PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN PRIMERA INSTANCIA
Confederación General del Trabajo – Lanaren Konfederakunde Nagusia
El objeto de esta Ley es el reconocimiento de los que padecieron persecución o violencia, por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa, de orientación e identidad sexual, durante el período comprendido entre el golpe de Estado de 1936, la Guerra Civil y la Dictadura franquista hasta la promulgación de la Constitución Española de 1978. Todas ellas tendrán derecho a una Declaración de reconocimiento y reparación.
La situación en los centros de salud ante esta segunda ola de contagios del Covid-19 es lo más parecido al “infierno”. Así lo describen varios colectivos médicos, que advierten sobre el día a día de los profesionales de la Atención Primaria, que “están ahogados” ante el aumento en las citas telefónicas que deben atender para, entre otras cosas, dar resultados de las PCR. En algunos casos las llamadas se han multiplicado hasta más de un 400% en determinados centros.
Escrivá pretende implantar el modelo británico de privatización, basado en planes colectivos de pensiones privadas, que afectaría a todos los asalariados por convenio. Una práctica neoliberal que ya está en marcha en algunos sectores y grandes empresas (con la complicidad de CCOO y UGT, que obtienen jugosos ingresos por la gestión de esos fondos y en Euskadi además con ELA y LAB) y que, de salir adelante el plan del Gobierno, se generalizaría a todos los trabajadores, como señala el artículo del diario liberal la Vanguardia que reproducimos parcialmente.
Entendía el anarquismo como sensibilidad política amplia, como «movimiento político que aspira a generar una sociedad auténticamente libre, y que define “sociedad libre” como aquella en la que los humanos solo establecen relaciones entre sí que no dependan de la constante amenaza de la violencia para ponerse en práctica».
Y añadía que los anarquistas «conciben un mundo basado en la igualdad y en la solidaridad, donde los seres humanos sean libres para asociarse entre ellos y perseguir una variedad infinita de visiones, proyectos y conceptos de lo que consideran valioso en la vida »
A pesar de los obstáculos que ha puesto el Gobierno vasco bajo la excusa de garantizar la salud, con el establecimiento de unos amplios servicios mínimos, vulnerando el derecho a la huelga, a última hora, generando el caos en los centros, la jornada ha tenido un amplio seguimiento tanto de profesoras y profesores, a los cuales se han sumado, asociaciones de padres y madres de numerosos colegios en las manifestaciones celebradas en Bilbao, Gasteiz y Donostia.
Critican que se haya dado inicio a las reuniones del Pacto de Toledo sin haber revertido los recortes producidos en las pensiones, mejorado sustancialmente la pensión mínima y sin haber garantizado financiera y normativamente el sistema.
Por la información aportada por la presidenta del Pacto de Toledo, la mayor parte de las reivindicaciones urgentes y fundamentales quedan fuera del inminente acuerdo en el Pacto de Toledo.
Desde la Confederación General del Trabajo queremos mostrar nuestro total apoyo y solidaridad con todas las personas refugiadas de Moria, en la isla griega de Lesbos, que han tenido que ser evacuadas como consecuencia de los incendios que han destruido el Campo de Refugiados donde malvivían desde que su llegada a la isla tras huir de sus países de origen.
COMUNICADO
Tras más de seis meses de parálisis a causa del confinamiento, las personas elegidas en toda España de COESPE se han encontrado de forma telemática para debatir el programa, el plan de acción y reforzar sus comisiones en un difícil momento para el futuro de las pensiones públicas.
Comunicado de CAS (Coordinadora Anti-privatización de la Sanidad Pública)
Después del verano las cosas están peor que antes. Los aplausos y las declaraciones de los gobiernos de apoyo a la sanidad pública eran una hipócrita farsa para seguir alimentando el negocio de los seguros y la sanidad privada.
Las carencias en los centros de salud y hospitales públicos son cada día mayores. Falta personal médico y de enfermería, de salud mental y otras especialidades, de fisioterapia, etc. El resultado son demoras enormes para las citas en atención primaria, un personal exhausto y largas listas de espera para intervenciones quirúrgicas y primeras consultas.
