconoce que las protestas violentas han sido un 0,08% de las más de 90.000 que se han convocado.

Esta disposición al falseamiento de los datos viene complementada por el empeño en mantener sin rubor la filosofía de fondo del anteproyecto inicial. Ciertamente, las presiones internacionales y las de órganos como el Consejo General del Poder Judicial o el Consejo General de la Abogacía han obligado al Gobierno a modificar o a eliminar 33 infracciones contenidas en el proyecto original. Pero ninguna de estas enmiendas ha permitido atemperar el espíritu represivo que contenía la versión primigenia. Es más, en una práctica irregular que ha acabado por normalizarse, el Gobierno aprovechó la tramitación de la Ley de Seguridad Ciudadana para asestar un golpe artero al derecho de asilo: modificó la Ley de Extranjería y otorgó cobertura legal a las «devoluciones en caliente» de las personas migrantes que pasen a territorio español.

En la propuesta gubernamental, el espacio público deja de ser un espacio de participación política, para convertirse un ámbito regimentado y expurgado de toda connotación conflictiva. El grueso de las objeciones jurídicas, de hecho, que podían plantearse a la primera versión de la propuesta gubernamental mantiene plena validez. Se siguen contemplando, de manera vaga y claramente reñida con el principio de legalidad, numerosos ilícitos que suponen una restricción absolutamente desproporcionada de la libertad de expresión y del derecho de reunión y de manifestación.

Así, es jurídicamente inaceptable que se sancione «la ocupación de cualquier inmueble, vivienda, o de la vía pública […] o la permanencia en ellos contra la voluntad de su propietario, arrendatario o titular de otro derecho sobre el mismo» (artículo 37.7 del Proyecto), con independencia, por ejemplo, de que se produzca de manera pacífica o con violencia e intimidación. También resulta desproporcionado que se mantengan las sanciones por la celebración de «manifestaciones frente a las sedes del Congreso de los Diputados, el Senado, y las asambleas legislativas de las comunidades autónomas aunque no estuvieran reunidas» (artículo 36.2), un precepto que simplemente tiende a evitar que la ciudadanía pueda reunirse simbólicamente ante estas instituciones para  trasladar un mensaje que no puede expresarse simplemente a través del voto.

Diferentes preceptos del Proyecto, de hecho, insisten en someter el derecho de reunión a una suerte de autorización previa (así, los artículos 35.1 y 37.1). Esta exigencia incumple el artículo 21 de la Constitución española y los principales estándares internacionales en la materia e ignora un principio elemental: que los poderes públicos deben interpretar de manera expansiva, y no restrictiva, el alcance del derecho de manifestación, incluso cuando se trate de concentraciones espontáneas, sobre todo  si estas son pacíficas y no han sido  comunicadas previamente por falta de tiempo o por ausencia de un organizador concreto.

Si la nueva ley se aprobara, en definitiva, impedir un desahucio, no identificarse ante un agente de policía, o difundir imágenes de antidisturbios, incluso golpeando a manifestantes, podría suponer multas de 600 a 30.000 euros. La policía, igualmente, dispondría de un margen de actuación mucho más laxo para realizar registros e identificaciones, valiéndose para ello de criterios discriminatorios, prohibidos por el derecho internacional, como el perfil étnico de las personas. En la línea apuntada anteriormente, la versión de los hechos consignada por la policía en las actas respectivas, gozaría de presunción de veracidad, salvo prueba en contrario, (artículo 19.2). Esta disposición se convertiría en una espada de Damocles sobre la presunción de inocencia, agravada por la ausencia de cualquier mecanismo independiente de supervisión de estas actuaciones.

27nComo se planteó ya cuando el primer anteproyecto de la ley vio la luz, un dispositivo normativo de este tiposupone una regresión a la Ley de vagos y maleantes aprobada en los años treinta del siglo pasado y ampliadas durante el franquismo. Nada indica que en su paso por el Senado la Ley mordaza vaya a ser depurada de sus aristas represivas. Con todo, tampoco parece que pueda ser aceptada y aplicada con facilidad, mucho menos en un momento en el que la situación de emergencia social es más acuciante que nunca.

