Bizifestación y juicio por las multas al bizipikete
Manifestación sábado 28 de marzo: denuncia de la muerte de Miren
RECUERDA:
Sábado manifestación en Iruñea a las 18.00 horas desde la plaza la Cruz
Ante el comunicado de la oficina de prensa de Laboral Kutxa cuyo link oficial es https://prensa.laboralkutxa.com/comunicado-de-laboral-kutxa-ante-el-suceso-de-miren-en-antsoain/
Las diferentes Plataformas de Afectados por la Hipoteca de Navarra nos vemos obligados a aclarar y desmentir el citado comunicado.
En primer lugar la utilización como excusa de la ley 1/2013 que complementa y corrige al RD 6/2012 también conocido como Código de buenas prácticas y que ya ha sido profusamente criticado por la PAH y otros colectivos y personas del ámbito económico y jurídico, cuya aplicación deja fuera al 99,3% de las familias es un argumento burdo.
En segundo lugar la afirmación de que “La operación no cumplía con los requisitos establecidos en dicha Legislación” es falsa, porque dicha ley en el artículo 5 punto 8 dice literalmente “Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, las entidades adheridas podrán con carácter puramente potestativo aplicar las previsiones del Código de Buenas Prácticas a deudores distintos de los comprendidos en el artículo 3 y podrán, en todo caso, en la aplicación del Código, mejorar las previsiones contenidas en el mismo.” lo que supone que a lo que Uds llaman “la operación” sí se ajustaba a la Legislación, pero no a su voluntad.
En tercer lugar, son Uds. los que incumplen reiteradamente dicha Legislación en l que se escudan, ya que el mismo artículo 5 punto 9 dice “Las entidades adheridas al Código de Buenas Prácticas habrán de informar adecuadamente a sus clientes sobre la posibilidad de acogerse a lo dispuesto en el Código. Esta información habrá de facilitarse especialmente en su red comercial de oficinas. En particular, las entidades adheridas deberán comunicar por escrito la existencia de este Código, con una descripción concreta de su contenido, y la posibilidad de acogerse a él para aquellos clientes que hayan incumplido el pago de alguna cuota hipotecaria o manifiesten, de cualquier manera, dificultades en el pago de su deuda hipotecaria. “algo que tampoco hicieron es esta “operación” como Uds la llaman en su comunicado de prensa.
En nuestra opinión, si hubiesen dedicado la décima parte del tiempo invertido para elaborar este comunicado en haber redactado la respuesta a Miren pensando en una persona y no en una operación, seguramente esa respuesta hubiese sido más cercana , de tu a tu. En ese momento Uds. hubiesen podido comprobar que Miren Peña Rastrollo, veía como se agotaban las prestaciones que irremediablemente la llevaban al precipicio de la exclusión social de riesgo, después de haber sufrido un injusto despido que nunca comprendió.
Por último decir que Miren, lo único que solicito de caja laboral es la misma comprensión y trato que recibió el triste día que decidió firmar una hipoteca en su entidad, por el contrario se encontró con una carta certificada de Laboral Kutxa que fue la gota que colmo el vaso de su tremendo dolor.
En Ansoain a 24 de marzo de 2015
La recuperación de la que habla Rajoy es cierta. Los ricos, los banqueros y las grandes corporaciones, se han puesto morados con los millones de euros robados de las arcas públicas
CGT denuncia la gran estafa que el gobierno del PP y la Troika están llevando a cabo desde el inicio de la “gran crisis”, a costa de la mayoría social, a la cual se les deja morir por no poder pagar un medicamento, como en los casos de la hepatitis C.
CGT denuncia que hay cientos de miles de personas, migrantes, a las cuales se les niega la asistencia sanitaria, muertes producidas por no tener personas profesionales formadas y suficientes en las Urgencias, miles de personas desahuciadas de sus casas, millones de trabajadores y trabajadoras sin ningún tipo de protección, por estar paradas en contra de su voluntad.
CGT denuncia también que se dediquen miles de millones para las Fuerzas de Seguridad, con el único fin de que, por medio de una ley liberticida como es la “Ley Mordaza”, aseguren los negocios, criminalizando a quien proteste por ser despedido/a o desahuciado/a, violando el derecho fundamental de todo ser humano (derecho a techo) o, simplemente proteste porque no quiere morir (hepatitis C, Urgencias, etc.), habiendo medicamentos y conocimientos suficientes para tener una salud y una vida digna.
CGT denuncia la desvergüenza de todos los gobiernos de la troika que han posibilitado que en el 2014, los cinco grandes bancos españoles (Santander, BBVA, Caixabank, Sabadell y Popular) hayan aumentado sus beneficios en ese año en un 27,1%, lo que en términos absolutos supone 10.000 millones de euros.
El sistema financiero ha recibido del “estado”, es decir, de todos nosotros y nosotras, de manera directa, cerca de 100.000 millones y, de manera indirecta (avales, garantías, etc.), hasta 300.000 millones, desde los inicios de su gran “crisis-estafa”. El banco Santander, él solito, ha obtenido en el 2014 la friolera de 5.816 millones de euros de beneficios, el 39% más que en el ejercicio anterior; el BBVA 2.618 millones, el 27,1% más que en el 2013; Caixabank 620 millones, un 23,2% más; el Popular 330,4 millones, un 31,4% más; el Sabadell 371,7 millones, un 50% más.
El mes de enero, en términos de empleo, paro y afiliaciones a la seguridad social, vuelve a pinchar el “gran globo mediático de la recuperación del PP y de la troika”, se destruyeron 200.000 puestos de trabajo. Los contratos realizados en el mes de enero ascendieron a 1,36 millones, de los cuales solamente el 8,8% fueron contratos indefinidos (120.239), el resto, es decir, 1.239.761, fueron temporales, de todo tipo pero temporales, con un incremento de los contratos a tiempo parcial del 27%. El paro registrado en los Servicios Públicos de Empleo aumentó en 77.980 personas, situando el paro registrado en 4.525.691 personas, a 31 de enero de 2015. La EPA da un millón más, es decir hasta los 5,5 millones de personas paradas.
Son tiempos de recuperación de “la gran vida de empresarios, banqueros y oligarquía política”, los cuales cada vez roban más y las leyes les otorgan mayor impunidad, a la vez son los tiempos en que, las personas trabajadoras, paradas, mujeres, migrantes, las personas más conscientes, luchadoras, en definitiva, la mayoría social, SEGUIMOS EN MARCHA por el PAN, TRABAJO, TECHO Y DIGNIDAD, es decir, en lucha por la LIBERTAD. Por eso volvemos a Madrid el 21 de Marzo de 2015.