El antropólogo, fallecido la semana pasada, tenía un brío alegre e insurreccional como académico y activista de acción directa.
Esta semana ha combinado, para mí, la tristeza de perder a la persona David Graeber y la alegría de sumergirme en el escritor David Graeber, sumergiéndome en sus numerosos ensayos y libros electrizantes y originales, aunque su brillantez hace que la pérdida sea aún más triste . El antropólogo y activista murió en Venecia el 2 de septiembre, repentina e inesperadamente, y olas de dolor, recuerdo y gratitud llegaron de todo el mundo.
Hoy por la mañana, siete participantes de Mugitu! Mugimendua, movimiento de desobediencia al TAV, han pasado por la comisaria de la policía nacional en la calle Chinchilla de Pamplona en relación a la acción de paralización de las obras del tramo navarro del TAV entre Villafranca y Peralta acaecida el 13 de agosto de este año.
No es el primer incendio que se registra en un campamento cuyas condiciones han sido denunciadas por ONG y observadores internacionales. En marzo de este año, un incendio acababa con la vida de una niña de siete años. En septiembre de 2019 se había registrado otro fuego, fruto según Médicos Sin Fronteras de las “situaciones inhumanas” que se han dado en Moria.
La primera característica y la que me parece que tiene más peso es que estamos ante una política que fabrica crisis artificiales y manipula emociones. Si por algo destaca el nacionalismo catalán desde hace ocho años es por construir ficciones políticas. Hoy ha quedado estancado en la república imaginaria aprobada en un referéndum sin garantías y en el que no participó la mayoría de la población. Se niega la verdad sistemáticamente y reducen la vida al espectáculo y el sentimiento. Las jornadas históricas se suceden unas a otras, las emociones se desbocan y los dramas cotidianos se ensalzan.
Por Joseba Santesteban secretario de acción sindical de CGT-LKN nafarroa en el diario de Noticias de Navarra (10/9/2020)
El estado de alarma derivado de la alerta sanitaria por la covid 19, ha propiciado un hito sin precedentes en el tejido económico mundial, que ha venido a evidenciar lo que de manera perseverante se viene manifestando desde CGT, en particular, y el anarcosindicalismo en general: la necesidad de establecer un modelo socioeconómico en el que, de manera objetiva, la riqueza obtenida mediante la explotación y expoliación de los recursos, sea redistribuida de forma equitativa.
La pandemia de COVID-19 está provocando una crisis mundial de hambre de proporciones históricas. A pesar de los avances en la agricultura y los excedentes alimentarios mundiales, 132 millones de personas más pasarán hambre de lo que se había previsto este año. Según algunas proyecciones, antes de fin de año, cada día morirán más personas por inanición provocada por la pandemia que por la propia enfermedad.
Seis organizaciones feministas y por los derechos sociales han puesto en marcha una campaña para exigir responsabilidades y destituciones en los servicios públicos de vivienda Etxebide y de empleo Lanbide, ambos del Gobierno Vasco, por negar protección y ayuda a una mujer víctima de violencia machista y con discapacidad del 57%. e ignorar las recomendaciones al respecto emitidas por el Defensor del Pueblo-Ararteko.
Mientras los anuncios sobre alarmas y sobre okupas abarcan minutos y minutos en los medios, mientras los presentadores más famosos dedican buena arte de sus programas a hablar sobre esto, la realidad es que en España hay 3,5 millones de viviendas vacías y que Prosegur está vinculada en su origen a los episodios más oscuros de las represiones autoritarias de España y Argentina. Pero eso es muy probable que los medios no lo cuenten, aunque Helena Revoredo ya no sea vocal del Consejo de Administración de Mediaset España.
