La mayoría de los acusados denunciaron torturas durante su periodo de incomunicación y, aunque la Audiencia Nacional no es la encargada de juzgar esos malos tratos, el tribunal sugiere que las declaraciones ante la policía pudieron ser forzadas. La Audiencia Nacional advierte que sólo las declaraciones que se presten «libre, voluntaria y espontáneamente pueden ser tenidas en cuenta para obtener elementos incriminatorios». Cito la sentencia: «La Convención contra la Tortura obliga a todo Estado a asegurarse de que ninguna declaración que se demuestre ha sido hecha como resultado de tortura pueda ser invocada como prueba en un procedimiento».
Sigue la sentencia de la Audiencia Nacional: «Las declaraciones del atestado no ratificadas judicialmente son manifestaciones preprocesales, más en casos como el que nos ocupa en que los acusados expresamente se retractan en el acto del juicio recordando que ya ante el juez de instrucción las negaron y atribuyeron al empleo de torturas». Y dicho esto, la Audiencia Nacional excluye «del cuadro de la prueba todas las declaraciones policiales».
La Audiencia Nacional detecta elementos extraños en todo el proceso: la mayoría de las personas que fueron detenidas en la operación en España se autoinculparon o declararon en su contra en comisaría (81%), mientras que los detenidos en otros países europeos pudieron acogerse al derecho a no confesar contra sí mismos; hay relatos a los médicos forenses de denuncias de torturas y no se adoptan medidas de prevención; se da el hecho de jóvenes que declaran ante el juez y son interrogados de nuevo por la policía para volver al juez con una segunda declaración, sin que exista justificación alguna según la Audiencia Nacional (lo que comúnmente se conoce como ‘preparar la declaración’)…
La Audiencia Nacional recuerda que ciertos jueces instrucción toman medidas para evitar las torturas: comunicar a la familia el lugar de la detención, grabar lo que ocurre en las zonas de custodia para controlar las entradas y salidas de la celda, la identidad de los funcionarios actuantes y los horarios, la intervención de un médico de confianza designado por la familia junto al médico forense, y la grabación de los interrogatorios. El juez instructor de este caso fue Fernando Grande-Marlaska y, según la Audiencia Nacional, no adoptó ninguna de estas medidas
La lectura de la sentencia deja un panorama desolador. Los médicos forenses se limitan a consignar lo que dice el detenido, pero ante la presencia de huellas físicas o testimonios de posibles maltratos, no se producen actuaciones para evitarlas. Los abogados de oficio –los detenidos en régimen de incomunicación no tienen derecho a un abogado propio– acuden, en muchos casos, a las declaraciones judiciales como comparsas, sin que los detenidos puedan tener un mínimo derecho a la defensa.
Escuchemos ahora algunos de los testimonios de los jóvenes.
«Uno le pegaba golpes en los oídos de modo continuo durante los interrogatorios»
Aitziber Arrieta. Durante su detención fue examinada en seis ocasiones por el médico forense. La sentencia afirma que Aitziber Arrieta le contó al médico que estaba siendo maltratada: «Le comentó al médico que la noche anterior después del reconocimiento la llevaron a un cuarto y le volvieron a dar golpes en la cabeza y la espalda, eran varios agentes, pero los que la agredieron un hombre y una mujer». Según la Audiencia Nacional, «no consta otra actuación judicial al respecto que la prórroga de la detención incomunicada».
Euken Villasante. Declaración del joven en el juicio recogida en la sentencia: «Uno le pegaba golpes en los oídos de modo continuo durante los interrogatorios. El maltrato fue sobre todo psicológico: le decían que habían visto muy mal a su madre, que le había dado un ataque, que no sabían si estaba viva, que irían a por su hermano y a por su novia. Le obligaban a estar de cuclillas y a hacer ejercicio, estaba muy cansado, se desmayó en una ocasión. Un día, justo antes de la declaración con abogado, le interrogaron desnudo».
El forense refleja en su informe tras hablar con Euken Villasante: «Anoche tras el reconocimiento, en un cuarto como éste, no sabe a qué hora, le desnudaron y le dieron tortazos en la espalda y cuello y le tiraron del pelo, que esto duró unos cinco a diez minutos. Que había tres personas, los tres hombres y sólo uno de ellos le maltrató». La Audiencia Nacional dice en su sentencia que no consta medida judicial alguna de comprobación sobre lo que el médico forense señalaba en sus partes de estado.
Por cierto, ¿alguien se lee los informes de los médicos forenses?