Secretariado Permanente del Comité Confederal de la CGT
¿Qué lobbies manejan los hilos del TTIP?
El tratado de libre comercio (TTIP) entre la Unión Europea y Estados Unidos sigue forjándose en lo más oscuro de las instituciones de ambos lados del Atlántico. El pasado 2 de febrero comenzaron las octavas jornadas de su negociaciones en Bruselas, que durarán hasta el 8 del mismo mes. Mientras la opinión pública empieza a ver las orejas del lobby, grupos de presión, think tanks o firmas de abogados y relaciones públicas al servicio del poder privado llevan dos años moviendo en la sombra los hilos de un tratado que afectara a millones de personas.
Durante la preparación de las negociaciones entre finales de 2012 y principios de 2013 , el Departamento de Comercio de la Comisión Europea fue presionado por 298 “partes interesadas”, de las cuales 269 correspondían al sector privado. Además, el 92% de las reuniones que la Comisión tuvo a puerta cerrada fue con corporaciones de presión empresariales. Esto deja en 26 los encuentros con grupos de interés público y significa que por cada cita con un sindicato o conjunto de consumidores se producían 20 con empresas y federaciones industriales. Así lo denunció el pasado verano el Corporate Europe Observatory. También, que los 25 grupos que más presionaron correspondían a lobbies de la industria.
Agrupadas bajo “organizaciones paraguas”, las compañías más poderosas del planeta presionan a los poderes políticos para asegurarse de que sus polémicos intereses no se vean afectados. Desde el ACEA, grupo del sector automovilístico que representa a BMW, Ford, Renault, Volskwagen y otras muchas -cuyas acciones de lobby no han pasado desapercibidas- hasta el CEFIC, el conglomerado de farmacéuticas donde se esconden laboratorios como BASF o Bayer.
Pero sin duda, BusinessEurope (federación de empleadores) y la Mesa Redonda Europea de Industriales son los lobbies más fuertes de la Unión Europea. Esta última fue fundada en 1983 para influir en políticas que favorecieran cada vez más a las grandes empresas transnacionales. Suyos son los éxitos del Mercado Único, las Redes Transeuropeas o algunos aspectos clave del Tratado de Maastricht, donde ya en 1991 dejó sus huellas sobre las bases de lo que sería en el futuro la Unión Económica y Monetaria.
Este grupo de presión industrial, actualmente presidido por el CEO de la compañía de gas francesa Air Liquide, engloba a los magnates de las multinacionales europeas más importantes. Entre sus selectas filas hay cuatro españoles: Cesar Alierta (Telefónica), Pablo Isla (Inditex), Antonio Brufau (Repsol) e Ignacio S. Galán (Iberdrola). A diferencia de la mayoría de grupos de presión en Bruselas, la ERT (por sus sigas en inglés) no hace lobby en detalles legislativos, sino que gracias a su libre acceso a comisarios y parlamentarios centra la influencia en llenar la agenda de la UE con proyectos favorables a la globalización, y por tanto, a las multinacionales.
También en América, compañías que engloban a Apple, Blackberry, Microsfot o IBM presionan con el nombre de Digital Europe para lograr sus fines. Especial mención merece la potente maquinaria americana de lobby que la Cámara de Comercio de EEUU ejerce sobre el TTIP. Sólo en 2014, su gasto en cabildeo ascendió a 124 millones de dólares. En su sede en España (AmCham) hemos podido ver a lo largo del último año a todo el establishment español. Monsanto, McDonald’s o Procter & Gamble son los representados de este gigante americano que también trabaja estrechamente con la ERT en los temas que más interesan a sus miembros, ahora, el Tratado de Libre Comercio.
Pero si hay una industria que se ha esforzado en influir a políticos europeos y americanos, esa es la agroindustrial. De las 560 reuniones con la Dirección General de Comercio que se han llevado a cabo, este sector ha protagonizado 113. Más encuentros que el lobby farmacéutico, médico, financiero y automovilístico juntos. “Se trata de tirar hacia abajo los derechos laborales, ambientales y supeditar la democracia al comercio para abaratar el precio de sus productos y servicios”, afirma sobre este sector aLa Marea el portavoz de Equo, Florent Marcellesi, desde Bruselas.
Las reuniones secretas de los grupos de presión
El 82% de los encuentros celebradas por la Dirección General de Agricultura son con lobbies agroindustriales de gran alcance, que como Cargill o la Asociación Americana de la Soja poseen documentados antecedentes en la lucha contra la seguridad y sostenibilidad del medioambiente. Desde presionar en contra de los etiquetados de alimentos favorables al consumidor hasta cabildear en contra de la prohibición de pesticidas dañinos con la naturaleza. “El hecho de que la Comisión Europea trabajara de manera tan estrecha con estos agresivos grupos mientras preparaba las negociaciones del TTIP es una buena razón para preocuparse acerca del futuro que le espera a la naturaleza”, afirma Marcellesi.
En función del grupo de presión, las políticas del tratado internacional sobre las que se quiere influir varían, pero el objetivo final de todos estos lobbies es la “cooperación normativa”. Un concepto de sonido inocente que propone alejar los asuntos más contenciosos del TTIP del examen público, ya que sólo se discutirían una vez firmado el tratado, mediante pactos secretos y acuerdos a puerta cerrada. Los parlamentos nacionales y las instituciones electas no podrán intervenir plenamente, y se limitará peligrosamente el debate público.
Diversas organizaciones contrarias al tratado avisan de que cualquier intento futuro de establecer medidas más sostenibles y favorables a los derechos laborales serán desestimadas por las multinacionales como una “barrera contra el comercio”. Las corporaciones empresariales más fuertes -denuncian- han estado presionando para incorporar este idílico escenario incluso antes de que las negociaciones comenzaran. Así lo muestran la filtración de diversas cartas remitidas a la Comisión Europea por BussinesEurope o US Chamber of Commerce (Cámara de Comercio de EEUU).
Otro problema que destacan los opositores del TTIP es que muchos lobbies ni siquiera están inscritos en el registro de transparencia europea, concretamente, más del 30% de los sectores privados que han presionado a la Dirección General de Comercio durante el inicio de las negociaciones: 94 empresas, entre las que encontramos nombres como Walmart, Walt Disney, General Motors o France Telecom.
Un caso concreto de esta opacidad es el que ha llevado a varias organizaciones a presentar unadenuncia contra Goldman Sachs. En el Registro de Transparencia Europea, el gasto en representación ante instituciones europeas que esta compañía declara es de 50.000 euros, una cantidad muy baja teniendo en cuenta que en Estados Unidos refleja una inversión en este aspecto 58 veces mayor. Las ONG denunciantes también alegan que el importe que se declara en este registro no cuadra con el que reflejan las firmas de relaciones públicas que le prestan servicio, ya que estas afirman haber recibido pagos de Goldman Sachs por un valor de más de 450.000 euros, una cantidad 9 veces superior a la que el banco de inversión dice gastar en lobby.
