Confederación General del Trabajo – Lanaren Konfederakunde Nagusia
Desde CGT queremos hacer un llamamiento al consumo responsable, sostenible, ecológico, de barrio, de producto cercano tanto en estas fechas estivales como en las de rebajas. Un consumo que fomente la economía en el pequeño comercio local y un consumo que genere una economía circular que no caiga en manos de multinacionales, sino de aquellos pequeños productores que fomentan una economía más ecológica y sostenible.
Desde CGT entendemos que es un paso más a la constante privatización y el desmantelamiento del ferrocarril como servicio público que debe ser, alegando una vez más que no tienen los beneficios económicos esperados sin tener en cuenta el servicio que se debe dar a la ciudadanía.
Salvaguardar la integridad del ferrocarril público, social y sostenible es algo necesario y justo.
Los accidentes laborales no solo se pueden evitar con la precaución que ha de tener la persona trabajadora, la cual ha de estar formada correctamente por parte de la empresa para que se exponga al menor riesgo posible al realizar su trabajo; sino que se evitan con inversión tanto pública como privada, con planes de prevención efectivos, que miren por la vida y la salud de las personas trabajadoras y no por los intereses económicos de las empresas.
Para CGT, la reforma laboral aprobada hace un año por parte del Gobierno y avalada por UGT y CCOO, tan solo ha servido para reafirmar la traición a la clase trabajadora que, tanto el Gobierno de PSOE-UP como los sindicatos cómplices, están llevando a cabo desde el primer día de esta legislatura.
Nos encontramos en una situación curiosa, en la que las empresas que han optado por el nuevo modelo de jornada laboral sin tocar el salario garantizan que ha habido un aumento en el volumen de negocio y empleo y además no tienen problemas para encontrar trabajadores idóneos. La variedad de
El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) va a despedir, después de 13 años de trabajo, a 1200 empleadas y empleados del organismo público que estaban desarrollando su labor con contratos temporales. La Confederación General del Trabajo (CGT) y la Federación de Trabajadores Públicos FETAP del sindicato confederal emprenderán acciones legales y de denuncia de la situación en el Estado español y ante la Unión Europea en defensa de sus puestos de trabajo.
La mayoría sindical conformada por LAB, CCOO, UGT, ESK, CGT y CNT llamamos a la huelga la semana del 28 de noviembre al 2 de diciembre. Antes y durante las jornadas de huelga, volveremos a bloquear las empresas que niegan al sector subidas salariales que garantizen el poder adquisitivo y avances en otros aspectos.
Comprobamos cómo la clase trabajadora cada día está más empobrecida. Los precios, la inflación, con la escusa de la guerra de Ucrania, no dejan de subir; mientras los salarios se mantienen congelados. Las ganancias y las rentas empresariales se disparan al tiempo que las rentas de obreras y obreros empeoran.
No con nuestro dinero Implacable en su presión fiscal, El Estado no cesa de pedirnos: IRPF, IVA, impuestos indirectos, tasas… Y en este tiempo de tremendos recortes en gasto social, de pérdida de derechos y de la mayoría de nuestras conquistas, de desmantelamiento de lo público, cuando el parco estado
LA Brecha es una publicación de contenido económico y sociolaboral, que prevé caracter mensual, de la Secretaría de Formación Confederal que tiene como objetivo plasmar las distintas realidades y problemas de la clase trabajadora. A través de ésta, aportaremos estudios sectoriales, análisis de coyuntura socioeconómica y temas relacionados con la acción sindical.
Las trabajadores y trabajadoras estamos acostumbradas a que no se nos regale nada. El acuerdo del Gobierno con la patronal y las cúpulas de CCOO y UGT no es una excepción. El Gobierno incumple su compromiso de derogar la reforma laboral del Partido Popular legitimando y reforzando los pilares centrales
Las declaraciones del ministro de consumo Alberto Garzón al diario británico The Guardian sobre la ganadería intensiva en España han elevado el volumen de una polémica que llevamos años arrastrando. El lobby cárnico ha arremetido con enorme dureza contra Garzón, pero lo cierto es que los datos le dan contundentemente la razón al ministro.
