El pasado día 17 de octubre se llevaron a cabo distintas movilizaciones en decenas de pueblos y barrios de todo el estado en defensa de la Sanidad Pública y en contra de los procesos de privatización de la misma. La convocatoria, impulsada por la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad (CAS), no se quedaba en el eslogan genérico, incluso vacío en ocasiones, en pro de una sanidad pública. Apuntaba de forma específica a la derogación del marco normativo que hace posible que hoy en día la salud sea un negocio para determinados grupos empresariales y financieros.

Por una parte, está el art.90 de la Ley General de Sanidad que es el que permite el modelo de concertación que, por ejemplo, hoy en día padecemos en Navarra. A nadie se le escapa que poco tiene de coyuntural la concertación de la prestación de determinados servicios cuando dicha actuación se viene prolongando durante décadas sin que quienes han gestionado el sistema público hayan tratado de avanzar en la asunción de dichos servicios directamente desde la red pública. En ocasiones, como ocurre con las resonancias magnéticas o con los quirófanos, ni siquiera se saca todo el rendimiento al equipamiento e instalaciones de titularidad pública. Así, la concertación supone una sangría constante de recursos económicos públicos y el sostenimiento de un sector privado que se lucra de las necesidades de salud de la población y que trata de ampliar constantemente sus espacios de actuación, su cuota de mercado.

Por otra parte, tenemos la Ley 15/97 sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, que permite que empresas privadas puedan gestionar centros sanitarios y sociosanitarios dentro del Sistema Público. Se trata de cesiones a cambio de la construcción y gestión de los centros cuyo coste final resulta muy superior que hacerlo de forma directa. Además el servicio que se ofrece, valga el ejemplo de Madrid, es de peor calidad pues cuentan con plantillas muy mermadas y se aplican criterios economicistas a la hora de dar atención, todo ello en aras del beneficio empresarial. Este modelo se ha extendido ampliamente en todo el estado a lo largo de los años y aunque en Navarra en el terreno meramente sanitario no padecemos este modelo de gestión, tenemos muy reciente la experiencia de Mediterránea de Catering con sus desastrosas consecuencias a nivel económico y de calidad. Otra amenaza que posibilita esta Ley 15/97 es la implantación de las llamadas Unidades de Gestión Clínica que pueden llevar a la fragmentación de los servicios de la red pública en una especie de pequeñas empresas reguladas por lógicas de mercado, que en algunas comunidades ya son una realidad.

Es la sanidad pública una valiosísima herramienta que tenemos como sociedad para garantizar un derecho como la salud desde la igualdad y la universalidad, valores en grave peligro hoy en día. Su defensa y mejora pasa por atajar las causas últimas de su deterioro, pasa por la derogación de las normas que la debilitan en beneficio del sector privado. Los enormes retos a los que nos enfrenta la pandemia de Covid 19 no hacen sino empujarnos a exigir con mayor decisión reformas de calado que blinden el sistema sanitario público pues, realmente, nos va la vida en ello.

Ruben Oneca y Maite Cisneros,

trabajadorxs de Osasunbidea y afiliadxs a CGT/LKN-Nafarroa

El Gobierno ha remitido recientemente al Consejo de Navarra el proyecto de Decreto Foral que regula los centros residenciales y de día, para su preceptivo dictamen. Se trata de un texto que se empieza a elaborar en 2019 con la pretensión de consolidar un modelo de atención enfocado en la persona y en la calidad de los cuidados.

Sin duda hay aspectos positivos en el proyecto de Decreto Foral: los que apuntan a una mayor participación de los y las usuarias así como de la comunidad, la ampliación de los perfiles profesionales para asegurar la personalización y la oferta de actividades, en la adecuación de los equipamientos residenciales para crear entornos más humanos y hogareños, o la posibilidad de llevar a cabo experiencias piloto de iniciativas tipo cohousing. No obstante, la concreción y el alcance en varios de estos aspectos resulta más bien escasa:

-Echamos en falta en el Consejo de Participación la presencia obligada de representantes de los entes locales en los que se encuentre el centro, así como del tejido social como elementos corresponsables en la calidad del servicio y facilitadores de su integración en el entorno cercano, como ocurre con Consejos de Salud.

-El contrato asistencial que los centros deben suscribir con cada persona usuaria debería incluir el conocimiento por parte de éstas de los servicios mínimos que éstas deberían recibir y que se incluyen en los conciertos que las entidades acuerdan con el Gobierno de Navarra.

-Los principios de la Atención Integral que se plantean (promoción de la autonomía personal, participación, proporcionar un entorno significativo y normalizado, personalización, promoción de la salud, organización de la convivencia,…) serán papel mojado si no se acompaña con unas ratios profesionales que lo puedan hacer posible. En este sentido, el borrador de Decreto Foral no plantea unos ratios mínimos que puedan facilitar el cumplimiento de los objetivos: no distingue entre las necesidades de atención de personas dependientes, incluyendo en el mismo saco a dependencias moderadas, severas y grandes dependencias, no establece ratios mínimos para perfiles profesionales (fisioterapia, terapia ocupacional, animación,…), utiliza para el cálculo del ratio la jornada anual que varía según los convenios de cada centro,… El planteamiento de ratios que se hace no garantiza la calidad de atención, ni la misma calidad de atención según los centros, en un sector con plantillas precarizadas, sometida a tareas muy exigentes, tanto físicas como emocionales y sin convenio propio.