David Graeber era un antropólogo en Yale, y que había sido puesto de patitas en la calle, (2005) supuestamente por su actitud radical. El antropólogo participó en la contracumbre de Seattle (1999), en el movimiento de Occupy Wall Street (2011) y en otras movidas similares. En fin, que allí estábamos un grupo de estudiantes y yo escuchando a David.
Hace tan solo unos días Martín Villa ha comparecido ante la jueza argentina Servini. Estaba imputado en el marco de los crímenes de lesa humanidad del franquismo y su lista de cargos ponía los pelos de punta: matanza del 3 de marzo, en Gasteiz; asesinatos durante la II Semana pro-amnistía en el País Vasco; barbarie policial en los Sanfermines de 1978; semana negra madrileña… Tan solo dos días antes de la comparecencia, se hizo público el apoyo al exministro de distintas personalidades, encabezadas por cuatro expresidentes del gobierno (González, Aznar, Zapatero y Rajoy), quienes han afirmado las virtudes democráticas de Martín Villa, ése que aún comparte con Hitler, Himmler, Mussolini, Mohamed V, Saud de Arabia…, la Gran Cruz de la Orden Imperial del Yugo y las Flechas instituida por Franco.
Si la opción hubiera sido una Renta Básica Universal e Incondicional y no un subsidio condicionado sobraría gran parte del aparato burocrático. Quienes más lo necesitan hubieran podido cobrarla desde el primer día. Y quienes no la necesitamos devolveríamos lo recibido en nuestra próxima Declaración de la Renta. Esto no es una quimera sino algo económica y técnicamente factible. Otra cosa es la voluntad política. Que, a día de hoy, no existe. Con el resultado dramático que vemos.
Desde hace tiempo se está evidenciando la distorsión que el capitalismo introduce en el conocimiento científico y en especial a la llamada «medicina basada en la evidencia» . Poderosos intereses económicos deciden qué se investiga, qué se fabrica y qué no, privando a la humanidad de avances que su propio desarrollo podría ofrecerles. La determinación ejercida por el objetivo prioritario del lucro empresarial, que se paga con millones de muertes prematuras y enfermedades evitables, afecta decisivamente a la producción de medicamentos.
El movimiento de pensionistas considera al nuevo gobierno de la CAV; «más de lo mismo». El programa presentado por el viejo- nuevo lehendakari Urkullu, en el pleno del parlamento de Gasteiz el jueves, donde fue reelegido, ofrece pocas variaciones con respecto al pasado. Da la impresión que el mayor problema en las negociaciones entre ambos partidos ha estado en que Idoia Mendia tenga un lugar como vicelehendakari, que Urkullu y el PNV lo han saldado con la creación de dos vicelehendakaris, uno o una del PNV con un peso y protagonismo mayor, e Idoia Mendia, secretaria general del PSE.
Es evidente que solo el anuncio del estudio de la fusión por ambas entidades va a acelerar operaciones similares entre el resto de los bancos que operan en el Estado español, lo que nos va a llevar a la tan deseada por algunos, concentración bancaria. Una concentración que de facto va a suponer la creación de un oligopolio bancario que va a controlar, en perjuicio claro de la ciudadanía, las condiciones y servicios financieros de todo el País. Servicios precarizados y recortados bastante ya para amplias capas de la población, bien por la incipiente digitalización, bien por la desbancarización de lo que denominamos “España vaciada”.
El próximo lunes 7 de septiembre, en tres capitales y unos 70 pueblos de las cuatro provincias de Hego Euskal Herria, se reincorporarán a las concentraciones y movilizaciones tradicionales de los lunes. A las que en las próximas dos semanas se sumarán Gasteiz y algunos otros pueblos.
El miedo y la prevención ante los nuevos rebrotes del covid-19 harán, indudablemente, que la asistencia y participación de pensionistas en las concentraciones se vea limitada y no sea tan grande. Asimismo, se seguirá acudiendo a las mismas condiciones de los últimos meses, con mascarillas y guardando las medidas de prevención y distancia de seguridad sanitaria.
