En 2012, el Gobierno del PP, con Ana Mato al frente de Sanidad, aprobó un decretazo (RD Ley 16/2012 medidas urgentes para la sostenibilidad del sistema sanitario), con el que, entre otras medidas, se excluía a la población en situación administrativa irregular de la Sanidad Pública, dejando como únicas vías de atención los Servicios de Urgencias y los Servicios Sociales (a través de prestaciones), además de los casos de maternidad, menores y accidentes y enfermedades graves.

Con la excusa de la búsqueda de la sostenibilidad del Sistema Sanitario o de acabar con el turismo sanitario, unas 800 000 personas, según Medicos del Mundo, se han visto despojadas de su derecho a la atención sanitaria. Durante estos casi cuatro años de vigencia de la citada reforma sanitaria han sido muchos los movimientos de rechazo, denuncia y desobediencia por parte de profesionales y colectivos sociales. Incluso, Comunudades Autónomas como Andalucía, CAV o Catalunya están tomando dedicisiones propias para dar atención a toda la población.

En el caso de Navarra, cuando se puso en vigor la reforma, el Gobierno de UPN planteó una vía de ayudas económicas a través de los Servicios Sociales para pagar el aseguramiento de personas en situación irregular. Por otra parte, se dieron múltiples casos de prefacturación en los Servicios de Urgencias que disuadían a esta parte de la población a utilizar un servicio que incluso la reforma les otorgaba. A esta situación, la oposición parlamentaria del momento logró aprobar, con la posición en contra del partido del Gobierno, la Ley Foral 8/2013 por la que se reconoce la asistencia sanitaria gratuíta a todas las personas residentes en Navarra, con independencia de su situación administrativa. No obstante, el Gobierno de España la recurrió ante el Tribunal Constitucional el cual levantó la suspensión de dicha Ley pero que aún no ha decidido sobre la constitucionalidad de la misma.

Recientemente, el Pleno del tribunal Constitucional se ha posicionado de forma favorable a reconocer la constitucionalidad del “decretazo” que excluye a personas sin permiso de residencia de la sanidad, el cual fue recurrido, precisamente por el Parlamento de Navarra. Se trata de una pésima noticia pues se pretende legitimar judicialmente una situación de vulneración de un derecho elemental como la Salud. Además, este posicionamiento puede jugar en contra de la legislación propia de Navarra que sí da atención sanitaria a todas las personas, la cual, como decíamos, está recurrida ante este mismo Tribunal Constitucional.

Desde la Plataforma Navarra de Salud apostamos por una Sanidad Pública Universal y rechazamos este “mazazo” judicial que permite anteponer criterios economicistas a derechos básicos, avalando normativa xenófoba que genera mayor sufrimiento en una parte de la población ya bastante castigada por su propia situación de irregularidad.

El Gobierno de Navarra ha aprobado el Proyecto de Ley de Renta Garantizada, que ha enviado al Parlamento para su tramitación y aprobación.

Ante este hecho, la Plataforma por el Derecho a una Renta Básica quiere realizar la siguiente valoración:

1. Valoramos el Proyecto de Ley de Renta Garantizada, como fruto de la lucha social y política, llevada a cabo durante la pasada legislatura, por el movimiento social y los grupos políticos de la oposición, en aquel entonces; lucha que tuvo por objeto corregir las devastadoras consecuencias de la derogación de la Renta Básica, por el Gobierno de UPN-PSN, que fue sustituida por la Ley de Renta de Inclusión.

2. Este Proyecto de Ley recoge una parte de las reivindicaciones planteadas por el movimiento social, alguna de ellas ya plasmadas en el Acuerdo Programático, lo que permitirá incorporar, al sistema de protección, a un gran número de personas que lo necesitan. Lo cual valoramos como muy positivo.

3. Valoramos como injustificable el retraso en la tramitación de la ley. El plazo de “implementar una Renta Básica en los 6 primeros meses de la legislatura”, fijado en el Acuerdo programático, venció en enero, nos dicen que se prevé aprobar la ley en octubre. Ello está suponiendo prolongar la situación de extrema necesidad de miles de personas, de manera, a nuestro entender, no justificable.

4. Valoramos la tramitación de esta ley como una ocasión perdida para el necesario consenso entre Cambio político y Cambio social; además en un tema tan sensible para el rescate ciudadano prometido, como es garantizar el acceso a una vida digna.

   No podemos compartir la actual redacción de la ley, en cuanto vuelve a dejar fuera del sistema de protección social a muchas personas o empeora las condiciones de protección de otras muchas:

   • El aumentar de un año a dos el periodo de residencia en Navarra, en contra de lo acordado, supone que muchas personas, que se encuentran en situación de extrema necesidad, se quedarán sin poder percibir una renta garantizada, sin el derecho al acceso a una vida digna.