Por lo pronto, el conjunto del arco parlamentario, con la significativa excepción de CiU, se ha comprometido a derogar la norma en caso de contar con la mayoría para hacerlo. Esta protesta ha llegado a la Unión Europea, donde los diputados de Podemos y de Izquierda Unida exigieron al Consejo Europeo que se pronunciara sobre una iniciativa que, entre otros extremos, vulnera también los artículos 11 y 12 de la propia Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea.

Que Fernández Díaz, como Fraga, querría que la calle fuera suya, parece evidente. No obstante, el Ministro haría bien en recordar la advertencia lanzada por Montesquieu hace algunos siglos: cuando se busca con tanto afán hacerse temer, es muy probable que se acabe consiguiendo antes hacerse odiar. En la sesión de aprobación del proyecto de este jueves, un grupo de activistas del 15-M recibió la propuesta del Partido Popular con los compases de «La canción del pueblo», incluida en «Los miserables», para recordar que este no está dispuesto «a dejarse someter». Fueron desalojados del recinto, sí. Pero lanzaron un mensaje que no desaparecerá fácilmente y que supone un problema serio para un Gobierno que si recurre de manera tan burda a la vía represiva es porque hace tiempo que ha dejado de convencer.

Gerardo Pisarello es miembro del Consejo de Redacción de Sin Permiso. Es autor, junto a Jaume Asens, del libro, La Bestia sin bozal. En defensa del derecho a la protesta, Catarata, Madrid, 2014.

Publicado en Sin Permiso, 14 de diciembre de 2014




Martes al Sol llama a secundar la manifestación unitaria del 13 de diciembre

El martes 2 de diciembre, la asamblea precaria de los Martes al Sol volvió a tomar su espacio mensual, frente a Diputación, llevando a cabo su asamblea callejera en torno a las problemáticas del paro, desahucios, renta básica,…

En esta ocasión se quiso dar especial relevancia a la manifestación unitaria convocada para el 13 de diciembre (17:30h, desde los Golem), exigiendo un verdadero cambio social. Esta manifestación tiene la virtud de haber aunado a sectores sociales y sindicales muy diversos, logrando una suma de fuerzas poco usual.

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Por ello, Los Martes al Sol llama a esta movilización, bajo el lema Denok Batera!, por el cambio social.

Foto y texto: I.G.




Juicio-Parodia en Conde Olivetto

Un centenar de personas han acudido al Juicio-parodia, celebrado en la mañana del 27 de noviembre, a las puertas del ambulatorio Conde Oliveto, en el que se ha hecho firme la sanción de cinco días de suspensión de empleo y sueldo a Chema Berro miembro destacado del sindicato CGT/LKN por negarse a realizar el aumento de jornada que se impuso en la Administración navarra en 2012, a pesar del pequeño detalle de que éste ya se ha jubilado y ha dejado de desempeñar su trabajo como administrativo en el Centro de Salud de San Jorge.

berroDe nada han servido las intervenciones de la defensa, que ha recaído en el Colectivo de Personas en Paro, ni el alegato que el propio sancionado ha hecho sobre su modo de actuar y sus razones de conciencia. La justicia, implacable, ha caído con todo su peso, aunque un poco tarde y, afortunadamente en este caso, de modo totalmente ineficaz.

berro2Chema Berro ha declarado que lo importante no es que a él «le hubieran sancionado cinco días en el caso de que estuviera en activo, es que quien está en paro ya cumple una sanción de empleo y sueldo de 365 días al año» Por ello, el acto se ha cerrado haciendo un llamamiento a seguir impulsando el reparto de los trabajos como la mejor forma de combatir el paro y mejorar nuestras vidas

Banatu Taldea




A los Alpes suecos

«La mitad de los días hay parques de bomberos sin el personal suficiente», revelaba un titular de la prensa local hace pocas fechas que alertaba como quien llama al 112, sobre la falta de contratación y relevo que se está dando en la Agencia Navarra de Emergencias. Una oferta pública de empleo en suspenso conlleva ese suspense de jugar con fuego: ¿si se quemara uno de nuestros parques de bomberas, a quién llamaríamos? Pero no sólo bomberos y bomberas se encuentran en vías de extinción, también el personal de la salud o el educativo en suspenso, con el tumor de la sanidad privada que se extiende tal cual nos falta profesorado, con la indocente salvedad del que adoctrina en aulas donde se segrega según el tipo de genital del alumnado.