Los trabajadores no solo van a soportar el mayor coste de la vida en sus gastos diarios, sino un alza tributaria del 3,1% en 2022. La inflación está desbocada. Ha marcado máximos de tres décadas, aupada por el componente energético, hasta repuntar al 6,7% en diciembre y marcar una media anual del 3,1%.
Pensarás que todo esto de los Presupuestos Generales del Estado (PGE en adelante) es algo muy economicista, aburrido de explicar. Si bien algunas de estas argumentaciones pueden ser ciertas, la verdad es que es imprescindible interesarnos por los aspectos económicos, políticos y sociales de los PGE.
Unos presupuestos que dejan a las y los trabajadores públicos con salarios 5 puntos más bajos, la ley de supondrá el despido de miles de interinos, una reforma de las pensiones para acercar la edad efectiva de jubilación a los 67 años y una reforma laboral que ratifica los aspectos más lesivos de la del PP.
Despido barato, barra libre para descuelgues de convenio y EREs, generalización de los ERTE, consolidación de la subcontratación y promesas contra la temporalidad sin recursos para inspección. El sindicalismo alternativo denuncia lo firmado. Solo desde la movilización lograremos derogar las reformas laborales del PP y el PSOE.
El 80% de las sociedades que se constituyen no llega a contratar a ningún asalariado y su vida registral se reduce al tiempo que dura el negocio específico para el que fueron creadas, una inercia tan asentada que ni siquiera con la pandemia se ha visto alterada. Hay sociedades de tipo patrimonial que se crean con el objetivo de obtener beneficios fiscales, con la vista puesta especialmente en algunos de gestión autonómica como los de Sucesiones y Donaciones,
Charla con Javier Utrilla, del sindicato CGT, acerca de la subida lineal del salario. Una herramienta contra el reparto desigual de la riqueza que merece la pena poner encima de la mesa.
https://97irratia.info/es/2021/12/16/subida-salarial-lineal-una-herramienta-contra-la-desigualdad/
Con 79.000 navarros en situación de pobreza y / o exclusión social, la apuesta por reducir la brecha de exclusión social en Navarra en el anteproyecto de presupuesto «sigue siendo tibia», aseguran desde la Red Navarra de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, que contribuye a estos proyectos en diversas áreas de acción como vivienda, políticas migratorias, salud y educación.
Según los datos del INE (Instituto Nacional de Estadística), el IPC interanual a noviembre de 2021 es del 5,6%. Este índice ha sido el referente habitual para incrementar pensiones. Esto no va a ser así, porque el cálculo del IPC aplicable a la revalorización de las pensiones no es el real tradicional, sino la media anual de las variaciones del IPC interanual, por lo que el gobierno incrementará las pensiones un 2,5% y no el 5,6%.
Las criptomonedas solo son una pieza más del «gran casino» financiero, en que se ha convertido el capitalismo de nuestros días. Son pura especulación financiera, despilfarro que impulsa el incremento de la deuda y destruye la economía productiva y una de las principales responsables del desastre climático de nuestros días.
El acuerdo para regular el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), en sustitución del Factor de Sostenibilidad, para subir las cotizaciones un 0,6% y tratar de hacer frente al fuerte incremento en pensiones que se espera con la llegada de los “baby boom” a la edad jubilación, abre la posibilidad de futuros recortes en pensiones si los recursos no alcanzan.
Las pensiones no subirán un 5,5% sino alrededor de un 2,5% en 2022. El nuevo sistema de revalorización de las pensiones vuelve a estar vinculado al IPC, pero se calcula con la inflación media anual. Falta por conocer el dato de noviembre para poder saber cuál será el porcentaje definitivo que se aplique a partir de enero
Sea cual sea el método que utilizamos para entender la inflación, la pregunta que deberíamos hacernos es la siguiente: ¿quién paga los costes de una mayor inflación?. Después de una década de estancamiento salarial, de menor poder de negociación de los trabajadores, los menores salarios del sector público y un salario mínimo más bajo, se está manteniendo una economía construida en interés de los multimillonarios.