Filtraciones que delatan a las multinacionales
A la falta de conocimiento sobre quiénes se reúnen con los políticos europeos se suman las continuas filtraciones sobre oscuras demandas que los grupos de presión realizan. Los ejemplos van desde los documentos que ha publicado Filtra.la o Wikileaks, hasta el informe presentado por el Centro de Derecho Ambiental Internacional (CIEL) y ClientEarth, que muestra cómo una propuesta secreta de los lobbies químicos podría dañar la legislación protectora de productos tóxicos.
También, el hecho de no reflejar los temas que se tratan durante las reuniones entre lobbistas y políticos preocupa a las organizaciones de la sociedad civil. Durante el periodo inicial de negociaciones, sólo 5 de los 298 grupos indicaban los temas que se trataban en las reuniones.
Todo esto sucede mientras la Comisión Europea afirma que no hay “ningún secreto”. Las organizaciones, de nuevo, denuncian que no sólo hay un interés por no publicar la lista de reuniones con los lobbistas, sino que cuando son exigidas se envían con meses de retraso y con amplios signos de censura. Un ejemplo es la petición de información que Corporate Europe Observatory envió en abril de 2013 para obtener una visión general de los contactos que la Comisión había mantenido con la industria durante los preparativos del TTIP. Los documentos llegaron 14 meses después de la presentación de la solicitud (si bien el derecho de la UE requiere una respuesta en un plazo de 15 días laborables) y además, en los informes la Comisión había blanqueado o ennegrecido partes comprometidas. “Si la Comisión Europea se tomara en serio el cabildeo y la transparencia publicaría las listas de todas las reuniones con los grupos de presión en su sitio web”, critican desde el CEO.
La inexistencia de un debate público acerca del TTIP
En España pocos han sido los medios privados que han informado sobre el Tratado. De hecho, El Mundo sólo recoge en su hemeroteca 18 noticias relacionadas con el TTIP durante los dos años de negociación. En El País, durante los últimos dos meses sólo hay cuatro referencias: dos son cartas al director y otras dos son tribunas abiertas que reflejan las voces de sus partidarios, una de ellas la firman Miguel Arias Cañete, comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, y Cecilia Malmström, comisaria europea de Comercio.
La falta de conocimiento de la opinión pública nacional sobre las consecuencias de este polémico tratado, a pesar de las campañas de organizaciones contrarias a este, quedó en evidencia cuando la Comisión realizó una consulta sobre el criticado mecanismo de arbitraje entre Estados e Inversores (llamado ISDS). De las 150.000 respuestas ciudadanas recibidas, sólo el 2 por ciento venían de España.
“Cuanto más se informa al público de lo que está en juego con el TTIP, más impopular se vuelve el acuerdo, porque la gente entiende que tiene mucho que perder”, afirman desde el Corporate Europe Obsevatory en relación a la falta de información que hay en los medios sobre las consecuencias negativas de este tratado. Quizá sea por ello por lo que la Comisión Europea elaboró una estrategia de comunicación para “comunicar de manera adecuada” las ventajas del Tratado. En un documento filtradose refleja el contexto del TTIP, los retos principales de su comunicación, así como los mensajes y objetivos sobre los que debe de girar el discurso de las partes interesadas en su firma.
Como afirma el Premio Nobel Paul Krugman en el New York Times. “Hay razones para apoyar este Tratado y razones para oponerse a él. Pero cuando la Cámara de Comercio de Estados Unidos hace de un acuerdo muy complicado su gran prioridad, y ofrece falsedades para justificarlo, deberíamos sospechar de que hay asuntos perversos ocultos en la letra pequeña”.
Por Ekaitz Cancela
Martes al Sol y Solidaridad con Hassanna en Iruña
En la tarde del martes 3 de febrero tuvieron lugar dos movilizaciones en Iruña, consecutivas en el tiempo y muy cercanas en el espacio:
-En primer lugar, a las 19h, la asamblea de los Martes al Sol volvió a tener lugar, como cada primer martes de mes, frente a Diputación. En esta ocasión se dedicó el tiempo de intervenciones a buscar fórmulas que dinamicen y hagan más potente la voz de este espacio. Tras varias intervenciones, se apuntaron algunas líneas a seguir a nivel de coordinación, expansión y difusión. Además se ratificó de la necesidad de mantener viva esta iniciativa y de tratar de poner en primer término los problemas más acuciantes y más severos que derivan de la crisis, aquellos que afectan a las personas dejándolas sin lo más básico: trabajo, vivienda, renta, cuidados,…
-A las 19:30 h, la asamblea se trasladaba unos metros, a la entrada de la Plaza del castillo, para tomar parte en una nutrida concentración que exigía la no expulsión del activista saharaui Hassana.
MANIFIESTO DE ESTA CONCENTRACIÓN:
El pasado 19 de enero se hizo público el auto de resolución de la solicitud de Asilo Político en España del joven activista saharaui Hassana Aalia, en el que se le comunica la denegación de la protección y se le anuncia la salida obligatoria del territorio español, dándole un plazo de 15 días para hacerlo, pese al castigo que le espera y el riesgo real de ser torturado y encarcelado si regresa al Sahara Occidental bajo ocupación de Marruecos.
Hassana es un joven saharaui de 26 años nacido en El Aaiún (Sahara Occidental) que solicitó protección internacional en enero de 2012, tras enterarse de que su nombre figuraba en la relación de acusados que iban a ser juzgados en Rabat por un Tribunal Militar por los hechos del campamento de Gdeim Izik. Hassana estaba desde octubre de 2011 en el País Vasco, con una beca de estudios. La ley española que regula las condiciones para la solicitud de asilo político establece cláusulas y plazos excepcionales cuando las circunstancias que justifican la petición se deban a causa sobrevenida en el país de origen, como ha sucedido en
este caso.
Hassana Aalia figura en el Sumario de Instrucción del Tribunal Militar Permanente para la Fuerza Armada del Reino de Marruecos, junto con otros 24 acusados, todos civiles. Fue juzgado en rebeldía, y a tenor de su condena a cadena perpetua en una sentencia que fue leída ante observadores de Human Rights Watch y Amnistía Internacional, entre otros, existen sobrados motivos para determinar que el retorno de Hassana al Sahara Occidental supondría un riesgo real para su libertad e integridad física.
