Los contratos que actualmente tienen esos 137 trabajadores carecen de justificación para ser eventuales, según el informe de la inspectora, porque Michelin-Vitoria «viene concluyendo de forma sistemática contratos de seis meses de duración, que luego prorroga otros seis meses más» y son contratos «que no justifica, en cuanto que en los mismos no consta con precisión y claridad la causa».

Existe una «concatenación de contratos temporales que incumplen el plazo máximo legalmente establecido y no responden al objetivo que marca la ley», abundan desde la Confederación General del Trabajo, el sindicato mayoritario en la planta y que presentó en noviembre pasado una denuncia a partir de la cual se generó la actuación de la Inspección y esta resolución.

Sin embargo, según la CGT, «los eventuales por circunstancias de producción no corresponden con situaciones de mayor volumen coyuntural de trabajo», mientras que los operarios contratados por obra o servicio son orientados en Michelin-Vitoria «a cubrir trabajos permanentes, habituales y sin sustantividad propia en la empresa». La eventualidad «no puede superar, en ningún caso, los 12 meses, dentro de un plazo de 18».

«Fraudulentos»

Por todo ello, este sindicato, que tiene la presidencia del comité en la planta alavesa, asegura que los contratos eventuales por circunstancias de la producción, los hechos por obra o servicio así como los contratos-relevo de los últimos años «son fraudulentos». Precisamente, respecto a los contratos de relevo, la Confederación General del Trabajo cree que «se debe garantizar que se celebren con trabajadores en paro o que estén con contrato eventual legal dentro de la empresa».

La CGT también arremete contra las centrales CCOO, UGT y CSI que propiciaron, junto a Michelin, la firma del convenio en eficacia limitada –aunque se ha sumado la práctica totalidad de los trabajadores de la planta–.«Se ha permitido plasmar en ese documento este fraudulento proceder, vulnerando gravemente el Estatuto de los Trabajadores», añade.

La resolución del organismo dependiente del Departamento vasco de Trabajo y Justicia se conoce días después de que la Inspección detectara un caso de irregularidad en Mercedes-Vitoria, la otra gran empresa alavesa y la primera industria de Euskadi. En este caso se ha obligado a transformar 500 contratos temporales en indefinidos en la planta automovilística.