Desde el año 1995 en Berlín, se han producido 26 Conferencias internacionales sobre el Cambio Climático, estableciendo, mediante amplio consenso, el origen antropogénico del mismo, es decir, originado por nuestra forma de vivir y producir.
En 27 años poco se ha avanzado, y la razón es que no se discute del origen del problema, sino solo de alguno de sus síntomas obviando que, la crisis climática y del propio sistema con un alcance desigual entre las capas de clase, tiene una afección transversal que no se puede negar.
No se pone en cuestión el sistema económico hegemónico, generador de desigualdades sociales y precariedad. Y así, el Estado, prisionero del crecimiento y colaborador básico y necesario, nos muestra su insostenibilidad; no solo frente al cambio climático sino en la interconexión con problemáticas derivadas de la voracidad del sistema: degradación de suelos, agotamiento y deterioro de acuíferos, deforestación acelerada, agotamiento y encarecimiento de fuentes de energía. No se habla del agotamiento de las reservas de materiales, y la dinámica productiva que nos dirige a la extralimitación biológica, energética, y física del planeta, imposible de mantener ni siquiera acelerando la transición energética.
Las conclusiones de las conferencias sobre cambio climático se han centrado en la repercusión medioambiental del aumento de las temperaturas medias, y en 27 años, no se ha abordado el problema desde una perspectiva sociolaboral. Mientras tanto, se ha iniciado un proceso de precarización y pauperización de la clase trabajadora estructurado en los cambios regresivos que se realizan en los distintos marcos legislativos nacionales. Cambios que degradan las condiciones laborales; potencian aumentos de la siniestralidad laboral, que debido al calor se ha incrementado en un 10%, o la muerte por golpe de calor en el trabajo, contribuyendo a los 4.700 fallecimientos registrados en el Estado hasta septiembre, por causas relacionadas con el calor.
Las inversiones en I+D+I, lejos del objetivo medioambiental y de redistribución de la riqueza, que puedan paliar las consecuencias de los fenómenos meteorológicos extremos, se emplean para modificar los procesos productivos, buscando una mayor rentabilidad del capital, y condiciones más favorables hacia la productividad del trabajo. Las empresas y gobiernos parecen no contemplar la posibilidad real de la afección al empleo en las ciudades y áreas industriales (transporte, infraestructuras industriales…) por una mayor incidencia de fenómenos meteorológicos extremos. O el elevado riesgo de deslocalización de los puestos de trabajo a zonas menos expuestas a los problemas medioambientales derivados del cambio climático.
Parece que tampoco se contempla el riesgo que el cambio climático tiene para el empleo rural, con impacto directo tanto por fuertes precipitaciones, como por períodos de sequía y aumento del riesgo de incendio, como hemos podido comprobar recientemente. En el campo, donde los empleos dependen de las cosechas y el procesamiento de los cultivos, el aumento de las temperaturas impactará negativamente en la producción y en las economías rurales, incidiendo, además, en un aumento de la pobreza y las migraciones. Pero en iguales circunstancias se han identificado los empleos dependientes de sectores como el turismo, la pesca, la energía, las infraestructuras, por su dependencia de unas condiciones climáticas regulares. El sector industrial también se verá afectado. La OIT (en un informe de 2019) habla de la pérdida del equivalente a 80 millones de empleos a causa del calor en 2030, si la temperatura mundial sigue subiendo.
Desde el mundo del trabajo tenemos mucho que decir y aportar al debate sobre el cambio climático. Los orígenes de las crisis medioambientales y sociales tienen una fuente común en el modelo económico dominante. Hemos pasado de un modelo económico y empresarial que busca el enriquecimiento a cualquier precio a otro modelo, supuestamente verde, donde la mayoría de las políticas no están encaminadas a proteger el medioambiente, sino a tratar de hacer compatible el aumento del crecimiento y el bienestar material con la sostenibilidad, en este caso amparándose únicamente en la transición energética. Se equivocan. Sólo a través de un cambio del modelo económico, basado en el reparto de la riqueza con un mayor peso de lo público, es posible reorientar la deriva destructiva del medioambiente y del clima. Este cambio pasa por repartir el trabajo, una disminución de la jornada laboral que permita a todas las personas tener trabajos e ingresos dignos y tiempo para vivir.
Resulta evidente que esta propuesta de reparto confronta, con un sistema que ha certificado su insostenibilidad al estar basado en el crecimiento y los incrementos del consumo. Por el contrario, repartir el trabajo y la riqueza supone una apuesta por un modo de vida más sencillo y menos consumista, más cercano a lo esencial. Tenemos la certeza de que alcanzar un modelo de vida sostenible todavía es posible.
Nos hemos empeñado en seguir con los ojos cerrados ante un problema que aún podemos solucionar. La aportación directa del ámbito sindical exige la implantación de las 30 horas semanales, y una apuesta redistributiva del trabajo como contribución social efectiva al reparto de la riqueza. Una reivindicación histórica que cada vez tiene más sentido con las mejoras técnicas, la mayoría subvencionadas desde el erario público, que se han introducido en las empresas y que lejos de mejorar las condiciones de la clase trabajadora, únicamente han servido para aumentar los beneficios del capital.
Podemos plantear alternativas y luchar por ellas o asumir que el cambio nos vendrá impuesto.
El 23 de septiembre a las 6,30 de la tarde, la juventud de Fridays for Future con el apoyo de la Alianza por el clima nos convocan a una jornada de movilización por el clima. Y en noviembre, con motivo de la Cumbre por el clima, la Alianza por el clima organizará una cumbre alternativa en la que os esperamos.
CGT/LKN Nafarroa
