Confederación General del Trabajo – Lanaren Konfederakunde Nagusia
Mientras los salarios se estancan, los alquileres baten récords, los jóvenes no pueden emanciparse, las familias son expulsadas de sus barrios y los trabajadores y las trabajadoras tienen que dedicar más de la mitad de su sueldo a pagar un techo.
¿Quién gana con este modelo? ¿Qué responsabilidad tienen los gobiernos? ¿Qué soluciones existen frente a una situación que afecta ya a millones de personas?
Participan compañeras/os de las siguientes organizaciones:
Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, CGT Alcázar de San Juan, CGT Tenerife, CGT Soria, Algorace, Ecologistas en Acción, Sindicat de Llogateres de Catalunya, LAB, CGT Enseñanza Madrid, Libertarias, CGT Enseñanza Aragón, Solidaridad Obrera, Union syndicale Solidaires
Los días 28 y 29 de noviembre se celebrará el I Congreso Internacional “Trabajo y sindicalismo del siglo XXI”, organizado por la Facultad de Relaciones Laborales y Trabajo Social de UPV/EHU y GEZKI (Instituto de Derecho Cooperativo y Economía Social de la UPV/EHU) junto con las fundaciones de los sindicatos ELA, LAB, CGT, CIG e Intersindical.
Primero trascendió que el PSOE votaría en contra de la iniciativa promovida por los movimientos de vivienda al considerar que “choca frontalmente” con la del Gobierno y con las competencias de las Comunidades Autónomas. Pero también Unidas Podemos ha quitado su firma de la proposición de ley.
El acuerdo alcanzado a toda prisa sobre la futura ley de vivienda para dar vía libre a los Presupuestos para 2022 implica un aldabonazo de Unidas Podemos a las políticas social liberales del PSOE en materia de vivienda. No hace ningún ataque a los sacrosantos derechos de propiedad de los grandes tenedores para poder atender la demanda social de vivienda digna a bajo coste.
El próximo jueves 30 de septiembre entidades y organizaciones sociales entre las cueles se encuentra CGT, registramos en el Congreso de los Diputados la Ley de Garantía del Derecho a la Vivienda con el apoyo de los siguientes ocho partidos: Unidas Podemos, Más País, Bildu, Esquerra Republicana de Cataluña, CUP, Compromís, Benegá y Coalición Canaria.
Mientras el Gobierno se sigue escudando en unas políticas neoliberales de extrema protección al capital y dejando a la gente atrás, somos los movimientos sociales los únicos actores que trabajamos para revertir la situación. No solo parando desahucios en puerta, asesorando o logrando soluciones a base de negociación directa, también elaborando la única ley pensada para garantizar realmente el derecho a la vivienda.
En una rueda de prensa ofrecida frente a la Basílica de Begoña, el Sindicato de Inquilinas de Bilbo y Carlos Aguiriano han anunciado que un juez ha fallado a favor de la Diócesis de la capital vizcaina y ha dado luz verde para proceder al desahucio de Aguiriano, vecino de 61 años del barrio de Begoña que sufre esclerosis múltiple.
El derecho a la vivienda está consagrado por la carta de derechos humanos y también por la Constitución Española de 1978. En su Artículo 47 dice: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho…”. Sin embargo no parece que este derecho pueda ser ejercido por una parte de la población que carece de este bien imprescindible humanamente hablando.
Las noticias conocidas a través de los medios del borrador de una nueva ‘ley de alquileres’ son muy alarmantes. Parece que se pretende resolver el tema del alto precio de los alquileres de viviendas a través de aumentar las ya existentes generosas exenciones fiscales a los propietarios, estableciendo que aquellos que disminuyan los alquileres que cobran por sus viviendas disfrutarán de importantes reducciones en la fiscalidad correspondiente a tales ingresos.