Representantes de distintas asociaciones memorialistas se han concentrado frente al Palacio de Justicia de Pamplona para rechazar la “política de impunidad” sobre los crímenes del franquismo y para pedir el procesamiento del exministro Rodolfo Martín Villa, que este jueves declara en Madrid ante la juez argentina María Servini, encargada de la llamada ‘querella argentina’, en la que se agrupan distintas querellas por hechos cometidos durante el franquismo.
Se trata de misivas de apoyo de los expresidentes Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, de los exsecretarios generales de UGT y CCOO Nicolás Redondo, Cándido Méndez, Antonio Gutiérrez y José María Fidalgo, y del exministro y hoy vicepresidente de la Comisión Europea como Alto Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad Josep Borrell entre otros.
CGT ha querido dejar claro que la lucha sindical que desde hace muchos años se lleva desarrollando en este servicio público no es conocida ni mucho menos “comprendida” por la extrema derecha, a la que acusa de aprovecharse de esta situación para obtener un rédito político con su discurso xenófobo y racista.
La abstención ha sido la ganadora de las elecciones políticas vascas y gallegas del pasado 12 de julio de 2020. Para la clase política, aunque dicen lo contrario con la boca pequeña y de forma cínicamente paradójica, este hecho constatado no tiene importancia, ya que, en su análisis, la abstención no se presenta a las elecciones; la abstención no representa a nadie, no hay uniformidad en las personas que se abstienen, son muchos los motivos y circunstancias por lo que lo hacen.
Cómo es posible que en servicios a la ciudadanía tan esenciales como la sanidad y la educación se den tantos casos de presencia de empresas privadas gestionando importantes tareas de hospitales y centros de enseñanza públicos, habremos de concluir que a lo largo de los últimos cuarenta años se han tenido que ir modificando las normas legales que antes impedían la presencia de subcontratas en el ámbito de la administración pública y la limitaban enormemente en el sector privado.
Medio millón de personas se encuentran actualmente en una situación límite. Con la prestación de desempleo agotada durante la pandemia, actualmente no perciben ningún tipo de ayuda. El Gobierno demora durante meses cualquier tipo de prestación y aún no es capaz de establecer fecha de solución.
Tragsa, empresa pública encargada de la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV), comunicó a sus trabajadores que debían catalogar los informes de tal forma que ninguno apareciera como «conforme». Una trabajadora a la que despidieron tras negarse a ello cuenta cómo desde el primer momento la falta de información y las órdenes de sus superiores dejaban entrever que buscaban retrasar lo máximo posible la tramitación del Ingreso.
En varias visitas realizadas estas últimas semanas a las obras del corredor navarro del TAV, AHT Gelditu! ha comprobado que dos de los cuatro subtramos que se encontraban en obras han sido paralizados. Más en concreto, los subtramos donde actualmente no se registran obras son el Olite-Tafalla de 7,6 km. y el Tafalla-Tafalla de 7 km. En ninguno de los dos hay maquinas ni obreros trabajando.
Los efectos sanitarios de la pandemia de coronavirus que elevaron sobre manera el número de fallecimientos –en especial en el colectivo de personas de mayor edad–, han llegado también al sistema de pensiones hasta el punto de que el número de pensionistas en Euskal Herria, por primera vez, se ha reducido desde el inicio de año. A 1 de enero de este 2020, la Comunidad Autónoma Vasca contaba con 561.789 pensionistas, cifra que a 1 de agosto había quedado en 560.819. Por su parte en Nafarroa, los 137.642 perceptores de una pensión en enero eran 137.592 este mes, según los últimos datos de la Seguridad Social.
Con la Conferencia titulada: “España puede. Recuperación, transformación y resiliencia”, junto a empresarios de la CEOE y sindicatos, que se celebrará el lunes 31 de agosto, Pedro Sánchez pretende un nuevo pacto de Estado para gestionar la crisis, y, además, evitar el conflicto social en un otoño que se anuncia muy complicado. El 2 de septiembre arranca con la ronda con los partidos políticos parlamentarios en La Moncloa, para tratar de negociar la aprobación de los futuros presupuestos.
El pasado 5 de agosto, la primera gran batalla contra el cierre de la planta de Nissan en Barcelona alcanzó un receso. La dirección de la empresa y las administraciones – Generalitat y Gobierno central – habían puesto sobre la mesa una propuesta que los sindicatos, esta vez sí, estaban dispuestos a aceptar. El cierre se retrasa un año, hasta diciembre de 2021, en un periodo en el que si bien no habrá despidos, sí que habrán pérdidas de puestos de trabajo en forma de una prejubilaciones con unas condiciones por encima de lo que marca la ley. Las indemnizaciones se elevan hasta 60 días por año trabajado sin límite de mensualidades y los mayores de 50 se podrán acoger a diversas modalidades de jubilación, de forma que garantizan su futuro.
No es por casualidad que en los múltiples rifirrafes acaecidos entre los países del Norte y los del Sur, previos a los acuerdos del Consejo Europeo, el halcón de los primeros (me niego a llamarles “frugales”), el líder holandés, se refirió a las reformas que debería acometer España, citando expresamente la laboral y la de las pensiones. Son palabras que los optimistas y pro europeos no deberían echar en saco roto. En los ajustes practicados durante los mal llamados rescates de la crisis anterior el tema de las pensiones ha estado siempre presente.
Las generaciones de jóvenes que entran en el mercado de trabajo (empleos asalariados), a partir de la última década de los 90 del siglo XX, se encuentran con modelos jurídico normativos diferenciados en cuanto a su capacidad “contractual” de tener condiciones dignas en sus contratos, como en sus condiciones concretas de trabajo (salarios, jornadas de trabajo, derechos). Sus empleos, a pesar de su capacitación (formación), son absolutamente prescindibles y su movilidad necesariamente funcional a los sistemas productivos y de servicios basados en la demanda (consumos).
El Sector de Mar y Puertos de la Confederación General del Trabajo (CGT) ha logrado arrancar, en una reunión urgente celebrada este martes con la dirección de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (Sasemar) y sindicatos, el compromiso de reforzar inmediatamente los medios que ya están operando en el archipiélago canario, ante el aumento de llegadas de personas migrantes en las últimas semanas y que mantiene a las tripulaciones en un ritmo de trabajo inasumible por una flota ya mermada desde hace años.
Después de 10 años, la Querella Argentina se ha convertido en uno de los instrumentos más eficaces de denuncia y de lucha contra las políticas de impunidad del Estado español que niegan el derecho a la tutela judicial efectiva a estas personas. Las políticas de impunidad son la falta de investigación judicial de los crímenes aberrantes que se cometieron durante la dictadura franquista y en la utilización de un discurso oficial de olvido, amnesia y perdón a los criminales franquistas.
Como sabéis, debido a las limitaciones provocadas en los últimos días por la pandemia en Euskal Herria, hemos tenido que reducir las actividades de la Caravana Europea 2020 en Bilbao a los dias 29 y 30 de agosto.
Durante estos días denunciaremos la situación que miles de personas migrantes y refugiadas sufren en las fronteras, especialmente en los Balcanes, así como la guerra y su industria de fabricantes y comerciantes. También exigiremos el derecho de Regularización.
En lo que va de año, 127 personas han perdido la vida en su intento de llegar a Canarias en patera. La semana pasada, en tan solo dos días, Salvamento Marítimo recogió 20 cadáveres de las aguas próximas a las islas. En el mar de Alborán, este domingo once personas desaparecieron tras el naufragio de una embarcación con cuatro supervivientes. Aunque las llegadas totales a España han bajado con respecto a años anteriores, el aumento del flujo migratorio ligado al verano y la reactivación de la ruta canaria, más peligrosa, está impactando en los trabajadores del organismo de rescate, que exigen al Ministerio de Fomento el refuerzo de sus tripulaciones. «Estamos desesperados: no podemos seguir así», clama Ismael Furió, secretario de CGT Salvamento Marítimo.