Pero el Ministerio del Interior ha denegado su petición, a pesar de que contaba con un contundente informe de ACNUR, que apoyaba la solicitud en virtud de las circunstancias excepcionales de Hassana, reconociendo su activismo, las detenciones que ha sufrido, los malos tratos, el acoso y la presión a la que ha sido sometido por parte de la policía marroquí, y la tortura de la que ha sido objeto. La primera vez que fue torturado tuvo lugar en octubre de 2005, cuando tenía 17 años, por participar en una manifestación pacífica a la salida de la escuela.
El Ministerio del Interior le ha denegado la protección internacional porque en la sentencia escrita no figura su nombre entre los condenados, aunque los observadores internacionales confirmaron que sí fue nombrado en la sala cuando se leyó el veredicto a cada uno de los acusados. Por esta razón, el Gobierno español considera que hay un procedimiento penal
inconcluso y, aunque no lo dice expresamente, en el fondo está avalando la validez de un juicio que ha sido denunciado por las más importantes organizaciones internacionales de defensa de los Derechos Humanos por no ofrecer garantía alguna a los procesados.
Por todo ello, EXIGIMOS al Gobierno español que en virtud de la legislación española y del compromiso con el respeto a los Derechos Humanos, reiteradamente incumplidos en el Sahara Occidental Ocupado por Marruecos:
Conceda el Asilo Político a Hassana Aalia, activista saharaui de Derechos Humanos y defensor del derecho de autodeterminación del Pueblo Saharaui reconocido por la legislación Internacional, dado que su retorno al Sahara Occidental supone un riesgo real para su libertad e integridad física.
En Pamplona/Iruña, a veintinueve de enero de dos mil quince.
FDO.: ANARASD (Asociación Navarra de Amigos y Amigas de la RASD- RASD
Adiskidantzarako Nafar Elkartea), ANAS (Asociación Navarra de Amigos del
Sahara), ATTSF (Asociación de Técnicos y Trabajadores Sin Fronteras),
DELEGACIÓN SAHARAUI EN NAVARRA
Texto e imagenes: I.G.
Iruña contra la Ley Mordaza
Una veintena de colectivos y sindicatos han llevado a cabo una concentración en oposición a la Ley de Seguridad Ciudadana, la Ley Mordaza el 23 de diciembre, frente a la Delegación del Gobierno, en la Plaza de Merindades de Pamplona-Iruñea.
Una nutrida movilización, secundada por más de 200 personas, que expresa el rechazo de los movimientos sociales hacia una norma restrictiva que busca entorpecer la protesta con más y mayores sanciones, que nos deja en la indefensión de la vía administrativa y de no poder tomar imágenes de los excesos policiales, que permite prácticas ilegales como las devoluciones en caliente en las vallas de Ceuta y Melilla…
El poder expresa miedo o cuando menos preocupación cuando recurre a agudizar la represión contra quienes se opongan a un desahucio, acudan a convocatorias espontáneas o protesten en entidades bancarias y ante los principales foros de decisión política.
Por ello, ahora más que nunca, que no calle la calle, que el espacio público sea reflejo vivo de lo que la sociedad demanda de forma colectiva, no un lugar en el que sólo tenga cabida el consumo y las relaciones asépticas entre personas que se ignoran.
ADHESIONES (orden alfabético):
AHT Gelditu, Andrea, ATTAC Navarra-Nafarroa, CGT/LKN, CNT-Nafarroa, Colectivo de Personas en Paro, Dale Vuelta-Bira Beste Aldera, ESK, Kalea Denona, LAB, Lunes Lilas, Martes al Sol Mugitu Mugimendua, Plataforma por el Derecho a una Renta Básica, Red navarra contra la pobreza, Salhaketa, Sasoia, Solidari, SOS Racismo, STEE-EILAS, Sumaconcausa y Sustrai Erakuntza.
COMUNICADO CONJUNTO:
LEY MORDAZA: el poder se blinda, la calle no se calla.
Se ha aprobado en el Congreso la restrictiva Ley de Seguridad Ciudadana, la “Ley Mordaza”, que ahora pasa al Senado para su aprobación definitiva, con la oposición de todos los grupos parlamentarios a excepción del PP, Partido Aragonés y, COMO NO, DE UPN.
De las 270 enmiendas presentadas a esta Ley, la Comisión de Interior del Congreso aprobó alrededor de 50, pero la mayoría de las cuales sólo hacen referencia a mejoras técnicas del texto –NO DEL CONTENIDO–, mientras que otras suponen un endurecimiento de una ley que desde amplios sectores de la sociedad e incluso desde la Unión Europea ha sido señalada por su carácter restrictivo de los derechos de reunión y libertad de expresión.
Resulta significativo que pocos días después de su aprobación ya se están dando las primeras actuaciones dirigidas a criminalizar la protesta a través de mediáticas operaciones policiales.
Pretenden blindarse ante el aumento de la movilización y la presión social, acallar la calle, convertirnos en esa mayoría silenciosa para poder imponer sus medidas antipopulares impunemente.
ESTA LEY SUPONE:
- Menos garantías para la ciudadanía. La policía en el ámbito administrativo tiene presunción de veracidad y serán ella y la propia Administración quienes van a sancionar: juez y parte. Además se tendrá que pagar la multa antes de poder recurrir la sanción, un proceso por el que también se deben pagar unas tasas ante los tribunales.
- Limitación genérica de las reuniones y manifestaciones. Se sancionarán (o incrementarán las cuantías de las sanciones Leves: de 100 a 600€; Graves: de 601 a 30 000€; Muy graves: más de 30.000), las protestas que se realicen ante el Congreso, el Senado u otro organismo autonómico similar. También la ocupación de entidades bancarias y otros inmuebles, encaramarse a edificios, la resistencia o desobediencia a la autoridad o impedir un desahucio. Estas acciones y estos espacios son fundamentales para la expresión de la denuncia de la actual situación.
- Limitación de la posibilidad de grabar a la policía en el ejercicio de sus funciones. Se sancionarán la difusión de imágenes o datos no autorizados de las fuerzas de seguridad, incluidas las realizadas por profesionales del periodismo. Por lo tanto, los abusos policiales quedarán casi impunes.
- Legalización de prácticas ilegales, con la legalización de las llamadas “devoluciones en caliente”. Consisten en que, a pesar de que el/la inmigrante haya sorteado la valla fronteriza, se entrega a las autoridades marroquíes sin darle la oportunidad de pedir asilo o exponer las circunstancias que le han llevado a saltar la valla de Ceuta o Melilla. Son expulsiones sumarias y colectivas que están prohibidas por el derecho internacional porque vulneran el derecho de asilo y privan a las personas de un procedimiento en el que puedan contar con la defensa jurídica pertinente.