Xabier de la Maza en la declaración en el juicio recogida en la sentencia: «A la mañana siguiente, un agente encapuchado le preguntó si iba a declarar, que se preparase porque le llevaban a Madrid. Durante el traslado en coche, sin poder ver porque iba reclinado hacia adelante, le fueron interrogando, entre amenazas se preparó la declaración; le daban golpes en la nuez. Según dijeron, dependía de él estar mas días detenido. Cuando no pudo más, se autoinculpó, la alternativa que le ofrecían era que incriminara a otros de su pueblo; por ello, prestó la primera declaración; no vio ni habló con la abogada de oficio, quien sólo se quejó por la hora de la diligencia, pero no intervino. Le dejaron ir a la celda y le dieron de cenar, pensó que se había acabado, pero horas después le sacaron del calabozo, le empujaron y gritaron. Le dijeron que había cambiado la declaración en varios aspectos».
La Audiencia Nacional pone en cuestión que la declaración ante el juez que prestó Xabier de la Maza fuera expresión libre de su voluntad y la retira como prueba. Según el tribunal, las secuelas psicológicas que sufre se corresponden con la de una situación estresante de tortura o trato degradante.
Garazi Rodríguez. Declaración en el juicio recogida por la sentencia: «En Madrid la sometieron a interrogatorios, le preguntaron varios agentes, le decían que era una puta, que la había cagado, la obligaban a ponerse en cuclillas y cuando se caía le pegaban patadas; también le dirigieron insultos sexistas. Le dieron con la mano abierta en la cabeza y le estiraron del pelo. El tercer día fue el peor, le preguntaron si conocía a Maialen Eldua -había trabajado con ella-, la llevaron de los pelos a la habitación contigua, estaba Maialen hecha una bola y llorando. Después le ordenaron desvestirse. Cuando estaba en ropa interior, un hombre joven la abrazó y le tocó los pechos. Al día siguiente le hicieron ensayar una declaración, hasta que consideraron que era correcta. No le contó ese trato al médico forense, porque detrás de la puerta estaban los guardias y temía represalias».
Sigue la sentencia: «La defensa aportó una foto publicada en la edición digital del diario El Mundo en la que aparecía la acusada con un antifaz -que le privaba del sentido de la vista- a la salida de la Comisaría de San Sebastián». Según la Audiencia Nacional, «la privación de la estimulación sensorial normal está prevista entre los métodos de tortura del Manual internacional para la investigación y documentación de la tortura».
Estos son sólo cuatro testimonios. Hay muchos más en la sentencia.
Hablar de torturas en España es tabú
Lo extraordinario de esta detallada radiografía sobre las entrañas del modo en el que tienen lugar los interrogatorios policiales es que la alarma no la hace saltar una ONG o un abogado de un detenido: es un tribunal de justicia. Es la Audiencia Nacional la que otorga veracidad a las denuncias de torturas y anula las declaraciones policiales. Este caso tendría que haber provocado un escándalo. O, al menos, algo más de atención informativa. Aperturas en los periódicos. Expertos sobre derechos humanos en televisión. Algún tipo de investigación. Pero nada.
Sólo un ejemplo: en la sentencia la palabra ‘tortura’ se cita en 64 ocasiones; he leído informaciones periodísticas sobre la sentencia en la que no se escribe ‘tortura’ ni una sola vez.
En España se ha torturado a presos iraquíes, a internos de los CIEs, inmigrantes que paseaban por la calle, directores de periódicos, activistas del 15-M… pero los poderes públicos y los medios de comunicación actúan como si nada pasara. Atendiendo a informes de organizaciones humanitarias y organismos internacionales, podemos concluir que las torturas no son sistemáticas pero que tampoco son hechos aislados como nos pretenden hacer creer. Las autoridades no aplican medidas para erradicar los malos tratos policiales e ignoran, en muchos casos, las denuncias presentadas por las víctimas. Muchos torturadores han sido indultados. Algunos, incluso, condecorados. Pero el silencio sigue. Hablar de torturas en España sigue siendo tabú.
Siempre he sentido vergüenza de que una parte de los vascos comprendiera y apoyará el terrorismo de ETA. Pero también siento vergüenza de que muchos de quienes se postulan como defensores del Estado de Derecho, lo estén minando por dentro permitiendo que las torturas y los malos tratos se sigan cometiendo en las comisarías. A quienes rechazan la violencia, venga de donde venga, tradicionalmente se les ha tachado de equidistantes, que es la version light de llamarte proetarra. Y la forma habitual de eludir el debate y mantener la injusticia.
Si en algo ha fallado la Transición ha sido en tolerar estos comportamientos en las Fuerzas de Seguridad del Estado (que, además, se han extendido a otras policías autonómicas). Ahora que dicen que empieza la Segunda Transición, las autoridades deberían empeñarse en limpiar los restos del franquismo que todavía quedan en la Policía. Es urgente y es necesario.