Tras 42 años de absoluta vulneración de este derecho humano, debemos remarcar que la nueva Ley será papel mojado si no protege y garantiza de manera efectiva el Derecho en todo el territorio. No dejaremos escapar la oportunidad que brinda la elaboración de la primera ley estatal en la materia para conseguir un avance histórico en la cobertura de este derecho fundamental.
La Confederación General del Trabajo (CGT) ha participado en la firma del manifiesto que impulsará una campaña estatal que persigue revertir el modelo de vivienda actual frente a la crisis habitacional que se padece en el Estado español.
La firma del manifiesto, consensuado por más de 72 colectivos y organizaciones, ha tenido lugar en el Congreso de los Diputados
Cientos de personas se han manifestado por barrio de San Francisco, contra el desahucio de Judith, del Sindicato de Vivienda AZET, una mujer de 24 años que está embarazada de 8 meses y medio, que durante el confinamiento, se quedó sin trabajo ni ingresos, por lo que no pudo pagar el alquiler y acabó quedándose en la calle. En esa desesperada situación, entró en una casa vacía, propiedad de Viviendas Municipales de Bilbao, en la que vive desde hace unos meses.
La Vicepresidencia de Derechos Sociales y el Ministerio de Transportes cierran el acuerdo para prohibir todos los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional durante el estado de alarma. Las compensaciones a grandes tenedores de vivienda solo se abonarán en el supuesto de que el arrendador pueda demostrar perjuicio económico.
Después de la manifestación de este pasado sábado, que de un día para otro sacaba a las calles del centro de Barcelona a más de 4.000 personas, ayer más de 40 colectivos de vivienda de toda Catalunya (PAHs, sindicatos y colectivos de diferentes barrios, sindicat de llogateres, etc) han realizado una rueda de prensa para exigir la suspensión inmediata de todos los desahucios, así como la suspensión en el pago de alquileres e hipotecas.
El informe del Observatorio de Emancipación Juvenil concluye que los menores de 34 años tendrían que cobrar el doble para poderse permitir hacer frente al pago de la compra de una vivienda, es decir: pasar de los 961,03 euros de media que se cobran actualmente a cobrar 1.935,57 euros al mes, según los datos del segundo semestre de 2019.
Reclaman unas condiciones socioeconómicas dignas, basadas en un empleo de calidad, unas políticas de juventud transversales que cuenten con profesionales de juventud y aseguren la participación y la voz de las personas jóvenes en los espacios de toma de decisiones, fortaleciendo el ocio, el tiempo libre y el tejido asociativo juvenil.
Las ayudas vascas al alquiler en el mercado libre, a pagar préstamos I.C.O., y a la emergencia habitacional, recogidas en el BOPV de este 5 de mayo, son escasas, insuficientes con los actuales precios de alquiler, difíciles o imposibles de conseguir, y muy lejos de las aprobadas en el estado.
Stop Desahucios de Euskadi valora positivamente la suspensión de los desahucios durante seis meses, para hogares vulnerables afectados por el coronavirus, y la prorroga automática de los contratos de alquiler durante el mismo tiempo. Pero les parece inaceptable que en lugar de condonar las rentas de bancos, fondos buitre, y grandes inmobiliarias del alquiler, como es el caso de las 320 viviendas de azora en donostia, se les permita decidir entre una quita del 50% o el pago aplazado de la deuda y es un escándalo que se les pueda pagar el alquiler con dinero público si al final los inquilinos no pueden hacerlo.
STOP DESAHUCIOS DE EUSKADI valora positivamente que todas aquellas personas que se hayan quedado en paro, que interpretamos son los que han perdido su empleo, al margen de que cobren prestación o no, o que acrediten agravamiento de su vulnerabilidad como consecuencia del coronavirus, puedan solicitar, online o por teléfono, la exoneración de las cuotas de alquiler y gastos de comunidad correspondientes a los meses de abril y mayo, con posible prórroga a junio.