- También se restringen otros usos de la calle como la celebración de actos recreativos no autorizados, beber o consumir drogas en la calle o la venta ambulante (Top Manta). Se trata de limitar el espacio público, dificultando su uso, afectando negativamente a la ciudadanía en general y a los sectores más excluidos y más reivindicativos en particular, en favor de un modelo urbanístico y social orientado al consumo y la movilidad acelerada.
LEY MORDAZA: el poder se blinda, la calle no se calla.
El próximo martes 23 de Diciembre a las 19:00 horas en la Plaza Merindades de Iruñea, concentración contra la «Ley Mordaza».
Se ha aprobado en el Congreso la restrictiva Ley de Seguridad Ciudadana, la “Ley Mordaza”, que ahora pasa al Senado para su aprobación definitiva, con la oposición de todos los grupos parlamentarios a excepción del PP, Partido Aragonés y, COMO NO, DE UPN.
De las 270 enmiendas presentadas a esta Ley, la Comisión de Interior del Congreso aprobó alrededor de 50, pero la mayoría de las cuales sólo hacen referencia a mejoras técnicas del texto –NO DEL CONTENIDO–, mientras que otras suponen un endurecimiento de una ley que desde amplios sectores de la sociedad e incluso desde la Unión Europea ha sido señalada por su carácter restrictivo de los derechos de reunión y libertad de expresión.
Resulta significativo que pocos días después de su aprobación ya se están dando las primeras actuaciones dirigidas a criminalizar la protesta a través de mediáticas operaciones policiales.
Pretenden blindarse ante el aumento de la movilización y la presión social, acallar la calle, convertirnos en esa mayoría silenciosa para poder imponer sus medidas antipopulares impunemente.
ESTA LEY SUPONE:
- Menos garantías para la ciudadanía. La policía en el ámbito administrativo tiene presunción de veracidad y serán ella y la propia Administración quienes van a sancionar: juez y parte. Además se tendrá que pagar la multa antes de poder recurrir la sanción, un proceso por el que también se deben pagar unas tasas ante los tribunales.
- Limitación genérica de las reuniones y manifestaciones. Se sancionarán (o incrementarán las cuantías de las sanciones Leves: de 100 a 600€; Graves: de 601 a 30 000€; Muy graves: más de 30.000), las protestas que se realicen ante el Congreso, el Senado u otro organismo autonómico similar. También la ocupación de entidades bancarias y otros inmuebles, encaramarse a edificios, la resistencia o desobediencia a la autoridad o impedir un desahucio. Estas acciones y estos espacios son fundamentales para la expresión de la denuncia de la actual situación.
- Limitación de la posibilidad de grabar a la policía en el ejercicio de sus funciones. Se sancionarán la difusión de imágenes o datos no autorizados de las fuerzas de seguridad, incluidas las realizadas por profesionales del periodismo. Por lo tanto, los abusos policiales quedarán casi impunes.
- Legalización de prácticas ilegales, con la legalización de las llamadas “devoluciones en caliente”. Consisten en que, a pesar de que el/la inmigrante haya sorteado la valla fronteriza, se entrega a las autoridades marroquíes sin darle la oportunidad de pedir asilo o exponer las circunstancias que le han llevado a saltar la valla de Ceuta o Melilla. Son expulsiones sumarias y colectivas que están prohibidas por el derecho internacional porque vulneran el derecho de asilo y privan a las personas de un procedimiento en el que puedan contar con la defensa jurídica pertinente.
- También se restringen otros usos de la calle como la celebración de actos recreativos no autorizados, beber o consumir drogas en la calle o la venta ambulante (Top Manta). Se trata de limitar el espacio público, dificultando su uso, afectando negativamente a la ciudadanía en general y a los sectores más excluidos y más reivindicativos en particular, en favor de un modelo urbanístico y social orientado al consumo y la movilidad acelerada.
La Ley de seguridad ciudadana: hacerse temer, hacerse odiar
Parecía inconcebible que se atrevieran a seguir adelante con él. Por su irracionalidad, por su carácter abiertamente antigarantista, por el alud de críticas que había recibido de organizaciones de derechos humanos de todo tipo. Sin embargo, el Partido Popular ha decidido apretar el acelerador e imponer en el Congreso de los Diputados su proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana. Lo ha hecho para lanzar a la oposición política y social un rugido de dureza. Para emular a Fraga y anunciar que la calle es suya y que no permitirá que nadie se la dispute. Hace unos años, el gesto podría haber resultado eficaz. Ahora no. Con la corrupción carcomiendo sus estructuras, con el aumento de la precarización social, con el desafío que suponen el proceso soberanista catalán y el imparable auge de Podemos, la decisión del Gobierno aparece como un signo de debilidad que, tarde o temprano, puede acabar volviéndose en su contra.
Ciertamente, este empeño represivo no es nuevo. En los últimos años, cada medida privatizadora, cada despojo de los bienes públicos, comunes, ha venido acompañado de alguna iniciativa dirigida a criminalizar la protesta. Esta estrategia tiene su lógica: avasallar los derechos sociales y laborales básicos exige mantener a raya las libertades civiles, políticas y sindicales que permiten reclamarlos. La propuesta de endurecimiento del Código Penal impulsada por Ruiz Gallardón fue una primera señal en esta dirección. Y la Ley de Seguridad Ciudadana se convirtió muy pronto en su complemento más idóneo.
Ya en su momento, de hecho, el Partido Popular intentó llevar a los juzgados diferentes formas protestas que se estaban gestando a rebufo de la crisis. Desde las manifestaciones frente al Congreso hasta los «escraches»organizados por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). La mayoría de estos intentos fracasaron. Muchos jueces entendieron que podía discutirse si estos hechos estaban amparados o no por la libertad de expresión e ideológica. Pero dejaron claro que era un despropósito tratarlos como delitos penales. Fue en este contexto que se gestó la idea de reformar la Ley de Seguridad Ciudadana. Si el ámbito penal resultaba demasiado garantista, si los jueces eran demasiado quisquillosos, lo que se imponía era evitarlos. Y para ello, nada mejor que potenciar la vía administrativa.