 

Cumplir con menos personal y más trabajo es la realidad que nos imponen, por cada ciempiés un limpiabotas, por cada cien políticos una guarda de seguridad, en lo público y en lo privado, más paro y más buro-tránsito nos imponen, con más interrogatorios para acceder a una mísera renta de inclusión que atempere la pesadilla si hasta los sueños también nos imponen, porque veintiún euros por un café y un décimo de lotería ya nos advierte que ni el soñar es gratis.

 

Ensoñaciones aparte, desde la administración nos aclaran que seguiremos contando con personal de emergencias, sanitario o educativo, nos detallan que de forma desinteresada están rescatando a nuestros emprendedores víctimas de la burbuja inmobiliaria para reubicarlos ahí, señalan como anticipo y prueba de fe la concesión de la medalla de oro de Navarra a otrora insignes emprendedores como el constructor Huarte que desafió al caudillo dando trabajo y compasión en Cuelgamuros a los infieles, amén del benefactor Urmeneta, que tanto dio por nuestra sanidad y educación entregando robadas y robadas de tierra para que los navarros y navarras presumieran de una clínica y una universidad como Dios manda aclaran, aclaran y concluyen: «si a alguien no le gusta este proceder, que se vaya para los Alpes suecos».

 

 

Colectivo Malatextos 




La Coordinadora de las Marchas de la Dignidad Córdoba denuncia que CCOO y UGT tratan de «usurpar» el 29N

El sindicalismo institucional han programado actos para el mismo día a la misma hora.
Las organizaciones que componen la Coordinadora temen que la «maniobra» de CCOO y UGT fagocite la jornada de movilizaciones.

El pasado 22 de marzo las columnas de las Marchas de la Dignidad confluyeron en Madrid bajo el lema “Pan, trabajo y techo”. La convocatoria lanzada desde el sindicalismo alternativo, y secundada por movimientos sociales como la PAH, las mareas o las asambleas del 15M de diferentes ciudades y pueblos del Estado, constituyó un rotundo éxito para las organizaciones convocantes, ya que consiguió reunir a cientos de miles de personas en torno a una convocatoria al margen de los sindicatos CC OO y UGT.

Cartel de las Marchas de la Dignidad

La buena acogida impulsó la Coordinadora 22M  a plantear a finales de junio un calendario de movilizaciones para este próximo curso que, según explicaba Manuel Cañada, miembro del Campamento Dignidad de Extremadura, a eldiario.es, tratase de «seguir abriendo nuestro movimiento a la sociedad». Los premios Príncipe de Asturias en octubre y una semana de lucha a finales de noviembre, fueron dos de las convocatorias planteadas.

Ha llegado noviembre y nos encontramos en medio de la semana de lucha que concluirá este sábado 29 de noviembre con una convocatoria estatal de movilizaciones en distintas ciudades y pueblos. Sin embargo, esta vez no parece que la jornada vaya a realizarse sin la presencia CCOO y UGT.

Estos sindicatos han lanzado una convocatoria para el mismo día y con el mismo formato de movilizaciones descentralizadas en distintas ciudades del estado. En sus páginas web ya se puede leer su anuncio de convocatoria para el 29N «frente a las políticas económicas y sociales del Gobierno (…) y para influir en el desarrollo del diálogo social, que está teniendo lugar». En este comunicado los dos sindicatos recuerdan que “la movilización unitaria nos hará más fuertes’ y llaman a sus sindicatos a que organicen las manifestaciones junto a aquellos movimientos ‘que también por esas fechas convocan movilizaciones ciudadanas’.