Vivimos circunstancias extraordinarias que exigen a las administraciones públicas enfrentar la actual crisis de salud pública y amparar a los colectivos más vulnerables de la sociedad.
Especialmente a los que están viviendo de alquiler, dedican más del 40% de sus ingresos a gastos de vivienda, y viven amenazados por el riesgo de desahucio.
El suicidio hoy lunes de Alicia, mujer de 65 años, cuando la comitiva judicial iba a desahuciarla por impagos de alquiler en Madrid hemos de denunciar públicamente la vulneración sistemática y flagrante de los derechos humanos en el estado español, y mas concretamente del DICTAMEN DE NACIONES UNIDAS DE JULIO 2017 que considera una violación grave del derecho fundamental a la vivienda cualquier desalojo forzoso de personas vulnerables sin que previamente se garantice una alternativa habitacional adecuada.
Ya estamos hartxs de denunciar casos en los cuales los juzgados no detectan los casos vulnerables en los procedimientos por desahucios, en los que no se solicita de los servicios sociales de los ayuntamientos el informe y la alternativa habitacional correspondiente, y en los que se decreta el desahucio sin miramientos, en muchos casos con personas mayores, como es el caso, y de menores involucrados.
Los y las integrantes de la Red Besetzen lanzaron desde las 14hs una campaña de okupaciones con el objetivo de visibilizar el problema de la gentrificación en la ciudad. En total fueron 9 okupaciones cuyo seguimiento se realizó desde la página de twitter de la red (@besetzenberlin), en donde se puede encontrar lo referido a la acción en tiempo real.
DOS JUZGADOS, DE GASTEIZ Y DONOSTIA, HAN ESTIMADO LAS DEMANDAS INTERPUESTAS POR OLGA (ALAVA) Y MARIAN (GIPUZKOA), PERSONAS QUE PERDIERON SU VIVIENDA ANTES DEL AÑO 2013, CUANDO LA LEGISLACION ESPAÑOLA NO CONTEMPLABA LA POSIBILIDAD DE OPONER CLAUSULAS ABUSIVAS, Y QUE ARRASTRAN DEUDAS DE POR VIDA.
EN AMBOS CASOS, LOS JUECES DECLARAN ABUSIVAS VARIAS DE LAS CLAUSULAS INSERTAS EN SUS PRÉSTAMOS, CLAUSULAS CUYA ABUSIVIDAD NO SE PUDO VER EN EL MOMENTO DE LA EJECUCIÓN Y FRENTE A LAS QUE NO SE PUDIERON OPONER.
2017 ha dejado un balance más que negativo en lo que se refiere a familias desahuciadas en Euskadi, que en el total de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa las familias desahuciadas han sido 877.
Se confirma de este modo el incremento explosivo de los desahucios por la aplicación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), por “impagos de alquiler y rescisión de contratos”. El motivo principal, según Kaleratzeak Stop Araba, el aumento de la especulación, la pobreza y los bajos salarios.
Aunque no se tengan las cifras exactas del año 2016, queda claro que ha habido un aumento, ya que las cifras del último trimestre de 2017 son un 34,6% superiores a las del 2016 en el conjunto de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa.
En Euskadi hay una emergencia habitacional y social que requiere una respuesta urgente. Hay más de 40.000 inscritos en Etxebide en demanda de una vivienda de alquiler, otros muchos no inscritos, cansados de esperar durante años, o dados de baja mediante edictos y sin comunicación, miles viviendo hacinadas, o en viviendas que no son dignas.
La edad de emancipación de los jóvenes es la más tardía de Europa. Más de 50.000 personas están dependiendo de la caridad. Cada día vemos más personas con dificultades para acceder a una vivienda, y más hogares que no pueden hacer frente a los gastos de vivienda y suministros básicos.