El Gobierno, en realidad, ya lo venía haciendo. Desde la aparición del 15-M, infracciones leves, como negarse a facilitar el DNI, desobedecer ciertos mandatos de la autoridad u originar desórdenes en los espacios públicos acarrearon multas administrativas de hasta 300 euros. Estas sanciones afectaron a todo tipo de colectivos: desde el Sindicato Andaluz de Trabajadores hasta la PAH, desde los Afectados por las Preferentes hasta empleados públicos, ocupantes de centros sanitarios, activistas ecologistas y vecinales y trabajadores en general. A diferencia de lo que ocurre con las sanciones penales, las multas administrativas pueden ser interpuestas directamente por las Delegaciones de Gobierno, sin control judicial previo. Son menos aparatosas que la represión física directa y suponen una lenta pero eficaz asfixia económica. Además, recurrir judicialmente estas multas puede llegar a costar unos 2.750 euros, algo que queda fuera del alcance de cualquier manifestante medio.
Con esta idea en mente, el ministro Fernández Díaz anunció en noviembre de 2013 la intención de reforma la Ley de Seguridad Ciudadana de 1992. En términos garantistas y democráticos, el anteproyecto presentado era un conjunto de despropósitos. Convertía en sancionables hechos indeterminados, descritos con una preocupante vaguedad. Preveía multas desorbitadas, de hasta 600.000 euros, para los supuestos de protesta más disímiles. Y otorgaba, además, amplios poderes de intervención a la policía. Lo que era considerado una falta y tenía que resolverse judicialmente con las garantías de un proceso penal, pasaba a convertirse en un ilícito administrativo, caracterizado por una regulación mucho menos garantista que incluía la presunción de veracidad del testimonio de los funcionarios policiales.
La versión original de la reforma recibió críticas demoledoras desde los ámbitos más diversos. Caracterizada como «Ley mordaza» o «Ley de la patada en la boca», generó la oposición abierta de asociaciones de jueces y movimientos sociales de todo tipo. Diarios como The Guardian o Die Tageszeitung la calificaron como una «amenaza a la democracia» y como un «camino a la dictadura». Incluso desde los propios sindicatos policiales se la acusó de querer «criminalizar cualquier acto de protesta […] para proteger a la casta política».
Desde aquel anuncio de noviembre de 2013 hasta hoy ha pasado un año. En ese tiempo, las políticas de despojo del Gobierno han seguido su marcha implacable. Lo que ocurre es que también la crisis de Régimen se ha acelerado de manera notable, tanto por razones económicas como políticas. El estallido de los casos Bárcenas y Gürtel, la operación Púnica, el escándalo de las tarjetas opacas de Caja Madrid y el papel de Rodrigo Rato, mano derecha de José María Aznar, en la estafa de Bankia, están minando de manera creciente las bases de un Partido Popular que podría perder en poco tiempo espacios institucionales clave.
Acosado por este escenario, el Gobierno ha entrado en una fase de desconcierto en la que parece dispuesto a morir matando antes que a rectificar. Sólo así se explica la insistencia en un proyecto de ley que solo se ha podido justificar falseando sin pudor los datos sobre disturbios violentos producidos en los últimos tres años. Según el documento interno utilizado por los miembros del Partido Popular para defender la nueva normativa, desde enero de 2012 a septiembre de 2014 se habrían producido 1.000 conflictos de este tipo. Estos conflictos habrían costado alrededor de 47,5 millones de euros y habrían dejado un saldo de 865 ciudadanos y 618 agentes de la policía y de la guardia civil heridos. Lo que pasa es que ninguno de estos datos coincide con los proporcionados por el propio Ministerio del Interior, que reconoce que las protestas violentas han sido un 0,08% de las más de 90.000 que se han convocado.
Esta disposición al falseamiento de los datos viene complementada por el empeño en mantener sin rubor la filosofía de fondo del anteproyecto inicial. Ciertamente, las presiones internacionales y las de órganos como el Consejo General del Poder Judicial o el Consejo General de la Abogacía han obligado al Gobierno a modificar o a eliminar 33 infracciones contenidas en el proyecto original. Pero ninguna de estas enmiendas ha permitido atemperar el espíritu represivo que contenía la versión primigenia. Es más, en una práctica irregular que ha acabado por normalizarse, el Gobierno aprovechó la tramitación de la Ley de Seguridad Ciudadana para asestar un golpe artero al derecho de asilo: modificó la Ley de Extranjería y otorgó cobertura legal a las «devoluciones en caliente» de las personas migrantes que pasen a territorio español.
En la propuesta gubernamental, el espacio público deja de ser un espacio de participación política, para convertirse un ámbito regimentado y expurgado de toda connotación conflictiva. El grueso de las objeciones jurídicas, de hecho, que podían plantearse a la primera versión de la propuesta gubernamental mantiene plena validez. Se siguen contemplando, de manera vaga y claramente reñida con el principio de legalidad, numerosos ilícitos que suponen una restricción absolutamente desproporcionada de la libertad de expresión y del derecho de reunión y de manifestación.
Así, es jurídicamente inaceptable que se sancione «la ocupación de cualquier inmueble, vivienda, o de la vía pública […] o la permanencia en ellos contra la voluntad de su propietario, arrendatario o titular de otro derecho sobre el mismo» (artículo 37.7 del Proyecto), con independencia, por ejemplo, de que se produzca de manera pacífica o con violencia e intimidación. También resulta desproporcionado que se mantengan las sanciones por la celebración de «manifestaciones frente a las sedes del Congreso de los Diputados, el Senado, y las asambleas legislativas de las comunidades autónomas aunque no estuvieran reunidas» (artículo 36.2), un precepto que simplemente tiende a evitar que la ciudadanía pueda reunirse simbólicamente ante estas instituciones para trasladar un mensaje que no puede expresarse simplemente a través del voto.
Diferentes preceptos del Proyecto, de hecho, insisten en someter el derecho de reunión a una suerte de autorización previa (así, los artículos 35.1 y 37.1). Esta exigencia incumple el artículo 21 de la Constitución española y los principales estándares internacionales en la materia e ignora un principio elemental: que los poderes públicos deben interpretar de manera expansiva, y no restrictiva, el alcance del derecho de manifestación, incluso cuando se trate de concentraciones espontáneas, sobre todo si estas son pacíficas y no han sido comunicadas previamente por falta de tiempo o por ausencia de un organizador concreto.
Si la nueva ley se aprobara, en definitiva, impedir un desahucio, no identificarse ante un agente de policía, o difundir imágenes de antidisturbios, incluso golpeando a manifestantes, podría suponer multas de 600 a 30.000 euros. La policía, igualmente, dispondría de un margen de actuación mucho más laxo para realizar registros e identificaciones, valiéndose para ello de criterios discriminatorios, prohibidos por el derecho internacional, como el perfil étnico de las personas. En la línea apuntada anteriormente, la versión de los hechos consignada por la policía en las actas respectivas, gozaría de presunción de veracidad, salvo prueba en contrario, (artículo 19.2). Esta disposición se convertiría en una espada de Damocles sobre la presunción de inocencia, agravada por la ausencia de cualquier mecanismo independiente de supervisión de estas actuaciones.