-La adecuación de espacios, las pequeñas unidades de convivencia, el aumento de camas individuales tan sólo afecta a las residencias de nueva construcción y a aquellas que vayan a realizar una reforma de calado. Por lo tanto, sólo las residencias mercantiles y de mayor tamaño van a tener la capacidad de cumplir con los nuevos estándares de calidad.

Por ello el actual proyecto de Decreto Foral resulta claramente insuficiente: cierta ambición en los objetivos, muy modesto y rácano en los medios, continuista en el modelo privatizador y mercantil y con grandes debilidades para aportar una respuesta a la altura de la trágica situación que la pandemia ha evidenciado.

Marisa Olite y Chema Berro, afiliadxs a CGT/LKN-Nafarroa

Extraído de: http://nafarroakosasunplataforma.blogspot.com/2020/08/necesidad-de-otro-modelo-socio.html

La pandemia de Covid-19 ha puesto de manifiesto las carencias de nuestro actual sistema socio-sanitario, de las residencias privadas concertadas, concertación que se debiera reducir a residencias gestionadas por entidades sin ánimo de lucro. No por ello estamos asistiendo a ese necesario proceso de reforma, con medidas de calado dirigidas a mejorar las condiciones de vida de nuestros y nuestras mayores y las condiciones laborales para las personas que trabajan en las residencias.

Desde la Plataforma Navarra de Salud/Nafarroako Osasun Plataforma tenemos claro que es necesario un cambio de modelo, que la gestión y titularidad de las residencias debe ser pública y que debemos repensar la forma en que desarrollan su vida las personas mayores en estos centros con mayor participación de profesionales, personas residentes y familias. Somos conscientes de que todo esto no puede materializarse todo lo rápido que desearíamos, ni siquiera con la voluntad política necesaria, algo de lo que parece carecer en este momento el Gobierno de Navarra. Por ello, en tanto en cuanto se mantenga el actual modelo basado en la concertación con instituciones privadas sería exigible que se den algunas condiciones básicas orientadas a un mayor control público de las residencias y a una mayor transparencia en su gestión.

En esta línea, se debería blindar el acuerdo marco que rige la selección de empresas que prestan los servicios de plazas residenciales en Navarra de forma que se erradicara la precariedad laboral en las residencias, se mejoraran los ratios de profesionales por residente y se exigiera la inclusión de nuevos servicios para enriquecer las experiencias vitales de las personas residentes. Tampoco se debiera permitir que empresas como Amavir o DomusVi, a las que se ha señalado durante la pandemia por su nefasta gestión y por su opacidad, sigan teniendo el actual peso relativo en nuestro sistema socio sanitario y sigan lucrándose del dinero público. Señalar que DomusVi, multinacional controlada por un fondo de inversión, ha sido denunciada recientemente ante la Agencia Tributaria por una trama para eludir impuestos, desviando beneficios a una sociedad de la isla de Jersey. Por su parte, tras la realización de una auditoría se estimó que AMMA (hoy en día integrada en Amavir), según palabras del anterior Consejero de Salud, Fernando Domínguez, llegó a acumular en tres años la escandalosa cifra de 786.000 € en lo que eufemísticamente denominó “exceso de facturación” en la prestación farmacéutica.

Por otra parte, analicemos con mayor profundidad la forma en que en Navarra se cumple con la obligatoriedad de establecer Servicios de Farmacia en los establecimientos socios sanitarios. La fórmula empleada consiste en la convocatoria de subvenciones por parte del Servicio Navarro de Salud- Osasunbidea, con una cuantía de cinco millones y medio de euros en los últimos 4 años (2017-2020) para que las residencias con más de 80 camas costeen los gastos de funcionamiento de la atención farmacéutica. Estos gastos comprenden: personal (utilizando como referencia para las cuantías lo percibido por el personal equivalente en el SNS-Osasunbidea), gastos generales de los locales (limpieza, electricidad, agua, calefacción…) y gastos de transporte de medicamentos y otros productos.

Sin embargo, en otras comunidades, como en el País Vasco se ha optado por una solución más sensata. Mediante el Decreto 29/2019, de 26 de febrero, sobre servicios de farmacia y depósitos de medicamentos en las residencias para personas mayores ubicadas en la Comunidad Autónoma de Euskadi, se dispuso que fuera posible eximirse de la obligación de disponer de un Servicio de Farmacia propio a las residencias de más de 100 camas mediante el establecimiento de un depósito de medicamentos vinculado a un servicio de farmacia de un hospital del Sistema Sanitario Público. De esta manera se espera mejorar la calidad asistencial, la seguridad y eficiencia de la prestación farmacéutica al asumir personal cualificado de Osakidetza la adquisición, preparación y suministro de medicación de las residencias.

