Categoría: Economía

El fraude fiscal provoca anualmente unas pérdidas a las arcas públicas de 91.600 millones de euros: 60.600 millones por impuestos evadidos y 31.000 millones por cuotas defraudadas a la Seguridad Social.

El presidente del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) considera que también convendría estimar oficialmente la economía sumergida en España y diseñar una planificación para aumentar a medio plazo la plantilla de la AEAT entre 15.000 y 17.500 nuevos efectivos y equipararnos a las plantillas medias de las Administraciones tributarias de los países europeos.

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Programa de Rojo y Negro en el que hablamos de pensiones y de cómo el nuevo Pacto de Toledo, firmado en el pasado mes de diciembre por todas las fuerzas políticas, sindicales y patronales, siguen acentuando las desigualdades sociales y poniendo en grave riesgo el sistema público de pensiones.

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Entre los cargos de confianza de la banca privada figuran un hijo de un exdiputado y exvicepresidente de la CNMV con Aznar y la hija y la viuda de un exdiputado y exsenador popular.

La normativa de sicavs establece que para acogerse a las ventajas fiscales de las que disfrutan estos vehículos es necesario que cuenten con un consejo de administración. Aunque en muchas de ellas (no es lo más habitual) aparecen como consejeros sus accionistas, es muy frecuente que, por razones de confidencialidad, personas ajenas a su accionariado figuren en sus máximos órganos de gestión.

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La rentabilidad de las empresas españolas es una de las más altas dentro de los mercados de renta variable internacionales. Supera en todos los casos al tipo de interés que generan los productos de renta fija que apenas se acercan al 1,00 % como consecuencia del abaratamiento en el precio del dinero.

La Bolsa de España es la más generosa dentro del contexto europeo en cuanto al reparto de dividendos entre los accionistas por parte de las empresas cotizadas.

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La prensa económica se hace eco estos días de la advertencia del Banco Central Europeo (BCE) acerca de la amenaza de quiebra en cascada de las empresas. Pero no crean que en las noticias sobre este asunto se pone el centro de la atención en la degradación de las condiciones de vida de la gente sencilla o de las colas del hambre, por tanto, en la necesidad de planificar urgente e inmediatamente el rescate del pueblo. No, la preocupación mayor que nos quieren inocular es la del riesgo que está corriendo la “pobre” banca.

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Según el borrador del decreto ley, será a través de lo que se ha denominado “PERTE”, grandes proyectos de colaboración público-privada” dirigidos por las grandes empresas del IBEX35, como se va a invertir el mayor volumen de los 140.000 millones fondos europeos destinados por la UE al Estado español.

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Al igual que defendió el gobernador del Banco de España la semana pasada, el presidente de la principal patronal de empresarios, Antonio Garamendi de la CEOE, ha criticado este martes la subida del 0,9% de los salarios de los empleados públicos y de las pensiones plasmada en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2021.Los beneficios de las empresas antes de la pandemia, han aumentado cada año su disparidad con las rentas salariales.

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Eduardo Luque y Ramon Franquesa nos hablan sobre los intereses financieros que amenazan al Sistema Público de Pensiones y la amenaza que representa la actitud desleal del Banco de España.

Segunda entrega de la serie «El Gayato», de MAREA TV en colaboración con COESPE. Eduardo Luque y Ramon Franquesa nos hablan sobre los intereses financieros que amenazan al Sistema Público de Pensiones y la amenaza que representa la actitud desleal del Banco de España.

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El Gobierno español pretende otorgar 72.000 millones a empresas para el desarrollo de lo que denominan economía verde, modernización y digitalización de las empresas y, entre otras, mejora de las infraestructuras entre los años 2021 y 2023, aunque todavía no se ha recuperado -y no parecen tener prisa- más de 42.000 millones entregados para salvar a bancos y cajas de la anterior crisis de 2008. Se trata de otra gran inyección económica a las empresas a la que también se ha sumado el lehendakari Iñigo Urkullu para beneficiar a las grandes compañías.

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Seguimos sin saber cómo se va a justificar l dinero ante Bruselas, como va a sere el reparto territorial, cómo ( o sí) podrán acceder las pymes y las pequeñas, y cómo se supervisara la utilización de esos ondos para que sea eficiente.