Como se planteó ya cuando el primer anteproyecto de la ley vio la luz, un dispositivo normativo de este tiposupone una regresión a la Ley de vagos y maleantes aprobada en los años treinta del siglo pasado y ampliadas durante el franquismo. Nada indica que en su paso por el Senado la Ley mordaza vaya a ser depurada de sus aristas represivas. Con todo, tampoco parece que pueda ser aceptada y aplicada con facilidad, mucho menos en un momento en el que la situación de emergencia social es más acuciante que nunca.
Por lo pronto, el conjunto del arco parlamentario, con la significativa excepción de CiU, se ha comprometido a derogar la norma en caso de contar con la mayoría para hacerlo. Esta protesta ha llegado a la Unión Europea, donde los diputados de Podemos y de Izquierda Unida exigieron al Consejo Europeo que se pronunciara sobre una iniciativa que, entre otros extremos, vulnera también los artículos 11 y 12 de la propia Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea.
Que Fernández Díaz, como Fraga, querría que la calle fuera suya, parece evidente. No obstante, el Ministro haría bien en recordar la advertencia lanzada por Montesquieu hace algunos siglos: cuando se busca con tanto afán hacerse temer, es muy probable que se acabe consiguiendo antes hacerse odiar. En la sesión de aprobación del proyecto de este jueves, un grupo de activistas del 15-M recibió la propuesta del Partido Popular con los compases de «La canción del pueblo», incluida en «Los miserables», para recordar que este no está dispuesto «a dejarse someter». Fueron desalojados del recinto, sí. Pero lanzaron un mensaje que no desaparecerá fácilmente y que supone un problema serio para un Gobierno que si recurre de manera tan burda a la vía represiva es porque hace tiempo que ha dejado de convencer.
Gerardo Pisarello es miembro del Consejo de Redacción de Sin Permiso. Es autor, junto a Jaume Asens, del libro, La Bestia sin bozal. En defensa del derecho a la protesta, Catarata, Madrid, 2014.
Manifestación «Por el Cambio Social»
La Manifestación, será el sábado día 13 de diciembre a las 17:30 partiendo de los cines Golem.
Hagamos posible lo necesario
Llevamos 6 años de decisiones gubernamentales para salir de la crisis global a la que nos ha conducido el sistema económico, que han sido habilitadas en favor de aumentar el beneficio de las empresas, la banca y los estratos más favorecidos de la sociedad y en detrimento del resto de numerosos colectivos, que en sí constituyen la mayoría de la población.
Esta es una película que es proyecta a nivel mundial, con los países más desarrollados frentre a los más empobrecidos, a nivel europeo con el norte extrayendo la plusvalía de un sur debilitado, y también a nivel de Navarra con los poderes económicos y políticos esquilmando los bienes y recursos públicos en su favor y en detrimento de la sociedad navarra en su conjunto.
Los últimos gobiernos de Navarra han vaciado las arcas públicas, arrasado la CAN, hipotecado el futuro con sus inútiles obras faraónicas, destruido gran parte del patrimonio cultural, obstaculizado la recuperación d ela memoria histórica, deteriorado las condiciones de trabajo, incrementado el paro, minimizado las prestaciones contra la pobreza y exclusion social, degradado los servicios públicos sanitarios y educativos, dañado el medio ambiente, etc.
Ha habido movilizaciones contra todo ello. Con ellas se ha logrado reducir algunos daños en educación, mantener precariamente la universalidad de la atención sanitaria, frenar la desprotección social, impedir algunos deshaucios o evitar el robo de Donapea.
A veces estas movilizaciones explican y se han acompañado de la aprobación de leyes en el Parlamento navarro favorables a las demandas sociales en temas como la oposición al fracking, fiscalidad favorable a energías renobables, la atención sanitaria a inmigrantes, la paliación del el co-pago de medicamentos, la defensa de competencias municipales etc.
En un ejercicio de desconsideración a la voluntad popular, todas estas Leyes han sido recurridas por el Estado o su Delegación en Navarra poniendo en evidencia la muy limitada capacidad propia de navarros y navarras para gobernarnos.
No podemos permitir que nuestras condiciones de trabajo y de vida sean agredidas, que se disparen los índices de pobreza, desprotección social y desempleo como lo están siendo, y que cuando la mayoría de la sociedad, representada en el Parlamento de Navarra, decida evitar o limitar estas agresiones, el Estado muestre su desprecio utilizando sus medios para conculcar nuestras decisiones. Más aún cuando el Estado amenaza con utilizar la posición de privilegio que le otorga el vigente modelo político impuesto para poner en cuestión la propia viabilidad económica de Navarra, como lo está haciendo con la chantajista reclamación del IVA de VW.
Es preciso que en Navarra nos unamos para exigir el poder de decisión para las actuales y futuras instituciones representativas de Navarra. Poder de decisión que se debería extender a todas las cuestiones importanets, de cualquier ámbito, que afecten a la población navarra. Solo así tendremos oportunidad de cambiar el sistema económico que sacrifica los intereses y derechos de la mayoría de las y los navarros en beneficio de una minoría depredadora.
En defensa de nuestra soberanía y del necesario cambio social las organizaciones abajo firmantes convocamos la manifestación que tendrá lugar el día 13 de diciembre a las 17:30 partiendo de los cines Golem.
Denok batera, Por el cambio social:Autobús de la Memoria, Martes al Sol, Parlamento Social, Plataforma Salud…
Egin dezagun posible premiazkoa den hori
Indarrean dagoen sistema ekonomikoak eragin duen krisi globaletik irten ezinik, sei urte daramatzagu Gobernu ezberdinen erabaki politiko okerren ondorioak pairatzen, zeinak enpresa eta banku handien mozkinak bermatzeko aplikatzen ari diren, herritarren gehiengoaren ongizatearen kaltetan, jendarteko sektore behartsuenak direlarik politika horien ondorio gordinenak jasaten dituztenak.
Egoera hau mundu mailan gertatzen ari da, herrialde aberatsenak herrialde txiroen aurrez aurre jartzen dituen egoera da. Europa mailan, iparraldeko Estatuek gainbalioa xurgatzen dute hegoaldeko Estatu ahulen kontura. Nafarroan ere, botere ekonomikoa ete politikoa kudeatzen duten eliteak baliabide publikoak beraien mesedetan xahutzen dituzte, jendartearen gehiengoaren interesari iruzur eginez.