Asistimos a momentos extremadamente duros, con la espada de Damocles de la Covid-19 de nuevo sobre las cabezas de las personas mayores. Se precisan medidas valientes que realmente permitan avanzar en la transformación del modelo, comenzando por un mayor y mejor control público de las residencias. La prestación farmacéutica, hoy inaceptable fuente de beneficio de las empresas del sector a costa del SNS-O, es una de las prestaciones a cambiar radicalmente. Que poner “la vida en el centro” sea algo más que un lema vacío, que Gobierno y Parlamento, se pongan a ello.

Nafarroako Osasun Plataforma /Plataforma Navarra de Salud

Volvemos a la carga! 𝐄𝐬𝐭𝐞 𝐦𝐞𝐬

Plat. Navarra de Salud, sobre Sanidad de Nafarroa

Texto de Martes al Sol en su 8º aniversario:

El 4 de agosto Martes al Sol celebraremos nuestro octavo aniversario en este curso atípico 2019/2020.
Los primeros martes de mes, a las 19 horas, en Carlos III frente a Diputación, Martes al Sol nos juntamos en una concentración-asamblea, ocupando el espacio público para denunciar nuestro cada vez más injusto e irracional modelo social, recogiendo los temas que van a estar en la calle en el mes correspondiente, a los que hacemos de altavoz a través de los organismos que los protagonizan, y sirviendo de espacio de encuentro y reflexión. Naturalmente, al margen de los temas programados, es un espacio abierto a la aportación de cualquiera de las personas que en él participan.
El eje que nos vertebra es el incremento de la pobreza y las desigualdades, producidas por una economía en la que el beneficio se impone a la satisfacción de las necesidades de las personas. Signo de esa marcha social en declive es el que muchos de los temas lejos de resolverse se reiteran y agraven: migraciones, vivienda, pensiones, precariedades, mujer, y juventud, deuda, deterioro de la sanidad y la educación…, mientras que el dinero público se despilfarra en macro-proyectos, de los que el TAV puede ser el más emblemático, en un pretendido desarrollismo, esclavo de la competitividad y sin ninguna autonomía económica. Un insensato ir a MÁS que cada día deja en la cuneta a mayores sectores sociales, arrasa el planeta, deteriora el medio ambiente y no es ajeno al surgimiento y difusión de la actual pandemia coronavírica. La aparición entre nosotrxs de movimientos como Alianza por el Clima es un dato positivo al que intentamos acoger en nuestras actividades.
Son temas que procuramos que estén presentes en todas las movilizaciones, como la desarrollada en la huelga del 30 de enero impulsando un “piquete social”, junto con todos los organismos que trabajan esos temas mencionados.
Este curso de estado de alarma, confinamiento y restricciones de libertades hemos dejado de desarrollar nuestras concentraciones de abril y mayo y el recordatorio de la catástrofe, para nosotrxs muy significativa, de Bangladesh. Hemos intentado suplir esa carencia mediante eventos virtuales, lo que nunca es lo mismo, y rápidamente hemos tratado de recuperar nuestra actividad lo más normalizada posible, procurando que la seguridad y la protección no nos paralicen.
La reactivación de la actividad social, siempre central, es en este momento más imprescindible. El tratamiento dado al coronavirus va a significar una “crisis” en nada inferior a otras precedentes; estas crisis los poderes económicos y políticos las afrontan tratando de relanzar el modelo desarrollista, exigiendo sacrificios que recaen con mayor peso sobre quienes están peor situados en la escala social, ampliando y acentuando las pobrezas severas y las desigualdades. Para Martes al Sol esta crisis -con todas las alarmas de todo tipo que el coronavirus ha desatado y con las reflexiones que el confinamiento y la sensación de peligro han propiciado- es la ocasión para una reorientación de nuestro modelo económico y social. Una austeridad, un aminoramiento del consumo podíamos considerarlo sensato si se aplica sensatamente, si se dirige al mucho gasto superfluo, si garantiza la cobertura de las necesidades básicas de las personas, de todas las personas. Como dice nuestro lema: “Contra las desigualdades sociales. Pobreziarik ez”. 
Que esta crisis no la paguen quienes están más empobrecidas.
El 4 de agosto la celebración de nuestro octavo aniversario también será atípica. 
Será celebración el hecho de juntarnos para darnos renovados impulsos. Invitamos al conjunto de la sociedad, de forma especial a las personas y organismos que vienen participando en algunas de nuestras actividades: lxs amigxs de las PAHs, de la Red de Lucha contra la Pobreza, de los grupos de mujeres, del Consejo de la Juventud, de SOS Racismo, Pamplona Ciudad de Acogida, Papeles Denontzat, de la Red de Autodefensa Laboral, de la Plataforma Navarra de Salud, de Alianza por el Clima, de Mugitu, Nafarroa Bizirik, colectivos de pensionistas, … y todas las personas que durante el año nos acompañan.