Convocada por STOP DESAHUCIOS EUSKADI (Kaleratzerik Ez!) esta concentración tiene por objetivo denunciar la privatización de la vivienda pública, el incumplimiento de la Ley de Vivienda, el incumplimiento de los acuerdos del Parlamento Vasco sobre vivienda, y unos presupuestos que recortan prestaciones sociales y desatienden la vivienda como derecho fundamental de las personas.
Ante la última medida hecha pública por del GOBIERNO VASCO (G.V.) de vender mil viviendas VPO a bancos y fondos de inversión a cambio de que estas las cedan en alquiler por 600 euros mes durante 50 años. En lugar de dedicar esas viviendas VPO al alquiler social, y en lugar de exigir a los bancos, a los que hemos rescatado con dinero público, que pongan sus viviendas vacías a disposición de las necesidades sociales, el G.V. quiere contribuir al negocio de quienes han desahuciado a miles de familias y siguen robando mediante todo tipo de cláusulas abusivas.
Un nueve de noviembre de hace cinco años AMAIA EGAÑA, vecina de Barakaldo, se suicidaba cuando iba a ser desahuciada. Más de veinte mil personas salieron a la calle denunciando los recortes sociales y la vulneración del derecho fundamental a una vivienda.
Desde entonces muchas cosas han cambiado. Ese mismo año, las PLATAFORMAS ANTIDESAHUCIOS recogían un millón y medio de firmas en todo el estado, ochenta mil en Euskadi, en apoyo de una INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR que cambiase de raíz la legislación que estaba amparando que miles de familias perdieran su vivienda habitual y arrastraran deudas impagables de por vida.
En la reunión celebrada el pasado 11 de octubre por las alegaciones presentadas al Proyecto de Decreto que regula el Derecho subjetivo al acceso de la ocupación de una vivienda o la Prestación Económica de Vivienda (PEV) y en espera de la contestación oficial las plataformas han realizado la siguiente valoración pública:
Con carácter general han venido a decirnos que no tienen margen de maniobra porque es el PNV el que decide el presupuesto.
Dicen que las 12.000 viviendas de gestión pública actuales (incluyendo BIZIGUNE) están ocupadas, y no hay más viviendas, ni para responder al DERECHO SUBJETIVO, que en 2018 demandará 5.000 viviendas, ni por supuesto a los 50.000 inscritos en ETXEBIDE como demandantes de una vivienda de alquiler.
La plataforma KALERATZEAK STOP DESAHUICIOS con esta concentración ha denunciado que se está vaciando de contenido la Ley de Vivienda vasca, ya que se pretende sustituir el derecho subjetivo a una vivienda por una prestación de 250 euros. La plataforma ha presentado sus propuestas al PROYECTO DE DECRETO presentado por el CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y VIVIENDA.
El plazo de Audiencia Pública era hasta el 29 de septiembre y el GV ha extendido este plazo, a petición nuestra, hasta el 8 de octubre, que consideramos insuficiente para garantizar la participación ciudadana.
Errekaleor es una antigua zona obrera de Gasteiz que lleva okupada desde hace tres años y es el mayor barrio recuperado del Estado. Su censo no oficial dice que allí viven alrededor de 150 personas. En el 2002 el exalcalde y ex ministro de Sanidad del PP, Alfonso Alonso, ahora portavoz de los populares en el Parlamento Vasco estaba al frente del ayuntamiento, quiso reubicar a cerca de 200 familias en otras partes de la ciudad y levantar en su lugar una moderna urbanización. Por entonces, en plena burbuja inmobiliaria, su plan cazaba a la perfección con los deseos de las insaciables empresas constructoras.
Una década después, la muerte del ladrillazo supuso la caída en desgracia de ese proyecto. Sin embargo, los planes para tirar abajo las viviendas continuaron. Un grupo de aproximadamente 20 vecinos resistió durante un buen tiempo –incluso hubo denuncias de mobbing inmobiliario contra el ayuntamiento-, pero al final acabaron realojados en otros puntos de Gasteiz.