   • El introducir requisitos especiales para el grupo de 18-24 años (dos años de emancipación y uno año de contrato de trabajo), supone prácticamente despojarles del derecho a protección que actualmente tienen reconocido, ya que, con una tasa de desempleo del 32% y un 96% de contratos temporales de 35 días de media, este derecho a protección se vuelve poco o muy poco efectivo.

     Además, esta condición de exigir un año de contrato de trabajo excluye directamente del derecho a percibir una renta al grupo de población de 18-24 años en situación administrativa no regularizada, ya que otra ley les niega el derecho a trabajar con contrato. Por más que en la ley se diga que se concederá una Renta al margen de la situación administrativa en que se encuentre la persona, parte de este grupo de población en situación administrativa no regularizada volverá a quedar excluido con el cambio de ley.

   • No podemos valorar como positivo el que se rebaje la cuantía a percibir por las familias unipersonales. De los 650 € al mes que ahora cobran, se les rebajaría a una cuantía mensual de 600 €. En 2014, el umbral de pobreza estaba fijado en ingresos inferiores a 833 € al mes, lo que nos indicaría que, a pesar de la renta garantizada, nos queda un recorrido o esfuerzo para erradicar efectivamente la pobreza en Navarra. El recortar estas rentas de subsistencia, no parece una buena forma de comenzar este camino.

5. Ante la inminente entrega del Proyecto de Ley al Parlamento, para su debate, 18 organizaciones sociales y sindicales, firmamos un Manifiesto que fue entregado a a los cuatro grupos parlamentarios que sustentan el Gobierno. Además de los desacuerdo antes mencionados, en el Manifiesto figuraban también los siguientes puntos:

   • El debate generado en la tramitación del Proyecto de Ley, por el incumplimiento de los “contenidos mínimos” fijados en el Acuerdo programático, ha hecho que no hayamos tenido ocasión de debatir el resto del articulado de la ley ni con el Gobierno ni con los grupos parlamentarios que lo sustentan. Debate que lo consideramos pendiente.

   • Por ello, solicitamos, a los grupos parlamentarios del cuatripartito, la apertura de una mesa de participación formada, al menos, por los cuatro grupos parlamentarios firmantes del acuerdo programático, por las organizaciones y entidades sociales y por los y las profesionales de los servicios sociales; con el fin de debatir, corregir y ajustar pormenorizadamente los contenidos de la nueva ley.

6. En respuesta a este escrito, tras dos reuniones mantenidas, los grupos del cuatripartito nos han traslado su opinión de que consideran que el proceso participativo, a través de Internet, llevado a cabo por el Gobierno de Navarra es suficiente y, por lo tanto, no consideran necesario abrir otro proceso participativo en el Parlamento.

   Queremos aclarar que porque considerábamos, los grupos firmantes del manifiesto, que realizar aportaciones a través de Internet no era un proceso participativo suficiente, es por lo que solicitamos que éste se abriese en el Parlamento.

   No podemos compartir esta negativa a abrir vías de participación en el Parlamento. Ello supone que los grupos del Parlamento, una vez más, van a valorar lo que es bueno para la sociedad, pero sin contar con la sociedad. A eso, no le podemos llamar Cambio social.

7. Tras este largo proceso de tramitación del Proyecto de Ley, conocemos el texto definitivo. Vamos a analizar y valorar su contenido, más allá de los grandes puntos de discrepancia.

   Tras lo cual realizaremos un proceso de información y participación, abierto a la ciudadanía.

   Proceso al que invitaremos y animaremos a participar también a los partidos políticos.

PLATAFORMA POR EL DERECHO A UNA RENTA BÁSICA

Iruñea, julio de 2016

28/06/2016: La PAH se ha concentrado frente a la sede de la entidad en la Avda. Baja Navarra de Iruña en el contexto de una acción solidaria y descentralizada en todo el estado para reclamar el cese de los desahucios, la búsqueda de soluciones para las personas afectadas en forma de alquiler social, condonación de la deuda,…

Representantes de la Plataforma han entrado a la entidad para entregar al director de la oficina un escrito en el que se plasmaban estas reivindicaciones.

28 DE JUNIO, JORNADA REIVINDICATIVA DE LOS DERECHOS LGTB, MANIFESTACIÓN: 20 H DESDE AUTOBUSES. CONVOCA PLATAFORMA E28J. ACUDE!

En el universo liberal cohabitan fuerzas políticas impulsoras de lo legislativo como custodio; las inseparables tribus comunicadoras con voces muy capacitadas para cocinar la información, volcarla en la sociedad como corrientes de opinión con la desinformación como objetivo, y el factor societario y empresarial, que no el empresariado, como vinculo benefactor de la sociedad del crecimiento justo. Tres pilares básicos de este putrefacto sistema que comienzan a mostrar debilidad en sus cimientos, fundamentalmente porque ya no hay forma de sostener los beneficios de la privatización de lo común cuando se socializan las perdidas y se privatizan los beneficios.

No hace mucho un medio afín al postulado liberal se hacía eco de la crítica que un colaborador hacía del sector público. Fundamentalmente argumentaba la crítica en la praxis para resolver el, según decía, excesivo gasto público, por la que se crean sociedades públicas con el fin de lavar las cuentas de las maltrechas arcas de la administración. No es cuestión de abundar mucho más en el argumentario y si centrar el asunto en la conclusión. Si, han acertado: la ciudadanía no tiene por qué pagar más por un servicio. Lo privado es más barato, etc…

La recurrente frase muy utilizada entre la pléyade de difamadores, ladrones de guante blanco; buenas gentes de Think Tank Civismo, Vargas Llosa, y muy Rajoy y mucho español, deja de tener mucho sentido viniendo de donde viene. Las administraciones han venido siendo objeto de amiguismos y descontrol por parte de quienes defienden el estado del bienestar como método de sometimiento, promulgando decretos y leyes que han impulsado el reparto del codiciado pastel de lo público, sabiendo que era su única manera de aumentar dividendos; fomentando el expolio, la desregulación laboral y la explotación. Sin olvidar que son quienes han otorgado los préstamos que ahora hipotecan las necesidades sociales.

Frente a este desmán, sustentado y avalado por economistas de prestigio que no atisbaron la debacle y que nos muestran su incapacidad para salir del callejón oscuro, se sitúa el valor de la defensa de lo público como único medio posible de recuperar un modelo de vida sostenible. Los servicios públicos básicos constituyen un derecho de la ciudadanía y por ello no pueden estar en manos del negocio, teniendo a la empresa pública como opción de gestión y medio para impulsar economías colaborativas y cercanas.

Hoy se habla de la Responsabilidad Social Corporativa entre las empresas y entidades financieras ¡Es ridículo! Por un lado se fomenta la exclusión social, la precariedad, y por otro se ofrecen donaciones ¡Cuánto daño hace la caridad! Para su posterior deducción fiscal como forma de contribución con la sociedad. Es aquí, sin duda cuando la gestión de lo público radicándose en la eficiencia, en la sostenibilidad, se constituye en aspecto fundamental en las políticas de Responsabilidad Social Corporativa de las sociedades públicas. Pero no es menos cierto que son estas mismas sociedades quienes tienen el potencial suficiente para ampliar esa misma RSC en términos sociales de impulso al empleo, de lucha contra la exclusión, de amortiguar la desigualdad dentro de sus áreas de competencia.

Joseba Santesteban

Grupo de Comunicación

CGT-LKN Nafarroa

Asteazken honetan, ekainaren 8an, goizeko 12etan, Parlamentu Sozialean parte hartzen duten eragile sozialek konzentrazio batean parte hartu dute Ogasun Departamentuaren aurrean (Carlos III etorbidean), Nafarroako Gobernuari zorra publikoaren azterketa egiteko informazio guztia eskatzeko: “Nafarroako zorra publikoaren kenketa, ORAIN!”

Este miércoles, 8 de junio, a las 12 horas, los colectivos y agentes sociales que forman parte del Parlamento Social han convocado una concentración frente al Departamento de Hacienda (avda. Carlos III) para exigir al Gobierno de Navarra que facilite toda la información necesaria para realizar una completa auditoría de la deuda pública: “Por una quita en la deuda pública de Navarra, ¡YA!”

31/05/16: Martes al Sol, Frente al Parlamento, ha exigido una Ley contra la pobreza energética, hacia un modelo público y social.

Valoran insuficiente el actual acuerdo del Gobierno de Navarra con las empresas para evitar los cortes de luz, pues condena al Gobierno a pagar las facturas de quienes no pueden, mientras Iberdrola, Endesa o Gas Natural mantienen beneficios millonarios.

Txirotasun energetikoaren aurka… Lege baten alde!

MARTES AL SOL:

El próximo martes día 31 a las 11:30 realizaremos un acto en el Paseo Sarasate frente al parlamento foral, reclamando una ley contra la pobreza energética. Un acto donde explicaremos la propuesta de ley que ya trasladamos a los grupos parlamentarios y donde haremos una valoración de las respuestas recibidas por parte de ellas así como de los varios meses de implantación que lleva el *acuerdo *del *Gobierno de Navarra* con *Iberdrola y Endesa.*

*¡TE ESPERAMOS*

*ETORRI ZAITEZ!*