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El gobierno Vasco y las diputaciones controladas por el PNV con el inestimable apoyo del PSOE, están demostrando que son gobiernos de sumisión al gran empresariado vasco. No hay transparencia y participación ciudadana en el buen uso de los fondos públicos. El modelo industrial que proponen es más de lo mismo, la mayoría de los fondos se faciliten a empresas energéticas, en vez de desarrollar proyectos energéticos limpios y sostenibles ecológicamente, no se atiende a las medianas y pequeñas empresas, no se atienden a las peticiones de las organizaciones sociales, de mejora de la calidad de sanidad pública y de la enseñanza pública, así como no se vincula el reparto de estos fondos a la creación de puestos de trabajo de calidad.

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Escrivá pretende implantar el modelo británico de privatización, basado en planes colectivos de pensiones privadas, que afectaría a todos los asalariados por convenio. Una práctica neoliberal que ya está en marcha en algunos sectores y grandes empresas (con la complicidad de CCOO y UGT, que obtienen jugosos ingresos por la gestión de esos fondos y en Euskadi además con ELA y LAB) y que, de salir adelante el plan del Gobierno, se generalizaría a todos los trabajadores, como señala el artículo del diario liberal la Vanguardia que reproducimos parcialmente.

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Los efectos sanitarios de la pandemia de coronavirus que elevaron sobre manera el número de fallecimientos –en especial en el colectivo de personas de mayor edad–, han llegado también al sistema de pensiones hasta el punto de que el número de pensionistas en Euskal Herria, por primera vez, se ha reducido desde el inicio de año. A 1 de enero de este 2020, la Comunidad Autónoma Vasca contaba con 561.789 pensionistas, cifra que a 1 de agosto había quedado en 560.819. Por su parte en Nafarroa, los 137.642 perceptores de una pensión en enero eran 137.592 este mes, según los últimos datos de la Seguridad Social.

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Tienen prisa por abordar una nueva ‘reforma de las pensiones’ con el manido argumento de que ‘son insostenibles’. Pero parece que lo que no es sostenible es esa falaz información: la Seguridad Social viene asumiendo gastos y prestaciones que no le corresponden y que enjugarían el supuesto déficit estructural. Pero es que a ello hay que añadirle la caída general de cotizaciones como consecuencia de las sucesivas reformas laborales que han devaluado los salarios y las cotizaciones sociales. Además de las exenciones a la cuota de la patronal. 

La cuestión real no es si las pensiones son o no sostenibles sino cómo mejorar un sistema de pensiones públicas en que la mayoría de sus perceptores, después de una larga vida laboral, se ven condenados a prestaciones insuficientes para mantener su derecho a una vida digna.

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Aquellas empresas que han llamado a la puerta de su banco y le han concedido los préstamos saben que el Estado es avalista de último recurso si al final la aventura acaba mal, préstamo basura, porqué cierra el negocio. Los avales públicos pueden llegar hasta los 100.000 millones, dicho de otra manera, los préstamos que en el plazo máximo fijado de 5 años de devolución no se paguen serán préstamos basura que pagará el Estado a la banca emitiendo deuda pública que a su vez financian igualmente esos bancos privados españoles. 

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La pandemia de coronavirus ha tenido ya un coste de cerca de 10 billones y medio de euros para la economía mundial, pero el mordisco no ha llegado a los supermillonarios, cuya fortuna había crecido en casi 250.000 millones de euros más que a mediados de marzo, según datos de la lista Forbes hasta mayo.

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El Banco de España calcula que el sistema de pensiones provee a cada jubilado de una media de 1,74 euros por cada euro que este aportó, en un nuevo ataque a las pensiones públicas, tras asimilarlo a una inversión financiera, aplicando supuestas tablas de probabilidad, entre ellas las de supervivencia. Se trata de una nueva manipulación contables para infundir en la opinión pública, la necesidad de un nuevo recorte en el sistema público de pensiones para favorecer los sistemas privados.
 

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“La Seguridad Social es insolvente”, “el sistema público de pensiones es insostenible”…. Bajo estos o parecidos argumentos hace décadas que economistas afines al pensamiento económico neoliberal dominante, fieles a los intereses de los grandes poderes económicos, intentan convencernos de que las pensiones públicas actuales son insostenibles.

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