Nafarroan agintean egon diren azken gobernuak sakel publikoak hustu dituzte; Nafarroako kutxa desagerrarazi dute, etorkizuna hipotekatu dute inolako baliorik gabeko herri lan faraonikoak egiteagatik, ondare kulturala desegin dute, oroimen historikoaren berreskurapenari oztopoak jarri dizkiote, lan baldintzak txartu dituzte, langabezia emendatu, pobrezia eta bazterketa sozialari aurre egiteko dirulaguntzak gutxitu dituzte; osasungintzako zerbitzuak degradatu, ingurugiroa erasotu…
Mobilizazio asko egon dira kirtenkeri guzti horiei aurre egiteko. Mobilizazio horien bitartez lortu da hainbat neurri hartzea murrizketen ondorioak doitzeko; hezkuntza mailan adibidez, baita osasu arreta unibertsala bermatzea, babesgabetasun soziala gutxitzea, etxekaleratze batzuk bederen ekiditzea edo Donapean egin nahi zuten lapurreta eragoztea.
Kasu batzuetan, mobilizazio horiekin batera eduki sozial aurrerakoia duten legeak aurrera atera dira Nafarroako Legebiltzarrean; fraking-aren aurkakoa adibidez, edota energia berriztagarriak bultzatzeko neurri fiskalena, etorkinen osasun eskubideak zaintzen zituena, botiken ordainketa “partekatua” arintzen zuena, tokiko erakundeen eskumenen aldekoak, etabar.
Eduki sozial aurrerakoia duten hainbat lege indargabetuak geratu dira Estatuak helegiteak aurkeztearen ondorioz, gaur gaurkoz Nafarroako erakundeak nafartarren hoberako politika propioak egiteko duten gaitasun eskasa agerian utziz.
Ezin dugu ontzat eman gure lan eta bizi baldintzak etenik gabe erasotuak izatea, pobrezia tasen mugarik gabeko igoera, babesgabetasun soziala eta langabeziaren hedapen basatia. Are gutxiago jendartearen gehiengoaren nahiak lortzen duenean Legebiltzarrak onura sozialak ekarriko dituzten neurriak hartzea; neurri horiek ezerezean geratzen direnean Estatuak Nafarroaren erabakiekiko erakusten duen mespretxu jarreragatik. Kontuan hartu behar da gainera Estatuaren mehatxua areagotu egin dela, egungo sistemak eskaintzen dion indar posizioa baliatuz Nafarroako erkidego foralaren bideragarritasun ekonomikoa bera kolokan jarri baitu VW-n enpresak ordaindutako BEZa erreklamatzearekin.
Nafarroako herritarrak geure indarrak bateratu behar ditugu Nafarroako erakundeen eskumen eta erabakitzeko gaitasuna bermatze aldera. Erabakitzeko eskubide hau bizitza sozial eta politikoko eremu guztietara hedatu behar da. Horrela bakarrik izanen dugu aukera gehiengoaren interesak gutxiengo harrapakari baten mozkinen menpe jartzen duen egungo sistema ekonomikoa aldatzeko.
Gure burujabetzaren alde eta herritarrentzat premiazkoa den aldaketa sozialaren alde, behean sinatzen dugun erakundeak manifestaldia deitzen dugu abenduaren 13an, arratsaldeko 17:30 tan, Golem zinemetik aterako denik.
Denok batera, Por el cambio social. Oroimenaren autobusa, Martes al Sol, Herri parlamentua, Osasun Plataforma
No a la Ley Mordaza
¡Llegó la hora de la verdad! Ya somos más de 253.000 pero, en 24 horas, el gobierno tirará de rodillo parlamentario para tratar de silenciarnos con la #LeyMordaza – alcancemos urgentemente las 300.000 antes de entregar nuestras voces en el Congreso y ante los medios – firma y compártelo con todo el mundo.
En 24 horas el PP pretende aprobar en solitario una nueva ley que incluye multas de hasta 30.000 euros, por tratar de impedir un desahucio, o difundir imágenes de antidisturbios golpeando a manifestantes pacíficos. Pero un gigantesco clamor público puede forzar al PP a parar esta mordaza anti-ciudadana. No es una ley, es una venganza. Firma urgentemente y que las redes ardan:
Quedan 24 horas para que el PP apruebe en solitario la #LeyMordaza, y nos obsequie a los ciudadanos con multas de hasta 30.000 euros por tratar de impedir un desahucio, por difundir imágenes de antidisturbios golpeando a manifestantes, o por no identificarse ante la policía. Pero un gigantesco clamor público justo ahora puede forzar al PP a parar esta mordaza anti-ciudadana.
El PP sabe que con tantas políticas impopulares está perdiendo la batalla frente a la opinión pública, y con esta Ley de Seguridad Ciudadana busca anular las voces de los que denunciamos las fechorías de los corruptos y exigimos responsabilidades. Pero aún podemos parar esta propuesta absolutamente anti democrática, forzando al gobierno a elegir entre aferrarse a su agenda represora o enfrentarse al mayor descalabro electoral en la historia de nuestra democracia.
Haz clic para firmar esta petición urgente e invita a todo el mundo a unirse. Es hora de crear una campaña ciudadana sin precedentes y levantar un clamor que retumbe en todo el país. Si no actuamos ahora, en 24 horas habrán herido de muerte nuestro derecho a expresarnos y protestar pacíficamente:
https://secure.avaaz.org/es/ley_mordaza_rb/?bcYABib&v=49762
Según cifras oficiales, en 2012 hubo 4.000 manifestaciones en Madrid. Solo en 12 se registraron actos violentos. Sin embargo, y mientras la corrupción devora España, el Gobierno intentará aprobar en las próximas 24 horas una nueva Ley de Seguridad Ciudadana repleta de nuevas infracciones que sancionan las protestas pacíficas antes incluso de tramitar el paquete de medidas para limpiar de corruptos nuestra democracia.
Pero no es solo la flagrante desproporcionalidad de dichas medidas lo que está provocando la crítica de la oposición casi en bloque, y de asociaciones de jueces, periodistas, e incluso del sindicato mayoritario de la policía. También es alarmante el hecho de que estas multas se puedan tramitar en el ámbito administrativo, sin intervención judicial, y por ello sin las suficientes garantías de protección de los derechos del ciudadano.
Una vez más el PP está dispuesto a hacer valer su mayoría parlamentaria — esta vez para sofocar las voces de una ciudadanía que apenas cuenta con la protesta organizada para proteger sus derechos. Pero sabemos que lo que más le preocupa al gobierno es frenar la sangría de pérdida de votos que sus políticas están causando. Por eso, si respondemos con fuerza ahora, se darán cuenta de que esta ley podría ser su tumba electoral y no tendrán más remedio que dar marcha atrás. Firma la petición y compártela con todo el mundo: