No hay día sin que recibamos datos de una realidad social cada vez más alejada de ese discurso autocomplaciente que, lanzado desde los medios de comunicación, incide en las bonanzas del sistema en su capacidad de autorregulación. Desplegando un interesado repaso por los escenarios históricos donde el sistema logra mantenerse e incluso crece, en tanto obvian o muestran, en segundo o tercer plano, los datos de los estamentos económicos indicadores de un panorama transformado en vórtice con una potente espiral autodestructiva.

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Yolanda Díaz, las patronales CEOE y CEPYME y los sindicatos CC.OO. y UGT han celebrado ayer la primera reunión para la «modernización del trabajo» en la mesa del «Pacto Social», que dicen tiene como uno de sus objetivos principales la derogación de la Reforma Laboral. Mientras las patronales han vuelto de nuevo a rechazar esta propuesta y se verán de nuevo el 30 de Mayo.

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El empleo no se ha distribuido en la misma proporción que el trabajo con malas condiciones. ¿Cuántas migrantes conocen ustedes que sean funcionarias, administrativas en las grandes empresas, dependientas en los grandes almacenes? Podemos decir que les hemos dado el trabajo y nos hemos quedado con el empleo.

Las migrantes nos quitan el trabajo, afirman personajes políticos interesados en que veamos a las personas migradas como enemigas. Y hay quienes, teniendo a sus progenitores cuidados por mujeres migradas, se hacen eco también de esta cantinela. Sorprendente. Y, más aún, que sea precisamente quienes así piensan los que dicen que quien no trabaja es porque no quiere. ¿En qué quedamos?

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En la tarde de ayer, 11 de marzo, el Congreso aprobó la derogación de las penas de cárcel para los piquetes en las huelgas, establecidas en el artículo 315.3 del Código Penal. El texto pasará ahora al Senado para su tramitación y previsiblemente entrará en vigor en mayo. La reforma de este artículo también contempla la revisión de sentencias firmes dictadas al respecto.

La derogación en el Congreso fue pactada en el acuerdo de coalición con Unidas Podemos y ha salido adelante con el apoyo de ERC, EH Bildu, Junts per Catalunya, PDeCAT, CUP, Más País-Equo, BNG, Compromís, Teruel Existe y Nueva Canarias, superando la mayoría absoluta necesaria para modificar una ley orgánica, que se sitúa en 176 escaños. 

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Las empresas vascas reclama  mantener el derecho a poder despedir libremente, demandan  poder transformar  los actuales ERTE en ERE con despidos de parte de los trabajadores de plantilla para poder asegurar la supervivencia de la propia empresa. Mientras el RDL 8/2020 incluía la obligación del mantenimiento del empleo a las empresas que se acogieran a sus beneficios y el posterior RDL9/2020 insistía en la prohibición.

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Ahora vuelve a aparecer el mismo discurso en la clase empresarial y en la política: hay que recuperar la economía (aquí en términos patrios solo tenemos una economía, la de servicios) y dicha recuperación parece se asienta sobre las mismas “patologías”: la precariedad, la temporalidad y parcialidad de los contratos, que afectan sobre todo a las mujeres y a los jóvenes, el trabajo gratuito (millones de horas extras sin remunerar ni pagar los impuestos) y ayudas directas al empresariado.

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Desde la CGT han mostrado su satisfacción ante esta resolución que obliga a la multinacional a devolver las prestaciones y bonificaciones en la cotizaciones de estas personas trabajadoras, a ingresar al SEPE las cantidades percibidas por las plantillas y, lo más importante para este sindicato, revoca los efectos de dicho ERTE conservando el derecho al salario correspondiente al período de regulación de empleo

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