Cartel de CCOO y UGT

Desde las Marchas de la Dignidad de Córdoba denuncian que la coincidencia en la convocatoria, que incluye incluso el uso del mismo lema que han popularizado las marchas (la palabra ‘dignidad’), trata «de usurpar un espacio que no les corresponde, olvidando que formando parte del problema, como han venido haciendo hasta ahora. No pueden formar parte de la solución». Además desde esta plataforma se manifiestan «en contra de la incorporación de CCOO y UGT a las Marchas de la Dignidad» y rechazan la contraprogramación anunciada para el 29N. «Entendemos que no es más que una maniobra para intentar usurpar y fagocitar el movimiento, al tiempo que pretenden ‘lavar’ su desacreditada imagen», añaden en su comunicado de prensa, «mientras mantienen esas prácticas sindicales de claudicación y pacto que no compartimos y a las que nos enfrentamos».

extraido de Diagonal




Juicio-Parodia: No mas sanciones por el reparto del trabajo

En 2012 se aumentó la jornada en la función pública navarra con el fin de ahorrar contrataciones (destruir empleo), a lo que nuestro compañero Chema Berro se negó por motivos de conciencia (esta persona ya llevaba dos años solicitando permisos sin sueldo en su puesto de Administrativo en el Centro de salud de San Jorge, para fomentar el reparto del trabajo).

Se le abrió un expediente por falta grave al cual hemos ido respondiendo colectivamente (campaña de autoinculpaciones, concentraciones, escritos a prensa, presentación de alegaciones,…), pues bien, dos años después, la sanción es firme, 5 días de suspensión de empleo y sueldo. Curiosamente Chema ya lleva unos meses jubilidado por lo que no podrá cumplir esta injusta sanción. No obstante queremos denunciar la sinrazón de todo el proceso a través de un Juicio-Parodia que celebraremos en los porches del Ambulatorio Conde Oliveto, el JUEVES 27, a las 11 H.

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Quico Sabaté y los Grupos Anarcosindicalistas

Centenario QUICO SABATÉ

Quico Sabaté

En 1953 el Movimiento Libertario decide renunciar a la lucha armada como medio para acabar con la dictadura de Franco, y desautoriza a quienes se niegan a abandonar las armas, entre ellos Quico Sabaté, Josep Lluís Facerías y Ramón Vila Capdevila (Caraquemada), que seguirán actuando por su cuenta.

Los motivos de esta decisión son varios: la enorme sangría de militantes que genera la represión policial; la presión cada vez más intensa de los gobiernos de España y Francia sobre la organización en el exilio; y la falta de perspectivas en un momento en que el régimen se afianza internacionalmente con el apoyo explícito de Estados Unidos.

Esta renuncia se suma a la del Partido Comunista, que cinco años antes había decidido desmovilizar a su organización guerrillera.

Coincide con el declive de la lucha armada un claro rebrote de la lucha social en territorios como Catalunya, Madrid o el País Vasco. A principios de 1951 la huelga de tranvías en Barcelona, que desemboca en una huelga general ampliamente seguida en toda Catalunya, pone en jaque a la dictadura, que, atemorizada por los acontecimientos concentró en la ciudad a más de tres mil policías venidos de Madrid, Zaragoza y Valencia, y atracó en el puerto a varios navíos de guerra con efectivos de Infantería de Marina. La ciudad tomó el aspecto de una ciudad tomada militarmente.

La intensidad y amplitud de estas luchas reafirman la convicción de Quico Sabaté de que es posible desencadenar, a través de la lucha armada, un proceso de insurrección popular capaz de derribar al régimen. Convencido de ello, a principios de 1955, Quico termina su confinamiento en Dijon. Han sido años muy duros. Para él no hay nada peor que la inactividad, agravada además con la muerte de sus dos hermanos. Por fin puede reanudar su lucha.

En este periodo Quico llega a varias conclusiones definitivas: en primer lugar, el Movimiento Libertario, dividido aún en dos fracciones –partidarios de la colaboración con el resto de fuerzas antifascistas y con el Gobierno republicano en el exilio, y los que consideran que el tiempo de la colaboración política se acabó con el final de la guerra–, está instalado en una apatía que solo deja lugar a las interminables luchas internas en que se pierden sus recursos y energías. Por otra parte, el proyecto de reorganizar el ML en el interior con sus estructuras clásicas –comités, federaciones, sindicatos con cotizaciones, etc.– es una quimera. Esa estructura no es capaz de resistir una represión tan dura y persistente como la que aplica el régimen franquista. Es necesario reorganizar el movimiento con una estructura más eficaz y capaz de sortear el acoso policial, basada en grupos autónomos coordinados. La misión de estos grupos, dedicados a la propaganda y el proselitismo, es multiplicarse y extenderse hasta formar una red lo suficientemente fuerte para desencadenar la insurrección popular. Quico persistía en la convicción de que solo mediante la lucha armada se podría derribar una dictadura como la franquista.

Quico intenta sin ningún éxito convencer a sus compañeros. Finalmente decide actuar por su cuenta y crea lo que en principio se llamará Federación Ibérica de Grupos Anarcosindicalistas. Inmediatamente es acusado de querer dividir el ML y su proyecto de organización pasa a ser considerado una maniobra escisionista. Se le acusa incluso de haberse aliado con George Fontenis, quien por aquel entonces había protagonizado una escisión en la Federación Anarquista Francesa. Nada más lejos de la intención de Quico, cuyo único objetivo era crear un instrumento que él consideraba necesario para desarrollar la tarea que el MLE se negaba a realizar. Tras una reunión con el Secretariado del MLE acepta cambiar el nombre por el de «Grupos Anarcosindicalistas» sin más, en un intento de evitar suspicacias y enfrentamientos.

Con los apoyos que pudo recabar, y dispuesto a poner en práctica su proyecto, cruza de nuevo la frontera el 29 de abril de 1955 junto con tres compañeros. Traen consigo, además de abundante armamento, ejemplares del número 1 de una nueva publicación, El combate, que sería el órgano de expresión de los Grupos Anarcosindicalistas y del que se llegarían a editar cuatro números.

La víspera del primero de mayo, el grupo se dedica a distribuir por toda Barcelona la propaganda traída de Francia. Para ello utilizan un sistema muy eficaz y que implica poco riesgo, que consistía en colocar un montón de hojas de propaganda previamente humedecidas en el techo de un tranvía –o de un automóvil– aprovechando el momento en que estuviera parado; cuando el vehículo se ponía en movimiento, conforme el papel se iba secando, el viento esparcía las hojas por la calle.

Este original sistema no fue el único invento ideado para la propaganda. Quico fue un ingenioso innovador en este terreno. Diseñó y fabricó una especie de cañón lanzapanfletos, similar a un mortero, que lanzaba hojas y que se podía utilizar desde un coche. También invento un medio para dar mítines: consistía en grabar una alocución en un magnetófono para luego, puesto en marcha, dejarlo en un lugar lo más concurrido posible, por ejemplo, en el interior de una fábrica.

Por supuesto, como era habitual en los grupos de acción, no olvidaron enviar por correo un ejemplar al Jefe Superior de Policía, al Gobernador civil y a otras autoridades por el estilo. Hoy se podría calificar esto como infantilismo o chulería, para ellos, que habían perdido una guerra, que habían visto caer a muchos de sus amigos y compañeros, que se veían obligados a vivir como proscritos, lejos de sus familias y de su país, era una manera de decir a sus verdugos que no habían acabado con ellos, que seguían en la lucha, que no les tenían miedo y que, en definitiva, el juego no había terminado.

Al grupo se le presenta de nuevo el eterno problema del dinero. Los recursos de que disponían se habían esfumado con la impresión del primer número de El combate. Poner remedio es tan urgente que no hay tiempo para atracar un banco –lo que requiere cierto estudio y planificación–, por lo que eligen una tienda de telas de la que obtienen 4.000 pesetas, un modesto botín que, no obstante, les permite afrontar sus necesidades más inmediatas. Ya con más calma, el día 6 asaltan una sucursal del Banco de Vizcaya de donde obtienen recursos necesarios para iniciar sus tareas como organización. Aquel mismo día envían un giro de 4.000 pesetas a la tienda de telas. Para financiar la resistencia estaban los bancos, no había por qué castigar a pequeños tenderos.

Provistos de recursos, centran su labor en contactar con compañeros para organizar los Grupos Anarcosindicalistas. En los Grupos se suprime la tradicional obligación de cotizar, típica de la organización sindical. La cotización –se sabía por experiencia– dejaba un rastro diáfano que la policía podía utilizar fácilmente para desmantelar organizaciones y llenar las cárceles con sus integrantes. Para financiar la lucha estaban los bancos. En muy poco tiempo los Grupo Anarcosindicalistas logran un desarrollo notable. Se forman Grupos en diversos barrios de Barcelona y en un buen número de localidades de la provincia.

El 28 de septiembre Franco visita Barcelona y los Grupos le darán la bienvenida con un manifiesto que se distribuye por toda la ciudad con la ayuda del «cañón lanzapanfletos», que consiguen instalar en un taxi convenciendo a su dueño de que se trata de un «homenaje al Caudillo». El manifiesto aparece firmado por un inexistente «Movimiento de Liberación de España». Estas siglas con las que Quico intenta impulsar la lucha popular contra la dictadura, encajan en su concepción de que la lucha debe estar protagonizada por el pueblo al margen de tendencias políticas e ideologías. Dentro de esta lucha amplia y popular serán los Grupos Anarcosindicalistas los encargados de difundir la idea libertaria.

En esta misma línea, en febrero de 1956 se distribuye un manifiesto dirigido al pueblo llamando a una Alianza Democrática de Resistencia Antifascista (ADRA).

El 22 de diciembre de 1956 el grupo atraca la empresa Cubiertas y Tejados. Aunque la operación se desarrolla sin ningún incidente, el desenlace tendrá funestas consecuencias. La intensa batida que inicia inmediatamente la policía para capturar a los autores, obliga a Quico y sus compañeros a ocultarse, pero un miembro del grupo, Ángel Marqués, se salta la norma y comete la imprudencia de salir de su escondite. La policía lo captura al poco tiempo. Cuando Quico se percata de la detención de Marqués comprende que su escondite ya no ofrece ninguna seguridad. Sabe que Marqués acabará cediendo más tarde o más temprano a la tortura y pondrá en manos de la policía toda la información que posee, lo que quiere decir que toda la red de contactos, los Grupos Anarcosindicalistas que se han formado y toda la infraestructura construida con tanto esfuerzo dejará de existir. A finales de enero hasta 57 personas serán detenidas y acusadas de colaborar con Quico. El grupo se encuentra en una situación desesperada; sin posibilidad de esconderse en ninguna parte, no le queda más remedio que iniciar una huida desesperada a Francia que durará 13 días.

Pero la información obtenida por la policía, también acaba sirviendo para desmantelar parte de la infraestructura de Quico en Francia. La policía francesa –gracias a la información obtenida de sus colegas españoles– descubre el 9 de enero un depósito de armas escondido en una masía. La situación para Quico no puede ser peor: perseguido ahora en ambos lados de la frontera, carece de organización en la que apoyarse y de refugio donde ocultarse. Finalmente, es detenido e ingresado en prisión, y no saldrá en libertad hasta el 12 de mayo de 1958, con una nueva condena de cinco años de confinamiento forzoso en Dijon, que Quico no está dispuesto a cumplir porque no puede concebir otros cinco años de inactividad. Está decidido a seguir luchando.

Su decisión y la magnitud de las dificultades a las que se enfrenta nos dan idea de su talla humana, de la fortaleza de sus convicciones y de su lealtad hacia los compañeros que había visto caer a su lado.

Saltándose el confinamiento, viaja por Francia intentando de nuevo convencer a sus compañeros del ML de la necesidad de reactivar la lucha en el interior. Para realizar esta tarea no solo habrá de burlar la orden de confinamiento, también tendrá que sobreponerse a su estado físico, que ya no es el que era: tiene una úlcera de estómago de la que tendrá que operarse de urgencia el 3 de noviembre de 1958 debido a una perforación. Estas fueron las circunstancias en las que Quico preparó la que sería su última incursión en España.




LA LEY ES LA LEY. LA RIDÍCULA TAMBIÉN

A finales de diciembre de 2012 se me abrió un expediente sancionador por haberme negado a cumplir el incremento horario, 18 horas, fijado por el Gobierno de Navarra para el segundo semestre de ese año. Una ocurrencia, la del desgobierno de Navarra, que en el 2013 dejó de estar vigente.

Se me comunica la apertura del expediente y se nombre una Comisión Investigadora. Tengo una entrevista con ella. Después elabora un dictamen que se me comunica. Hago alegaciones y solicitud de pruebas, tras de las cuales  sale un nuevo dictamen, que también se me comunica y al que tengo derecho a hacer nuevas alegaciones. Ejerzo ese derecho y la Comisión Investigadora vuelve a hacer otro nuevo dictamen que vuelve a comunicárseme y se eleva a la  Consejería de Presidencia Justicia e Interior, frente a la que puedo hacer nuevas alegaciones, que realizo. Y, por fin, el 15 de octubre de 2014, esa Consejería emite un nuevo dictamen frente al que ya no caben alegaciones internas, pero sí puedo hacer un recurso en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Desde el dictamen inicial hasta el último se considera mi comportamiento como falta grave y se me dicta la sanción mínima: cinco días de suspensión de empleo y sueldo.

Total, que para aplicarme una sanción de cinco días de empleo y sueldo por haberme negado a trabajar 18 horas el desgobierno ha gastado muchísimas más horas de las que yo me negué a hacer. Para más delito, cuando la sanción es casi firme y tendría que cumplirla resulta que hace cinco meses que me he jubilado.

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¿Qué puedo hacer? Puedo recurrir al Contencioso Administrativo, pero Gallardón me lo puso difícil, la justicia es muy cara. Puedo dejar la sanción en herencia a mis hijos, como otros dejan las deudas de las hipotecas, pero ¿y si no la aceptan? La cosa es que me sabe mal que esa sanción, con todo lo que ha costado, se quede flotando en un limbo, eternamente perdida y errabunda. Me sabe mal, ¡pobre sanción!, ella que podía haber sido un ejemplarizante  signo de firmeza.

Parece de risa, pero es de pena. De pena ese funcionamiento por ocurrencias. De pena la insensibilidad de nuestros gobernantes ante un tema como el paro. De pena el que hablando previamente al expediente con la jefatura de Atención Primaria (por cierto, de las pocas jefaturas que se mantienen fieles a Marta Vera o agarrados fuertemente a la poltrona), frente a mi defensa del reparto del trabajo se me diga que “yo lo que quiero es repartir la pobreza, mientras que ellos quieren generar riqueza”, frase tan manida y sintomática de carencia de pensamiento. De pena que no se reconozca el derecho a la objeción de conciencia más que en los supuestos gratos a nuestros gobernantes. De pena  el que se mantengan en ese hacer como que hacen. De pena la burocracia infinita. … De pena.

Algo, mucho, tendría que cambiar en nuestra sociedad. Y no me refiero solo al color de los gobernantes, sino a las formas de hacer política y los contenidos de ésta. Cambios que no se darán sin una mayor, mucho mayor, implicación ciudadana. La cuestión central es si estamos por esas.

Por todo ello, el jueves 27 de noviembre a las 11 horas celebraremos una concentración en la puerta del ambulatorio Conde Oliveto en la que escenificaremos en forma de parodia el proceso sancionador y la ridícula actuación de nuestros administradores.

 

 

 

 

 

 

 

 Txema Berro  anarcosindicalista de CGT/LKN y miembro de Banatu




EL PARLAMENTO SOCIAL TOMA LA CALLE

El sábado 22, más de una treintena de colectivos sociales se dieron cita en el Paseo Sarasate con la intención de dar voz y visibilizar los sectores de nuestra sociedad a los que la actual  crisis-estafa está afectando de forma más grave e injusta por tratarse de los sectores más desfavorecidos. Cada colectivo expuso en forma de eslogan su ámbito de lucha y sus reivindicaciones y, junto éstas, un manifiesto conjunto que se entregó a los distintos parlamentarios que apoyaban el acto de protesta.

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El Parlamento Social, hizo hincapié en la necesidad de continuidad de ésta iniciativa como forma de trabajar contra la exclusión.

 

Texto y fotos: Juan Mari Arazuri