En los medios de comunicación los líderes, ya sean periodistas o políticos, suelen reproducir lo que se les dice. Un mensaje orquestado y financiado por la banca y las grandes empresas, pero principalmente por la banca. En cierta manera es lógico que la banca trate de quedarse con el ahorro de la gente porque es un negocio, pero que lo haga mintiendo no está bien.
Entrevista en CRÍTIC a Alicia Valero. Dirige el grupo de investigación de ecología industrial del centro de investigación de recursos y consumos energéticos, y también da clases en varios grados y másteres de la Universidad de Zaragoza. Este año ha publicado Thanatia. Los límites minerales del planeta (Icaria) . Su campo de estudio puede parecer técnico y concreto, pero nos permite entender mejor qué pasa con las Play Stations, en la Seat o en el conflicto afgano.
Los Papeles de Pandora suponen el último escándalo de fraude fiscal a nivel global, y ponen de manifiesto (una vez más) la triste realidad de este sistema económico capitalista donde impera la ley del más egoísta no son ni mucho menos el único de los escándalos actuales en los que se ven implicados respetables hombres de traje con nóminas obscenas, pero a los que su infinita codicia les lleva a buscar nuevas formas de acumular mayores riquezas, a costa de quien sea.
Se refuerza en los presupuestos del 2022 el plan de Escrivá para crear un macrofondo de pensiones complementarias de empresa gestionado por empresas privadas y avalado por el Estado (EPSVs). En estos presupuestos, las aportaciones máximas a los planes de empresa con derecho a deducción subirán de los 8.000 euros a los 8.500 euros.
La Federación de AAVV de Bilbao y Ekologistak Martxan hacen un llamamiento a las organizaciones ecologistas, sindicales, feministas, jóvenes, pensionistas y organizaciones sociales, por: Una auditoría de costes y una reforma completa del mercado de la energía, el inicio urgente de la publificación del sistema eléctrico y aprobar medidas específicas de protección contra la pobreza energética
La paradoja es que el enemigo del capitalismo es el capital sometido a la lógica financiera y especulativa que se ha quedado con todo pero que ha terminado destruyendo la base global sobre la que él mismo había asentado la industria, desarticulando las redes de producción y las cadenas de valor.
Las sentencias del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) declara ilegales los acuerdos UE-Marruecos que incluían los recursos de los territorios ocupados. El gobierno del PSOE y UP trabaja para que el Consejo de la UE presente un recurso en el TJUE y que, mientras resuelve, el expolio del que participan más de 100 empresas españolas pueda continuar.
Los sindicatos han programado una ronda de encuentros con las diferentes fuerzas parlamentarias, aprovechando el trámite de enmiendas a la norma, en la que están tratando de explicar los acuerdos alcanzados con el Ministerio, el encaje de éstos con las recomendaciones realizadas por el Pacto de Toledo.
Las decisiones de la Unión Europea basadas en presupuestos falsos han producido consecuencias desastrosas y por eso podemos decir que sus autoridades son las responsables últimas de que el precio de la luz se esté disparando en todos los países europeos. Es verdad que de modo desigual en todos ellos, según sea el diferente poder del oligopolio nacional, pero constituyendo, en todo caso, el origen común del problema.
El modelo eléctrico español es definido por un evidente oligopolio de unas pocas empresas que controlan la producción y la distribución y que tiene su origen en el reparto que se hizo del mercado entre los empresarios amigos de Franco. Este oligopolio está conformado por cinco grandes compañías: Endesa, Iberdrola, Naturgy, EDP y Repsol. Estas multinacionales controlan más del 90 % del mercado eléctrico.
